El Gobierno (PSOE-Sumar) ha conseguido amarrar todos los votos necesarios para ganar la votación. Lo ha hecho con las promesas de (1) hacer permanente el impuesto a las grandes compañías energéticas en una futura ley o, en el peor de los casos, (2) prorrogando el actual gravamen por decreto ley. Y lo ha hecho (ha amarrado todos los votos necesarios) tras una comisión que el lunes se prolongó durante más de siete horas y días de intensas negociaciones con la duda hasta última hora de si la reforma iba a salir adelante o no. El PSOE acordó primero con la derecha nacionalista catalana (Junts per Catalunya) dejar caer el gravamen de las energéticas el 31 de diciembre. El acuerdo con su socio de investidura de derechas causó un enorme revuelo sin embargo entre sus socios de investidura de izquierdas, por lo que comenzó entonces a negociar con ellos hasta que prometió a ERC, Bildu y BNG aprobar un decreto para prorrogar ese impuesto al menos un año. Podemos sin embargo aguantó el tirón un poco más y, este mismo jueves, le ha arrancado a la dupla PSOE-Sumar el compromiso de crear un impuesto mediante una futura proposición de ley, ley que si se no se pacta antes del 31 de diciembre desembocaría en la vía del decreto.
Impuesto a la banca
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma, de la que dependía un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, es una reconfiguración del gravamen a la banca, impuesto que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.
El gravamen tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Asimismo, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.
El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.
El fraude en los hidrocarburos
La reforma fiscal también incluye medidas para combatir la operativa de las missing traders, empresas que se dedican a la intermediación del negocio de carburantes y se apropian del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras. Esta situación facilita que vendan estos productos por debajo del precio de mercado, suponiendo una pérdida de ingresos para la Hacienda Pública.
Por otro lado, se introduce una mayor fiscalidad al tabaco y a los vapeadores, así como un IVA armonizado a nivel europeo a los arrendamientos de vivienda de corta duración (Airbnb) y la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales.
Además, el Partido Nacionalista Vasco ha logrado que se aprobaran enmiendas para que las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF sean aprobadas por las instituciones competentes del País Vasco, siempre que se cumplan los requisitos se entiendan enmarcadas en el Plan de Recuperación.
Impuesto de Sociedades
Por su parte, el proyecto de ley contempla medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma del Impuesto de Sociedades que ejecutó el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.
Desde el Ministerio de Hacienda actual explican que el objetivo de esta medida es limitar las deducciones de las grandes empresas para aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo.
Sin salir del Impuesto de Sociedades, este se ha reducido para las empresas con una facturación inferior a un millón de euros de manera que la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.
A su vez, se ha incrementado en dos puntos la tributación de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 30%.
Incapacidad permanente
También se ha aprobado una enmienda de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.
A esto se suma una nueva disposición, pactada entre el Gobierno y Junts, para bonificar las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. También se ha aprobado otra disposición sobre rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.
A su vez, la reforma incluye una modificación legal para que los fondos en la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) puedan aplicarse, manteniendo su régimen fiscal, a la rehabilitación de viviendas protegidas que estén destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
Queda fuera el impuesto al diésel
Pero en la reforma fiscal no han entrado todas las medidas que pretendía el Gobierno. Así, no ha conseguido que se introduzca una iniciativa para eliminar la bonificación fiscal al diésel con respecto a la gasolina, que ha sido tumbada con el voto en contra de Podemos, PP, Vox y UPN.
No han prosperado los intentos de PSOE y Sumar para meter nuevas regulaciones en las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios (Socimis).
Tampoco se han aprobado enmiendas socialistas para establecer coeficientes reductores de jubilación para el personal sanitario que trabaje en medios aéreos ni para habilitar modificaciones en los Presupuestos del nuevo impuesto a la banca.
Asimismo, el paquete fiscal finalmente (1) no elimina las exenciones fiscales a los seguros médicos privados (el PNV lo ha impedido); (2) no incluye nuevos impuestos sobre los aviones privados y yates de lujo; (3) y no aprueba un IVA del 21% a los apartamentos turísticos (todas, propuestas de Sumar).
