El texto original de la ley que envió el Gobierno y las enmiendas que los grupos presentaron para modificar al articulado serán analizados este miércoles "a puerta cerrada" en la ponencia de la comisión, donde se busca llegar a acuerdos que puedan incorporarse a la norma. Con sus enmiendas, el PSOE asegura que busca completar la ley y añadir una serie medidas fiscales como reformar el Impuesto de Sociedades, subir la fiscalidad del tabaco e introducir nuevos tributos a vapeadores o plataformas como Airbnb. También resulta relevante lo que no está en esas enmiendas. Y es que el PSOE ha obviado en sus propuestas el gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas, lo que, si no cambia, propiciará el decaimiento, el próximo 31 de diciembre, del impuesto susodicho (1,2%), lo que ha generado el enfado del socio minoritario del Gobierno, Sumar, y otros aliados parlamentarios como ERC, Bildu o Podemos.
A diferencia del PSOE, estas formaciones sí han registrado enmiendas para convertir en permanentes los impuestos a banca y energéticas, máxime ante los beneficios que empresas energéticas y financieras vienen registrando en sus últimos ejercicios. Solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) más de 25.000 millones de euros de "beneficio neto".
Beneficios netos 2022 y 2023
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Por supuesto, en todos los casos, la cifra de negocios va mucho más allá de los mil millones de euros.
Lo que quiere cada formación
La formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar) ha adelantado que quiere transformar los gravámenes temporales a la banca y las energéticas en impuestos permanentes, pues esta tasa ya consigue recaudar 2.900 millones de euros al año en dos sectores "que tienen beneficios extraordinarios".
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu proponen la permanencia de sendos tributos y un aumento en el tipo impositivo "a la vista de los beneficios récords anunciados en los últimos meses tanto por la banca como por las empresas energéticas".
Efectivamente las compañías energéticas han vuelto a anunciar, al cierre del tercer trimestre de este año (30 de septiembre), beneficios multimillonarios.
Por su parte, el PNV ha asegurado que no estaba en contra de mantener el gravamen a energéticas siempre que introdujera algunas deducciones. Junts sin embargo ha anunciado que no apoyará la permanencia del tributo si este perjudica una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona por parte de Repsol.
Tanto Repsol como Cepsa, que tienen instalaciones muy importantes tanto en Cataluña como en el País Vasco, han anunciado a lo largo de las últimas semanas que suspenderían sus inversiones en España en el caso de que el impuesto del 1,2 pasase de ser provisional, como originalmente estaba concebido, a permanente.
La situación a estas horas es la siguiente
Sumar, ERC, Bildu y Podemos forman un bloque que no cuenta con los votos suficientes como para poder hacer prosperar sus propuestas. PSOE, PNV y Junts (los acuerdos alcanzados entre estas tres formaciones) suman más votos, pero tampoco suficientes como para aprobar su propuesta. PP y Vox quedan así cómo árbitros, si bien se da por descontado que el impuesto decaerá, habida cuenta de la oposición que al mismo han explicitado desde el principio ambas formaciones.
La oposición del PP y Vox a la política fiscal del Gobierno de coalición obliga a que todos los socios de investidura respalden con su voto el resto de enmiendas planteadas por el PSOE, que quiere aprovechar esta ley para acometer una reforma fiscal de calado, con nuevas figuras tributarias y modificaciones relevantes en el Impuesto de Sociedades.
En concreto, los socialistas han registrado enmiendas para eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, aunque sin afectar al gasóleo profesional.
La idea es introducir un mecanismo para rebajar la tributación que se activará si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel supera los dos euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementa ese segundo mes por encima de la media del mes anterior.
Asimismo, hay enmiendas del PSOE para exigir el pago anticipado del IVA de los hidrocarburos y así luchar contra el fraude que los 'missing traders' realizan en la importación de este producto.
Otras medidas fiscales que los socialistas quieren introducir es un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco como vaporizadores o bolsas de nicotina.
Asimismo, se pretende actualizar la fiscalidad de los impuestos sobre las labores del tabaco, con el objetivo de elevar el precio de estos productos y así desincentivar su consumo.
El PSOE también busca una reforma del Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Así, se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones.
En otra enmienda del PSOE que Junts asegura que se ha negociado con ellos, se propone rebajar de manera progresiva este impuesto a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, el Grupo Socialista propone rebajar el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% en 2027, y la restante al 20% en 2029.
A esto se suma otra enmienda para que las compañías puedan deducirse hasta un 20% del importe neto del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual, con la idea de potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto.
A estas enmiendas se suma otra para que la pensión por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez sea compatible con un trabajo que requiera estar inscrito en algún régimen de la Seguridad Social.
El Grupo Socialista también introduce enmiendas para incrementar en un punto la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 29%.
La última medida fiscal a destacar es el compromiso de impulsar en la UE la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda o en zonas saturadas. Es el llamado paquete ViDA (VAT in the Digital Age), que el Gobierno considera "una prioridad".
