La Comisión de Hacienda del Congreso vota hoy el "paquete fiscal" que el Gobierno quiere añadir al impuesto que se ha acordado en la Unión Europa para empresas multinacionales. En teoría, se trata de un proyecto de ley que inicialmente transpone una directiva europea para crear ese nuevo impuesto: un impuesto mínimo global del 15% a empresas multinacionales, pero en realidad, y aparte de eso, ese "paquete" incluye una reforma fiscal con nuevos impuestos y revisión de algunos de los ahora mismo existentes. El Ministerio de Hacienda planea así crear, en ese marco, nuevos impuestos a los vapeadores, el tabaco, eliminar la bonificación del diésel, un nuevo diseño del gravamen a la banca y que se dé por amortizado el impuesto que se aplica a las energéticas (abajo detallamos este impuesto). En lo que se refiere a este último impuesto, el relativo a las grandes empresas energéticas, hay división sin embargo entre los socios del Gobierno. Por un lado, PSOE ha pactado con Junts dejar morir el impuesto energético tras las amenazas de deslocalización de inversiones enunciadas por la petrolera Repsol (en referencia a sus instalaciones de Tarragona) y las advertencias en el mismo sentido de la multinacional árabe Cepsa. Y, por otra parte, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Podemos insisten en hacer permanente el impuesto al sector energético ante lo que califican de beneficios récord de compañías como Iberdrola o Repsol. Se da por descontado el no de PP y Vox a convertir en permanente el impuesto a las energéticas.
Solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) más de 25.000 millones de euros de "beneficio neto".
Beneficios netos 2022 y 2023
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Abajo ahondamos en el impuesto.
La Comisión de Hacienda que ha lugar hoy en principio se iba a celebrar el pasado lunes, pero el panorama de división provocó que se desconvocara la reunión y que el Ejecutivo decidiera vetar enmiendas a la ley ante la posibilidad de que se aprobaran en contra de su criterio.
Por medio, PSOE y Sumar anunciaron su pacto fiscal, que incluye otras medidas como aplicar un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, elevar los impuestos de las Socimis y endurecer la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo.
De momento -informa Europa Press-, el proyecto sólo ha superado la fase de ponencia, en una reunión a puerta cerrada, y únicamente se han incorporado cuatro enmiendas técnicas del PSOE relacionadas con el nuevo impuesto mínimo global, sin entrar en cuestiones como el tributo a las energéticas.
Ante las diferencias entre socios, el PNV no descarta precisamente que el texto que se apruebe en comisión sólo incorpore finalmente cuestiones relativas al impuesto mínimo global para conseguir que prospere la tramitación parlamentaria. "Es lo más sencillo", ha dicho el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban.
Con su "paquete fiscal", el PSOE quiere, entre otras cosas, subir la fiscalidad al tabaco, gravar los vapeadores, reformar el Impuesto de Sociedades o subir las rentas del capital. También, eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, aunque sin afectar al gasóleo profesional.
En lo que a esto se refiere, la idea del PSOE es introducir un mecanismo para rebajar la tributación que se activará si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel supera los dos euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementa ese segundo mes por encima de la media del mes anterior.
Asimismo, hay enmiendas socialistas que se debatirán el lunes para exigir el pago anticipado del IVA de los hidrocarburos y así luchar contra el fraude que los missing traders realizan en la importación de este producto.
Impuesto de Sociedades
El PSOE también busca una reforma del Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Así, se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas.
El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones.
Bajada de impuestos
En otra enmienda del PSOE, que Junts dice que se ha negociado con ellos, se propone rebajar de manera progresiva este impuesto a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, el Grupo Socialista propone rebajar el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% en 2027, y la restante al 20% en 2029.
A esto se suma otra enmienda para que las compañías puedan deducirse hasta un 20% del importe neto del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual, con la idea potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto.
Subida de impuestos
El Grupo Socialista también introduce enmiendas para incrementar en un punto la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 29%.
La última medida fiscal a destacar es el compromiso de impulsar en la UE la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda o en zonas saturadas. Es el llamado paquete ViDA (VAT in the Digital Age), que el Gobierno considera "una prioridad".
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a banca y energéticas tiene (tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
Según explicaba recientemente Hacienda, simultáneamente a la imposición de estos gravámenes, "la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros".
A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.
Los beneficiarios del no al impuesto del 1,2
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Enel Green Power es filial de Enel.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
