Maniobra PP-PSOE para eliminar el impuesto a las eléctricas. Es la sospecha que comienza a sobrevolar en el Congreso. El Gobierno podría haber convertido en permanente el impuesto en cuestión, que era provisional, de diversas maneras. Pero eligió la fórmula del "paquete fiscal". A saber, grosso modo ha querido aprovechar la transposición de una directiva (para la creación de un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales), para incluir en formato "paquete" un montón de otros asuntos: el impuesto susodicho, pero también una rebaja del Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros; un incremento en un punto de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros; una modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar con este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb; el endurecimiento de la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo, etcétera, etcétera, etc. En fin, todo un cajón de sastre en el que el impuesto susodicho, el del 1,2, que afecta a las grandes energéticas, es uno más de los objetos en cuestión.
El PSOE ha presentado ese "paquete fiscal" y ha ido negociando los votos que necesita. La derecha catalana, Junts, ha presionado para eliminar ese impuesto, porque sostiene que ese gravamen pone en riesgo de deslocalización inversiones que compañías como Repsol preveían en Cataluña (efectivamente Repsol, y Cepsa, han amenazado con llevarse sus inversiones a otros países en el caso de que el Gobierno decidiera convertir en permanente ese impuesto hasta ahora "excepcional"). Junts ha presionado, el PSOE se ha visto "obligado" a retirar el impuesto y los socialistas contaban con que sus socios de Gobierno transigirían habida cuenta del escenario. El planteamiento socialista viene a ser "no logramos hacer permanente esa tasa del 1,2, pero al menos salen adelante otras medidas impositivas progresistas, como incrementar la presión fiscal sobre rentas superiores a 300.000 euros o el gravamen a Airbnb".
¿Qué ha ocurrido, sin embargo?
Pues que los socios tradicionales del Ejecutivo PSOE-Sumar esta vez no han transigido. De hecho, no solo Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos se han negado a eliminar el impuesto, sino que incluso Sumar se ha desmarcado del PSOE. La tensión ha llegado a un extremo tal que el Partido Socialista desconvocó in extremis ayer, por segunda vez esta semana, y ante la falta de acuerdo con sus socios, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que iba a debatir el "paquete fiscal".
La reunión primera de la Comisión de Hacienda (a puerta cerrada) estaba prevista para el lunes. El PSOE la suspendió en el último momento por el mismo motivo, la falta de acuerdo. La convocó nuevamente para ayer y, ayer, volvió a desconvocarla en el último suspiro ante la exigencia de ERC, Bildu, BNG y Podemos de hacer permanente el impuesto a las energéticas, algo que rechaza Junts. ¿Solución? El Partido Popular ha llegado al rescate del PSOE, y ayer se abrió a apoyar el texto del Gobierno si sólo se ciñe al impuesto mínimo global, a combatir el fraude a los hidrocarburos y no se añaden nuevos tributos a las rentas altas.
"Estamos negociando", ha dicho en la Cámara Baja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como explicación al nuevo aplazamiento de la reunión.
Si las exigencias del Partido Popular se cumpliesen, si alcanza acuerdo con el PSOE, el texto superaría su trámite parlamentario sin ningún inconveniente, pues habría votos suficientes al margen de lo que voten los demás grupos, pero no incluiría la reforma fiscal que presuntamente quería colar el PSOE (Impuesto de Sociedades, IVAs). Es decir, que, al final, si el Partido Popular impone esa condición, el Gobierno ni sacará adelante el impuesto a las energéticas, ni endurecerá la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo, ni incrementerá en un punto la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros.
Ante ese escenario, desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha dicho que la suspensión de la Comisión de Hacienda vuelve a evidenciar el "error" del Gobierno en su estrategia negociadora. Belarra ha insistido en el mantenimiento del impuesto a las energéticas, que se ha demostrado "más necesario que nunca".
En ese sentido, cabe recordar que solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) más de 25.000 millones de euros de "beneficio neto" (abajo detallamos).
La secretaria general de Podemos en todo caso ha dejado abierta una puerta a la confianza en que el Ejecutivo rectifique de aquí al lunes y centre su pacto con los grupos progresistas.
Fuentes del partido morado han indicado en todo caso que el Ejecutivo se ha equivocado de plano y se ha metido en un "callejón sin salida" sobre el "paquete fiscal", y han insinuado que la verdadera "agenda oculta" del Ministerio de Hacienda era suprimir el impuesto a las eléctricas.
Sea como fuere, Podemos ha trasladado al ala socialista del Gobierno que opte por sacar de la transposición el "paquete fiscal" y que lo traslade a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, donde fuerzas como PNV o Junts pueden apoyar medidas tributarias a cambio de otras concesiones.
Y, en paralelo, plantean "prorrogar" los impuestos a la banca y las energéticas en los decretos de ayudas a la DANA, para así dar más tiempo a la negociación. Finalmente, Podemos ha considerado que el PSOE debería priorizar los pactos con los grupos de izquierda, para trasladar la presión a PNV y Junts, y no optar por lo contrario.
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a banca y energéticas tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Beneficios netos 2022 y 2023
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
Según explicaba recientemente Hacienda, simultáneamente a la imposición de estos gravámenes, "la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros".
A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.
Los beneficiarios del no al impuesto del 1,2
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Enel Green Power es filial de Enel.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Artículos relacionados
La nomenclatura de las puertas giratorias
Enagás refuerza su perfil socialista con el nombramiento de Aizpiri en plena crisis europea del gas
Tres diputados vascos le ponen nombre y apellidos a las catorce puertas giratorias del PNV
[Foto: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el Pleno del Congreso, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Fernando Sánchez - Europa Press].
