El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido hoy un encuentro con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para tratar de acercar posturas, según han indicado fuentes gubernamentales y parlamentarias. El PSOE anunció hace unos días que contaba con el voto de Junts para aprobar su "paquete fiscal" (la derecha nacionalista ha dado el sí al Ejecutivo a cambio de que retire de ese paquete el impuesto del 1,2% a las energéticas). Pero Podemos (y otros partidos, como el Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu) han dicho que no están dispuestos a pasar por la retirada de ese impuesto, cuando resulta que en el último año -decía hace unas horas Oskar Matute- las grandes compañías energéticas han declarado beneficios por valor de 10.000 millones de euros.
Tras la reunión de la Comisión de Hacienda del pasado lunes, el Gobierno ha logrado seguir con su propuesta a cambio de comprometerse con EH Bildu, Esquerra y el BNG a prorrogar el impuesto, vía decreto, al menos un año. Pero, al mismo tiempo, el PSOE difundía un comunicado en el que venía a anunciar que mantenía su acuerdo con Junts "para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". En los detalles está el diablo y habrá que ver en qué se sustancia concretamente ese "no gravar", a qué empresas energéticas se refiere el comunicado del PSOE y en función de qué (compromisos efectivos de inversión en descarbonización) van a ser liberadas de ese impuesto.
La elección ahora de Bolaños como interlocutor con Podemos no es baladí. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -informa Europa Press- ya trabajó estrechamente con Belarra en la anterior legislatura, cuando ambos fueron compañeros de Gobierno, y ya logró que los morados respaldaran el decreto anticrisis en enero a cambio de una prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta 2028. La coalición de Gobierno (PSOE-Sumar) confía ahora en convencer a los morados de que, al menos, se sitúen en la abstención de cara al Pleno de este jueves, donde el sentido del voto de Podemos es clave.
La compleja aritmética parlamentaria que afronta el Ejecutivo, un posible voto en contra de Podemos, implicaría un empate a 175 votos. Y es que el reglamento de la cámara fija que, en ese caso, se realizarán dos votaciones más para tratar de resolverlo, pero si persiste el empate, la proposición decae.
Podemos ya advirtió ayer al Ejecutivo que "no acepta tomaduras de pelo" con la reforma fiscal y que sus votos solo estarán disponibles si se mantiene el impuesto a las energéticas, dado que "no iba a tragar por el aro" de suprimir este tributo mediante acuerdos con PNV y Junts (el PNV también habría estado en el acuerdo con Junts).
Esta mañana Belarra ha remarcado que su posición es firme. Y ha criticado que por un lado el Gobierno pactara con ERC y Bildu prorrogar el impuesto a las energéticas, mientras que Hacienda emitía inmediatamente después de cerrada la Comisión de Hacienda un comunicado recalcando que su acuerdo con Junts seguía vigente, con el matiz de la bonificación a las empresas que realicen inversiones en descarbonización.
En este contexto, los morados revelaron que el Gobierno les ofreció el mismo acuerdo que a los grupos de izquierda, pero que lo rechazaron al entender que sin garantías de que PNV y Junts lo vayan a apoyar, se queda en una "promesa vacía".
Al respecto, fuentes gubernamentales confían en poder lograr un acuerdo mediante la negociación que permita, al menos, la abstención de Podemos y no creen que los morados tengan la determinación de tumbar medidas fiscales progresivas, como un tipo del 15% a las multinacionales en el Impuesto de Sociedades como marca la directiva europea o el impuesto a la banca.
El Gobierno ha querido aprovechar la transposición de una directiva europea (para la creación de un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales) para incluir en formato "paquete", efectivamente, un montón de otros asuntos: el impuesto susodicho (el impuesto del 1,2) pero también
• una rebaja del Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros;
• un incremento en un punto de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros;
• una modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar con este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb;
• el endurecimiento de la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo;
• la eliminación de la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, etcétera, etcétera, etc.
En fin, todo un cajón de sastre en el que el impuesto susodicho, el del 1,2, que afecta a las grandes energéticas, es uno más de los objetos en cuestión.
En Sumar, que es el socio minoritario de la coalición de Gobierno, señalan -asegura la agencia Europa Press- que este paquete fiscal es importante y que todos los grupos de izquierda quieren que sea más ambicioso, como revelan las enmiendas que siguen vivas de cara al Pleno. Y creen que al final habrá un acuerdo.
Pero, en todo caso, consideran que votar en contra de la reforma fiscal comportaría un coste político que Podemos tendría que asumir. "Sería suicida", apunta un cargo destacado de Sumar que la agencia Europa Press no identifica.
No obstante, otras voces del espacio admiten su incertidumbre sobre la postura que tendrán los morados o la posibilidad de que incluso barajen el no, tratando de golpear al Gobierno en una materia como la fiscal.
Sea como fuere, lo cierto es que los partidos que no quieren el impuesto a las energéticas son PP y Vox (nunca han ocultado esa oposición a ese gravamen) y Junts y el PNV (léase sobre el particular Tres diputados vascos le ponen nombre a las puertas giratorias). Mientras que los partidos que sí se han decantado por prorrogar ese impuesto y convertirlo en permanente son Podemos, BNG, ERC y EH Bildu.
El impuesto a las energéticas ha reportado un ingreso para el Estado (lo recaudado por el ejercicio 2023) de 1.162 millones de euros. Mientras que solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos).
Beneficios netos 2022 y 2023
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido correspondiente al ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (tasa a la banca y tasa a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
A continuación, los accionistas de las principales compañías energéticas que operan en España
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense BlackRock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP (BlackRock) y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
El impuesto 2023 a las energéticas recaudó 1.164 millones de euros y, ahora, PP, Vox, PNV y Junts quieren eliminarlo de cara a futuro. Las seis energéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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