PNV y Junts: la llave del impuesto del 1,2% a las energéticas

PSOE y Junts acordaron hace unos días no prorrogar ese impuesto, ante las presiones de Repsol y Cepsa, que han amenazado con llevarse a otros países las inversiones que tenían previstas hacer en España si se instituye como "permanente" el impuesto en cuestión, que nació como "provisional". Pero Esquerra, Bildu, el Bloque y Podemos no han cedido al chantaje y sí quieren prorrogar el impuesto del 1,2% (abajo explicamos en qué consiste exactamente ese impuesto). Anoche, tras 8 horas de reunión, la Comisión de Hacienda aprobaba el dictamen del Proyecto de Ley que incluye este impuesto, pero el enredo es considerable. El Gobierno podría haber convertido en permanente el impuesto en cuestión, que era provisional, de diversas maneras. Pero eligió la fórmula del "paquete fiscal". A saber, grosso modo ha querido aprovechar la transposición de una directiva europea (para la creación de un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales), para incluir en formato "paquete" un montón de otros asuntos: el impuesto susodicho, el impuesto del 1,2, pero también

• una rebaja del Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros;

• un incremento en un punto de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros;

• una modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar con este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb;

• el endurecimiento de la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo;

• la eliminación de la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, etcétera, etcétera, etc.

En fin, todo un cajón de sastre en el que el impuesto susodicho, el del 1,2, que afecta a las grandes energéticas, es uno más de los objetos en cuestión.

El PSOE ha presentado ese "paquete fiscal" y ha ido negociando los votos que necesita. La derecha catalana, Junts, ha presionado para eliminar ese impuesto, porque sostiene que ese impuesto pone en riesgo de deslocalización inversiones que compañías como Repsol preveían en Cataluña (efectivamente Repsol, y Cepsa, han amenazado con llevarse sus inversiones a otros países en el caso de que el Gobierno decidiera convertir en permanente ese impuesto hasta ahora "excepcional"). Junts ha presionado, el PSOE se ha visto "obligado" a retirar el impuesto y los socialistas contaban con que sus socios de Gobierno transigirían habida cuenta del escenario. El planteamiento socialista viene a ser "no logramos hacer permanente esa tasa del 1,2, pero al menos salen adelante otras medidas impositivas progresistas, como incrementar la presión fiscal sobre rentas superiores a 300.000 euros o el gravamen a Airbnb".

¿Qué ha ocurrido, sin embargo?
Pues que los socios tradicionales del Ejecutivo PSOE-Sumar esta vez no han transigido. De hecho, no solo Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos se han negado a eliminar el impuesto, sino que incluso Sumar (al principio dubitativo ante el acuerdo con Junts) al final se ha desmarcado del PSOE.

Las seis énergéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros.

Beneficios netos 2022 y 2023
• Repsol ha declarado 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio

• Iberdrola ha declarado 9.139 millones de euros en este bienio 

• Endesa ha declarado 3.283 millones de euros en este bienio 

• Naturgy ha declarado 3.635 millones de euros en este bienio 

• Cepsa ha declarado 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023

• EDP ha declarado 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio 

La tensión a lo largo de estas semanas de negociación ha llegado a un extremo tal que el PSOE desconvocó la semana pasada dos veces, y ante la falta de acuerdo con sus socios, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que iba a debatir el "paquete fiscal".

La de ayer era la tercera convocatoria.

La reunión comenzó a las 17.00 horas y concluyó, tras mil llamadas, entradas y salidas de la sala, ocho horas después. Concluyó con la aprobación del "dictamen del Proyecto de Ley por la que se establece un impuesto complementario a los grupos multinacionales y a los grupos nacionales de gran magnitud", aprobación que grosso modo viene a dejar las espadas en alto hasta el próximo jueves, cuando el Parlamento deberá decir sí o no a la prórroga al impuesto del 1,2. Y, entonces, Junts, que ha tenido que chapotear en el barro de las presiones de las petroleras Cepsa y Repsol, y PNV, que de momento había salido limpio del asunto, deberán decidir si sí (o no) se prorroga ese impuesto, se convierte en permanente o queda eliminado.

En principio, fuentes varias han venido a apuntar que la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley ha sido posible porque el PSOE ha consentido en prorrogar al menos un año el impuesto a las energéticas, que era el mínimo exigido por Esquerra, Bildu y BNG. Sin embargo, el departamento que lidera María Jesús Montero -y según informaba Europa Press a las 01.15 horas- ha querido aclarar "que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". Es decir, que las negociaciones continuarán, seguramente discretas, durante toda la semana y hasta el jueves de votación. [Más abajo detallamos el impuesto del 1,2, o impuesto a las energéticas e identificamos los beneficiarios de su eliminación].

Minuto y resultado
La situación, a estas horas, es concretamente la siguiente. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó anoche el dictamen del Proyecto de Ley "por la que se establece un impuesto complementario a los grupos multinacionales y a los grupos nacionales de gran magnitud" (ley que en principio era una trasposición de una directiva europea, para la inclusión de un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero que al final se ha convertido en el "paquete fiscal" arriba mencionado).

El proyecto de ley ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox (que siempre se mostraron contrarios al impuesto en cuestión, y que lógicamente no están por la labor de prorrogarlo, ni mucho menos hacerlo permanente). Y el jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja.

Ayer, en el marco de la maratoniana reunión de la Comisión de Hacienda, el PSOE logró aprobar sus propuestas para gravar a los vapeadores, subir el IVA a los apartamentos turísticos, luchar contra el fraude de los hidrocarburos, mejorar la tributación de los artistas o reformar el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Pero el PSOE también ha sufrido derrotas importantes. La más significativa es que no ha prosperado la transformación del gravamen a la banca en un impuesto que, conforme a lo pactado con el PNV, iban a gestionar las haciendas forales.

En ese clima de falta de acuerdo -informa la agencia Europa Press-, al PSOE no le ha quedado otra que prometer a ERC, BNG y EH Bildu intentar tramitar el impuesto a la banca en el pleno del jueves y prorrogar un año el tributo a las energéticas, a pesar de que previamente había pactado con Junts dejarlo morir el 31 de diciembre.

Por su parte, no se ha aprobado la eliminación de la bonificación del diésel (que ahora recibe un trato fiscal privilegiado frente a la gasolina, aunque es un combustible más contaminante) y no se ha aprobado la reforma fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) que había pactado con Sumar.

Lucha contra el fraude de los hidrocarburos
Sí se han aprobado enmiendas tanto de PSOE como del PNV para añadir deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética y para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos, que afecta al mercado de gasóleos, gasolinas y biocarburantes destinados a su uso como carburante en vehículos automóviles, bajo la modalidad de los missing traders.

A su vez, se han incluido iniciativas de Sumar para que las sociedades cooperativas puedan ajustar su resultado contable en el importe que destinen, obligatoriamente, con cargo a sus resultados, al Fondo de Reserva Obligatorio.

También para que los socios trabajadores y del trabajo de las cooperativos entren dentro del concepto de "trabajadores admisibles", que las retribuciones de los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas se recojan dentro del concepto de "costes salariales admisibles" y que la remuneración de las aportaciones al capital social entre dentro de los costes salariales admisibles.

La última enmienda de los plurinacionales es para que la bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades se considere un crédito fiscal reembolsable admisible. Asimismo, se otorga similar tratamiento a la deducción en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades aplicable a las cooperativas especialmente protegidas sometidas a tributación en territorio foral.

Impuestos a los vapeadores
Entre las enmiendas aprobadas del PSOE, se ha incluido los impuestos al tabaco y los vapeadores, el IVA a los arrendamientos de vivienda de corta duración, la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales

También Se ha aprobado una enmienda transaccional de los socialistas con Junts para rebajar de manera progresiva el Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, se ha rebajado el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% y la restante al 20%.

En esta enmienda se incluye una medida para fortalecer la reserva de capitalización de las empresas, una herramienta fiscal con la que las sociedades y los negocios pueden incrementar sus fondos propios.

Así, las empresas podrán deducirse hasta un 20% del importe del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual. Ese 20% puede ascender si la empresa contrata a más gente, de manera que la deducción asciende hasta un 23% si la plantilla aumenta entre un 2% y un 5%; hasta el 26,5% si el número de empleados crece entre un 5% y un 10%; y hasta el 30% si aumenta en más de un 10%, siempre con respecto al periodo impositivo anterior.

Otra transaccional aprobada de PSOE, Junts y Sumar, es para gravar con un 15%, frente al 14% actual, la base liquidable del ahorro en rentas de más de 300.000 euros. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, el porcentaje asciende hasta un 30% a partir de los 300.000 euros.

A esto se suma una nueva disposición, pactada entre el Gobierno y Junts, para bonificar las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. También se ha aprobado otra disposición sobre rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»

«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»

El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".

Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.

En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.

No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.

* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019

Los beneficiarios del no al impuesto del 1,2
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles. 

Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.

El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Enel Green Power es filial de Enel.

Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.

EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).

Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group. 

Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

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