Cepsa ha anunciado que paraliza sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España "debido a la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país y ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas pueda convertirse en un gravamen permanente". Desde Europa Press señalan que la compañía estudia priorizar los proyectos internacionales, y que de mantenerse el impuesto a las energéticas "esto provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países". Según adelanta este viernes el diario 'Expansión', Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente se hace permanente el impuesto. Una deslocalización que anunció también Repsol a principio de semana, que invertirá 15 millones de euros en un proyecto de hidrógeno renovable en el Complejo Industrial de Sines (Portugal) después de conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "hacer permanente" del impuesto a las energéticas y la banca. Un movimiento que estaría en línea con las amenazas ya explicitadas por la compañía dirigida por Josu Jon Imaz de deslocalizarse si el impuesto se mantiene.
El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, y convertir a España en un país exportador de energía sostenible. Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Para producir este vector energético, Cepsa utilizará electricidad renovable y aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce y promover la economía circular. A pesar de esta decisión, las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa "es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030".
La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca, gravámenes que, según el Gobierno, "siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios". Esos gravámenes (a ciertas compañías energéticas, solo a las que cuentan con un volumen de negocio por encima de cierta cifra, y aplicables también a la banca) fueron inicialmente aprobados para dos ejercicios (2023 y 2024) y justificados en el impacto que produjo en la ciudadanía la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, crisis que, por el contrario, ha deparado beneficios históricos a, entre otras, la propia Repsol (la guerra estalló en febrero de 2022).
