El Gobierno finalmente ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre. Junts aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto si esto perjudicaba una inversión de Repsol de 1.100 millones de euros en Tarragona (así, el PSOE, sabedor de que no contaría con los votos suficientes como para hacer permanente ese impuesto provisional, ha decidido no seguir con la tramitación para evitarse otra derrota -otro retrato- en el Congreso, donde tanto PP como Vox ya se habían manifestado explícitamente en contra del gravemen). Por su parte, los nacionalistas vascos, habilidosos, han anunciado que el gravamen a energéticas finalmente decaerá "por factores ajenos" a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad -han dicho- si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra (propuesta que sabían no admitiría el PSOE). Por su parte, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, sí que eran partidarios, explícitos, de convertir en permanente el impuesto. Como Podemos, que ha difundido un comunicado en el que sostiene que la retirada del gravamen a las energéticas viene a suponer "una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país”.
Todo ello sucede a pesar de los beneficios "galácticos" que las empresas energéticas han registrado en sus últimos ejercicios. En lo que llevamos de año, por ejemplo, Repsol ha declarado un beneficio neto de casi 1.800 millones de euros (de beneficio neto correspondiente solo a los nueve primeros meses del ejercicio). La compañía que dirige Imaz anunciaba por cierto hace solo unos meses un incremento de las retribuciones a sus accionistas (el dividendo) de treinta puntos (+30%). En el otro plato de la balanza, la Agencia Tributaria le ha cobrado, por mor de este impuesto, a las energéticas (a todas las "afectadas" por esta tasa) un total de 1.164 millones de euros.
Otras compañías (otros accionistas) beneficiadas por el decaimiento del impuesto son Endesa, que acaba de declarar, al cierre de este tercer trimestre del curso, 1.404 millones de euros de beneficio neto (correspondientes -cabe insistir- a los nueve primeros meses del año) o Iberdrola, que "vuela" hasta los 5.471 millones de euros (de beneficio neto). La cifra de negocio de la compañía ha rondado los 50.000 millones de euros en 23).
A pesar de esos beneficios registrados por las compañías energéticas en estos últimos ejercicios (nunca antes vistos), la posibilidad de que el impuesto (provisional) se convirtiera en permanente ha desatado toda una campaña de amenazas, liderada por las petroleras Repsol y Cepsa, que han advertido que deslocalizarían sus inversiones y se las llevarían a otros países si el Gobierno de coalición PSOE-Sumar sacaba adelante esa iniciativa.
La presión ha surtido efecto y el Gobierno se ha quedado sin votos suficientes como para hacer permanente el impuesto en cuestión, que había sido concebido originalmente como provisional.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en conferencia con analistas del sector y en el marco de la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, señalaba satisfecho (el pasado jueves) que, "en este nuevo ambiente de estabilidad regulatoria", la petrolera levantaría la situación de stand by en la que había puesto algunas de sus inversiones.
El primer ejecutivo de Repsol adelantaba así que las primeras decisiones finales de inversión, tras las "positivas noticias" de la caída del impuesto, se podrían empezar a tomar en 2025 para los proyectos previstos para impulsar el hidrógeno renovable en Bilbao y Cartagena y Tarragona.
"Ahora es el momento para nosotros de enfocarnos en el futuro y las oportunidades que están por venir. Y esta positiva decisión que vimos ayer [por el miércoles pasado] nos permite avanzar con las inversiones industriales que tenemos planificadas en España", ha dicho.
Sobre el impuesto
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a banca y energéticas tiene (tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) se han levantado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) más de 25.000 millones de euros de beneficio neto.
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
Según explicaba recientemente Hacienda, simultáneamente a la imposición de estos gravámenes, "la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros".
A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.
El caso Repsol, concretamente
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles. La petrolera emplea a unas 18.800 personas en toda Europa, pero no precisa el número de empleados en España.
En 2023, último ejercicio cerrado, la administración española ha ayudado a la petrolera en diferentes iniciativas. El Instituto de Crédito Oficial firmó en abril un préstamo de 300 millones de euros "para la evolución de las instalaciones industriales de Repsol en polos multienergéticos". Y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) asignó a Repsol 25 millones de euros "para la construcción de un electrolizador de 30 MW en Puertollano y otro en la antigua central térmica de Meirama (A Coruña)".
Repsol también ha recibido fondos públicos en 2023 desde Bruselas. En julio, el Fondo de Innovación de la Unión Europea destinó 63 millones de euros de financiación al electrolizador de 150 MW de Repsol Tarragona, el mayor de España. Y ese mismo mes de julio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a la petrolera en julio un préstamo de 575 millones de euros "para el desarrollo de proyectos renovables en España, con una capacidad total de 1.100 MW".
Por lo demás, la apuesta de Repsol por los combustibles fósiles sigue siendo inequívoca. La petrolera anunciaba al cierre del primer semestre de este año que ha alcanzado una "producción media de 589.000 barriles equivalentes de petróleo al día entre enero y junio". Y adelantaba que ha avanzado en el desarrollo de "proyectos clave de producción de hidrocarburos que aseguran la competitividad futura en este ámbito y el mantenimiento de una cota en torno a los 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día hasta 2027".
Los otros grandes beneficiarios del no al impuesto del 1,2
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Enel Green Power es filial de Enel.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
Sobre las puertas giratorias, léase La nomenclatura de las puertas giratorias, texto que publicamos en octubre de 2021.
Pie de foto: imagen a partir de la obra "La puerta giratoria o Retrato de Begoña de la Sota", de Antonio de Guezala. Fuente: Museo de Bilbao. Depósito de la Diputación Foral de Bizkaia a través de la dación de BBK en 2003.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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