La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su agradecimiento al conjunto de grupos políticos en el Congreso que han hecho posible la trasposición de la directiva europea que vehicula el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, marco (esa trasposición) que le ha servido al Gobierno para incluir un "paquete fiscal" con diversas otras medidas. Las palabras de agradecimiento de Montero llegaban minutos después de que Podemos anunciara un acuerdo in extremis con el PSOE para impulsar una nueva proposición de ley que regule el impuesto a las energéticas a cambio de su apoyo a la reforma fiscal. Con el sí de Podemos, el Gobierno le ha ganado la partida a PP y Vox por 178 a 171 votos.
Así, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Proyecto de Ley que establece un "impuesto complementario a los grupos multinacionales y a los nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco". La votación ha quedado así: 178 votos a favor y 171 en contra.
El texto aprobado consta de 15 títulos, con 51 artículos, 6 disposiciones transitorias y 6 disposiciones finales; y traspone la Directiva de la Unión Europea 2022/2523, que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen “a un tipo mínimo global del 15%”. Según la normativa europea, “cuando el tipo impositivo efectivo” de estos grupos empresariales “sea inferior al 15%, se recaudará un impuesto adicional”.
La norma permite a los Estados miembros “aplicar un impuesto complementario nacional que grave a las entidades que radiquen en su territorio”.
En el tercer título regula el ámbito subjetivo de aplicación, y especifica que el impuesto complementario “solo se aplica a las entidades radicadas en territorio español” que sean miembros de multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud “cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro períodos impositivos anteriores al inicio del periodo impositivo”.
El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno en junio de 2024, se tramitó por el procedimiento de urgencia y la ponencia informó en noviembre de este año. La Comisión de Hacienda y Función Pública aprobó el pasado martes el dictamen, compuesto por el informe de la ponencia y las enmiendas incorporadas en comisión.
Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, lo que ha sucedido hace unos minutos, el texto, con las modificaciones incorporadas en esta fase, debe ser remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha agradecido a los socios de investidura su capacidad de diálogo para llegar a consensos que permiten "construir un sistema fiscal más justo, más redistributivo, que blinda el Estado del Bienestar y protege a los ciudadanos frente a situaciones catastróficas como la DANA".
El Gobierno (PSOE-Sumar) ha querido aprovechar la trasposición de la directiva europea del tipo mínimo global del 15% para las multinacionales para colocar un polémico "paquete fiscal" que ha suscitado diversas controversias a su izquierda (Podemos, Bloque Nacionalista Galego, ERC, Bildu) y a su derecha (PNV, Junts per Catalunya).
Entre las diversas medidas incluidas en ese paquete, la más discutida, probablemente, ha sido el impuesto (del 1,2%) a las energéticas, impuesto aprobado en el marco de la crisis del gas que se derivó de la invasión rusa de Ucrania y que tenía (y tiene) fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2024.
El impuesto fue instituido a la luz de los beneficios desorbitados que estaban obteniendo las compañías energéticas. Ahora, algunos partidos (Podemos, BNG, ERC, Bildu) querían prorrogar ese impuesto o hacerlo permanente, habida cuenta de que esos beneficios continúan disparados, mientras que otros partidos (PP, Vox, PNV y Junts) no quieren prórroga.
Al final, el Gobierno (PSOE-Sumar) ha sacado del paquete el impuesto a las energéticas, ha logrado recabar votos suficientes para aprobar el tipo mínimo global del 15% a aplicar a las multinacionales y para aprobar así mismo todas las medidas de su "paquete fiscal" y se ha comprometido (con Podemos) a impulsar una nueva proposición de ley que regule el impuesto a las energéticas.
Ese compromiso lo ha alcanzado hoy mismo con la formación morada, que consideraba que esa era una línea roja, porque sostiene que las grandes energéticas siguen obteniendo hoy beneficios extraordinarios (Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han declarado beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros en los 2 últimos años).
El acuerdo con Podemos ha sido negociado en estas últimas horas entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general de los morados, Ione Belarra, que ha criticado el hecho de que el PSOE, en vez de optar por el camino de negociar con la izquierda en el Congreso, se haya decantado por cerrar primero un acuerdo con PNV y Junts.
Efectivamente, el PSOE acordó con los nacionalistas que no prorrogaría el impuesto a las energéticas. Lo hizo tras la amenaza de Junts de no votar a favor del "paquete fiscal" (Repsol y Cepsa habían amenazado previamente con deslocalizar sus inversiones y llevárselas a otros países si el Congreso daba luz verde a la prórroga).
Algunas de las inversiones a las que se referían las petroleras tenían por destino Tarragona, y Repsol tiene así mismo importantes instalaciones en el País Vasco (el consejero delegado de esta última compañía es Josu Jon Imaz, el que fuera presidente del PNV).
El Gobierno (PSOE-Sumar) ha logrado pues sacar adelante no solo la trasposición de la directiva europea (tasa del 15% mínimo a las multinacionales), trasposición de la que además dependían ciertas ayudas que debe recibir España desde Bruselas (ahora sí las recibirá), sino que también ha logrado luz verde para su "paquete fiscal".
Con respecto al impuesto a las energéticas, Belarra ha dicho que Podemos y PSOE-Sumar han acordado "que en España haya impuesto a las grandes energéticas, que era lo que estaba en juego en esta negociación. En los próximos días -ha dicho- se constituirá una comisión negociadora con todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y que, antes del 31 de diciembre, se va a negociar este impuesto y, si no, se prorrogará". Belarra ha añadido que está "satisfecha, después de tantísimas horas de negociación".
Fuentes del partido morado han explicado que tienen el compromiso por escrito del Gobierno de que todos los grupos se van a sentar en la comisión a negociar el contenido de ese gravamen, que será permanente, y que va a salir adelante. Y por su parte Podemos trabajará para que sea lo más ambicioso posible.
El pacto se ha cerrado este mediodía con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y recalcan que éste "nunca les ha traicionado" y que confían en su garantía.
Así, los socios de investidura de Pedro Sánchez salen todos razonablemente satisfechos. Junts y PNV logran paralizar el impuesto (del 1,2%) a las grandes compañías energéticas (de momento). Y Podemos, ERC, BNG y EH Bildu logran el compromiso de PSOE y Sumar de trabajar conjuntamente en una proposición de ley que regule ese impuesto antes del 31 de diciembre, o de prorrogarlo si no hay acuerdo.
Reacciones
La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha criticado las posiciones de "máximos" que algunas formaciones que apoyaron la investidura han mantenido en esta negociación y ha reiterado la necesidad de reformar el sistema fiscal.
Por su parte, Josep Maria Cruset, de Junts per Catalunya, ha destacado que este "paquete fiscal" será en beneficio de los catalanes "por miles de millones de euros" y ha asegurado que su formación "no forma parte de ningún bloque, ni de unos ni de otros".
La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Pilar Vallugera ha celebrado el acuerdo de "prórroga" del impuesto a energéticas y ha considerado que ese acuerdo demuestra que "se acabó el chantaje sistemático de las energéticas hacia los gobernantes".
"No puede mandar el dinero, tiene que mandar la política, porque la soberanía popular está aquí, no en los consejos de administración", ha subrayado Vallugera.
El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha recalcado que "este es sólo un primer paso y así debe entenderse, porque no es razonable que los que menos tienen sigan aportando porcentualmente más que aquellos que viven vidas de lujo".
En este sentido, desde Sumar, Carlos Martín Urriza ha avisado de que su formación no va a renunciar a una reforma fiscal de más largo alcance (algunas de las medidas que proponía su partido han sido tumbadas en Comisión).
Martín se ha referido por ejemplo a un impuesto a grandes herencias para evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas, un impuesto a los bienes de lujo o la eliminación de las exenciones en los seguros médicos privados y en el IVA de la educación privada.
Desde las diversas izquierdas tampoco renuncian a eliminar los beneficios fiscales de las socimis ni a imponer un IVA del 21% al alquiler turístico "para rebajar su rentabilidad y que esas viviendas ubicadas en zonas tensionadas se dediquen a las viviendas permanentes".
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha trasladado su apoyo a este paquete, tras defender el mantenimiento e incremento del impuesto a la banca y del gravamen a las energéticas, el aumento el impuesto de patrimonio y también la conversión en permanente del impuesto a las grandes fortunas.
Enfrente, la derecha (PP y Vox) han trasladado su rechazo al paquete planteado por el Gobierno. El diputado popular Pedro Puy Fraga ha lamentado que lo que debía de ser la trasposición de un impuesto consensuado a nivel internacional, europeo y español, se ha convertido en un "despropósito tributario (...) y en una reforma fiscal".
El impuesto a las energéticas ha reportado un ingreso para el Estado (lo recaudado por el ejercicio 2023) de 1.162 millones de euros. Mientras que solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos).
Resultados 2022 y 2023 de algunas de las compañías obligadas por el impuesto
• Repsol ha declarado 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
• Iberdrola ha declarado 9.139 millones de euros en este bienio
• Endesa ha declarado 3.283 millones de euros en este bienio
• Naturgy ha declarado 3.635 millones de euros en este bienio
• Cepsa ha declarado 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
• EDP ha declarado 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Iberdrola, que es una de las compañías obligada a pagar ese impuesto y que ha declarado en 2023 un beneficio neto de 4.803 M€, anunció el pasado mes de mayo el mayor dividendo de su historia (3.500 M€) y adelantó que espera repartir entre sus accionistas "en torno a 11.000 millones con cargo a los beneficios del trienio 2024-2026".
Repsol, otras de las grandes energéticas obligada, ha cerrado este último curso con más de 3.000 millones de euros de "beneficio neto" y ha incrementado, entre enero y junio del corriente, las retribuciones a sus accionistas (el dividendo) en un 30%, con respecto al mismo período del año 2023 (el dato lo hacía público a finales de julio la propia Repsol).
