El cofundador del partido ecologista Alianza Verde, y alma mater de la Ley de Cambio Climática que fuera aprobada en la legislatura pasada (primera Ley de Cambio Climático aprobada en España), ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mantener este impuesto de forma permanente es una exigencia de mínimos para cualquier gobierno que se defina como progresista". Las seis mayores compañías energéticas de España (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) más de 25.000 millones de euros de beneficio neto (el impuesto del 1,2%, además, no es aplicable a todas las compañías energéticas, sino solo a aquellas que cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros). Repsol, por ejemplo declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019. El mantenimiento del impuesto del 1,2% es "un deber ético -ha dicho Uralde- cuando estamos en medio de una emergencia climática". López de Uralde ha recordado por otro lado las palabras enunciadas por el propio presidente del gobierno en la última Cumbre Mundial del Clima, la CoP29, que fue clausurada hace solo unos días en Bakú, Azerbaiyán, donde Sánchez dijo que "el cambio climático mata".
"El cambio climático mata, efectivamente -ha corroborado Uralde-. Por tanto, no podemos perdonar a quienes lo causan" (en referencia a las compañías energéticas que operan con combustibles fósiles. "La industria fósil es responsable de las emisiones de efecto invernadero que provocan la crisis climática, y, en consecuencia, deben contribuir con parte de sus beneficios para que el Estado pueda hacer frente a esta emergencia, que debe ser nuestra prioridad".
Por ello, López de Uralde insiste en que "es necesario que desde el Gobierno y el PSOE rectifiquen su estrategia negociadora, ya que, con los votos de las derechas (en este caso, de las derechas nacionalistas catalana y vasca), sólo pueden hacerse políticas de derechas. Y satisfacer los intereses de Repsol no es compatible con las medidas que son necesarias para hacer políticas de justicia social y climática".
Energías Renovables reproduce íntegramente a continuación la carta que el coordinador federal del partido ecologista Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha enviado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Estimado Sr. Presidente,
Me dirijo a usted en mi calidad de coordinador federal de Alianza Verde. Durante las últimas semanas estamos asistiendo al pulso que ya desde hace mucho tiempo han iniciado las grandes empresas del oligopolio energético contra el anterior gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos, tras el impuesto a la banca y a estas compañías energéticas que, con carácter temporal, se aprobó en el año 2022. Aunque el gravamen se aprobó de forma extraordinaria y con carácter, en principio, temporal, los beneficios milmillonarios de las empresas energéticas no justifican una vuelta atrás, en ningún caso, que reduzcan unos ingresos necesarios para hacer frente a la crisis climática a la que estas compañías tanto contribuyen. Como usted sabrá, Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera, y se encuentra, como también sabrá, entre las 50 más contaminantes del mundo.
Nunca resultó sencillo sacar adelante este tipo de medidas, que suponen enfrentarse a los grandes lobbies. Sin embargo, este último año, estamos asistiendo con preocupación, a la parálisis del gobierno de coalición frente a las presiones de Junts y el PNV, que responden a los intereses de una compañía muy concreta, Repsol.
Las principales compañías energéticas españolas -Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y Cepsa- ganaron juntas casi 10.500 millones de euros de beneficio neto. El importe neto de la cifra de negocio de Repsol (empresa que fue pública hasta 1997) ha rondado los 70.000 millones de euros en 2022 y 2023. La petrolera ha cerrado este último curso, 2023, con más de 3.000 millones de euros de "beneficio neto" y ha incrementado las retribuciones a sus accionistas (el dividendo) en un 30% (el dato es de la propia Repsol). La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019.
Mantener este impuesto de forma permanente es una exigencia de mínimos para cualquier gobierno que se defina como progresista, y podríamos añadir que se debe tratar de un deber ético cuando estamos en medio de una emergencia climática que usted mismo ha puesto en el centro de la agenda en la pasada CoP29 de Bakú.
El cambio climático mata, efectivamente. Por tanto, no podemos perdonar a quienes lo causan. La industria fósil es responsable de las emisiones de efecto invernadero que provocan la crisis climática, y, en consecuencia, deben contribuir con parte de sus beneficios para que el Estado pueda hacer frente a esta emergencia, que debe ser nuestra prioridad.
Desde Alianza Verde, junto a nuestras compañeras y compañeros de Podemos, hemos reiterado nuestra exigencia no sólo para mantener este impuesto, sino para aumentarlo y hacerlo permanente.
Creemos que es necesario que desde el gobierno y el PSOE rectifiquen su estrategia negociadora, ya que con los votos de las derechas (en este caso, de las derechas nacionalistas catalana y vasca), sólo pueden hacerse políticas de derechas. Y satisfacer los intereses de Repsol no es compatible con las medidas que son necesarias para hacer políticas de justicia social y climática.
Creo, de forma sincera, que está a tiempo de revertir esta situación, si por su parte existe una voluntad clara de sacar adelante un acuerdo verdaderamente progresista, que mire las necesidades de la mayoría social, y que anteponga la urgencia que tenemos de hacer frente a la emergencia climática, en lugar de los intereses del lobby del oligopolio energético.
Atentamente,
Juantxo López de Uralde
Coordinador Federal de Alianza Verde
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