La petrolera que conduce el otrora presidente del PNV Josu Jon Imaz, compañía que fue por cierto empresa pública hasta 1997, puso en marcha en el centro industrial de Petronor (Muskiz, Vizcaya), hace ahora precisamente un año, su primer electrolizador. En esa fecha, octubre del 23, anunció además que "proyecta electrolizadores en las inmediaciones de sus cinco grandes centros industriales de España". Pues bien, ahora, solo dos semanas después de que el Ejecutivo Sánchez haya adelantado que mantendrá "de forma permanente" el impuesto del 1,2%, Repsol anuncia su decisión de invertir en Portugal 15 millones de euros en un proyecto similar al de Vizcaya. Según la agencia Europa Press (EP), "fuentes de la compañía" confirmaron ayer su decisión de apostar por Portugal, "un país donde la ampliación del Complejo Industrial de Sines cuenta con todo el respaldo al ser considerado por el Ejecutivo luso como una iniciativa de Potencial Interés Nacional (PIN), una calificación reservada para las inversiones que suponen una contribución significativa a la economía del país". Las mismas fuentes -continúa EP- han recordado que la petrolera "mantiene en stand by" en España el proceso inversor en algunos de sus proyectos industriales "ante la inestabilidad regulatoria y fiscal".
La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca, gravámenes que, según el Gobierno, "siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios".
Esos gravámenes (a ciertas compañías energéticas, solo a las que cuentan con un volumen de negocio por encima de cierta cifra, y aplicables también a la banca) fueron inicialmente aprobados para dos ejercicios (2023 y 2024) y justificados en el impacto que produjo en la ciudadanía la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, crisis que, por el contrario, ha deparado beneficios históricos a, entre otras, la propia Repsol (la guerra estalló en febrero de 2022).
La petrolera presume de ser la compañía más gravada con el impuesto del 1,2% (según los datos que ha facilitado, ha pagado casi 800 millones de euros en estos dos años: 444 millones en 2023, correspondientes a 2022; y 335 millones de euros en 2024, correspondientes a 2023). En total, el Estado ha cobrado en concepto de impuesto del 1,2% correspondiente a 2023 a todas las energéticas a las que aplica un total de 1.164 millones de euros. Una sola compañía de ese sector, Repsol, ha declarado en 2023 un beneficio neto de más de 3.000 millones de euros (más de 7.400 millones de euros de beneficio neto en el último bienio, 2022, 2023).
Más aún: Repsol ha obtenido, en el primer semestre de 2024, un resultado neto de 1.626 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,5% respecto al mismo periodo (el primer semestre) de 2023. Lo contaba la propia compañía el pasado mes de julio tras la junta general de accionistas correspondiente al cierre de ese primer semestre del año. La empresa ha anunciado, también este verano, que ha aumentado "aproximadamente un 30% la remuneración en efectivo a los accionistas en 2024, en cumplimiento de su objetivo de 1.095 millones de euros".
A pesar de la recurrencia de esos buenos resultados, y de esos incrementos sucesivos, en algunos casos más que significativos (+30%), en la remuneración a los accionistas, Repsol lleva ya varios meses amenazando con llevarse sus inversiones a otros países. Hace un año por estas fechas, por ejemplo, ya mostró su intención de dejar "en barbecho" el proceso inversor en algunos de sus proyectos industriales en distintas zonas del territorio español hasta contar con unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad.
Precisamente a finales de octubre de 2023, en un conferencia con analistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya indicó que la compañía contaba con "otras alternativas", como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.
"Vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados", dijo.
Repsol estaría manteniendo así en el aire inversiones para proyectos cercanas a unos 1.500 millones de euros que podrían afectar a proyectos en cartera del grupo en Euskadi, Tarragona (Cataluña) y Cartagena (Murcia). En el caso concreto de Tarragona, Repsol cuenta con un megaproyecto para construir una planta de valorización de residuos por un valor de 750 millones de euros.
También en Tarragona, la energética prevé instalar, dentro de la estrategia de conversión de sus polígonos industriales hacia la descarbonización, el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW), con una inversión de unos 300 millones de euros.
En Cartagena, otro de sus grandes centros industriales en España, prevé la instalación de un electrolizador de 100 MW, con una inversión de unos 200 millones de euros.
A estos proyectos se unirían los previstos por el grupo en Euskadi para impulsar allí una cadena de valor para el hidrógeno, que pasan por una inversión de en torno a 200 millones de euros para poner en marcha un electrolizador de 100 megavatios (MW) en la refinería de Petronor.
Sobre el impuesto
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a banca y energéticas tiene un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explican desde Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
Según explicaba recientemente Hacienda, simultáneamente a la imposición de estos gravámenes, "la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros".
A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles. La petrolera emplea a unas 18.800 personas en toda Europa, pero no precisa el número de empleados en España.
En 2023, último ejercicio cerrado, la administración española ha ayudado a la petrolera en diferentes iniciativas. El Instituto de Crédito Oficial firmó en abril un préstamo de 300 millones de euros "para la evolución de las instalaciones industriales de Repsol en polos multienergéticos". Y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) asignó a Repsol 25 millones de euros "para la construcción de un electrolizador de 30 MW en Puertollano y otro en la antigua central térmica de Meirama (A Coruña)".
Repsol también ha recibido fondos públicos en 2023 desde Bruselas. En julio, el Fondo de Innovación de la Unión Europea destinó 63 millones de euros de financiación al electrolizador de 150 MW de Repsol Tarragona, el mayor de España. Y ese mismo mes de julio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a la petrolera en julio un préstamo de 575 millones de euros "para el desarrollo de proyectos renovables en España, con una capacidad total de 1.100 MW".
Por lo demás, la apuesta de Repsol por los combustibles fósiles sigue siendo inequívoca. La petrolera anunciaba al cierre del primer semestre de este año que ha alcanzado una "producción media de 589.000 barriles equivalentes de petróleo al día entre enero y junio". Y adelantaba que ha avanzado en el desarrollo de "proyectos clave de producción de hidrocarburos que aseguran la competitividad futura en este ámbito y el mantenimiento de una cota en torno a los 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día hasta 2027".
Entre esos proyectos, Repsol destaca el inicio de la fase de preparación para el desarrollo de los descubrimientos Polok y Chinwol, en aguas mexicanas, y el comienzo de los trabajos de ingeniería del proyecto de gas de Sakakemang, en Indonesia. Por otro lado, la compañía que dirige Josu Jon Imaz ha tomado también la "decisión final de inversión" en el proyecto Monument, en aguas estadounidenses del Golfo de México, y ha incrementado su participación en los proyectos Monument, Bobcat y Lucille en esa misma zona.
Respecto a la incorporación de nuevos recursos, en julio Repsol y su socio Eni registraron un significativo descubrimiento en aguas de México en el pozo Yopaat-1, con una estimación preliminar de recursos totales de 300-400 millones de barriles equivalentes, de petróleo y gas.
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