BP (British Petroleum), que obtuvo el año pasado unos beneficios estratosféricos (más de 14.000 millones de euros), ha repartido entre sus privilegiados accionistas en este curso más de 4.500 millones de euros. Al otro lado del Canal de La Mancha, el formidable gigante "francés" TotalEnergies (surgido de la empresa estatal francesa Compagnie Française de Raffinage pero hoy privatizado), ha registrado también este último año (2023) el mayor beneficio anual de toda su historia: más de 20.000 millones de euros. Son, efectivamente, números de otra galaxia, pero muy significativos, en todo caso, pues denotan el extraorinario momento por el que pasan las compañías energéticas "europeas", a las que la crisis del gas derivada de la guerra Rusia-Ucrania no parece haberles pasado factura (antes al contrario). Al sur de Pirineos, la situación de las grandes energéticas (de las más vinculadas históricamente a la península ibérica, como Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP, Naturgy o Endesa) es idéntica, o sea, igualmente brillante.
A saber: entre las seis han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
Iberdrola por ejemplo anunciaba la pasada primavera el mayor dividendo de su historia: "la Junta [General de Accionistas] ha aprobado destinar 3.500 millones de euros a la remuneración de los accionistas con cargo a los resultados de 2023, llegando hasta los 0,55 euros por acción, con un incremento del 10,8%", concretaba la compañía en un comunicado que difundió el pasado 17 de mayo.
En ese marco de beneficios extraordinarios y/o históricos, el Congreso se enfrenta hoy a varias votaciones relativas a una "reforma fiscal" en la que se incluye el impuesto del 1,2% a las energéticas, que lleva varios días en el ojo del huracán. PP, Vox, Junts y PNV están a favor de eliminarlo. ERC, BNG, EH Bildu y Podemos, a favor de prorrogarlo.
El impuesto fue instituido en 2022 (en principio, de manera provisional, y como respuesta a los beneficios extraordinarios que estaban obteniendo las grandes compañías energéticas al calor de la guerra de Ucrania), ha recaudado (a partir de los resultados 2023) 1.164 millones de euros, y expiraba en principio el 31 de diciembre de 2024.
Algunos partidos políticos han propuesto prorrogarlo, habida cuenta del mantenimiento del status quo (las compañías energéticas siguen declarando y anunciando, a bombo y platillo, beneficios históricos), pero otros partidos no están de acuerdo (PP y Vox estuvieron en contra desde el minuto cero, y ahora se han unido al no PNV y Junts).
El Congreso de los Diputados debate y vota hoy varias medidas de esa "reforma fiscal" (la sesión de hoy no es la definitiva, en todo caso) y ayer las mas grandes energéticas del país (las ocho mencionadas) decidieron entrar en escena con su comunicado conjunto, que siembra dudas sobre la futurible inversión de "30.000 millones de euros".
Las petroleras Repsol y Cepsa ya habían amenazado con deslocalizar sus inversiones y llevárselas a otros países si continuaba el impuesto en vigor, pero no parece que las amenazas (Cepsa hablaba de inversiones por valor de 3.000 millones de euros) hayan surtido efecto, y ahora son las ocho grandes energéticas las que alzan la voz al alimón y elevan el envite hasta los 30.000 millones de euros: nuevas cargas impositivas sobre el sector energético -dicen en su comunicado conjunto- tendrán un "impacto directo y negativo para España como destino" de inversiones "y sobre la competitividad, los puestos de trabajo, y la lucha contra el cambio climático".
El discurso (la letra del discurso) de los 8
«Resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal (...). Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos»
Y, ahora, los números
• Repsol ha declarado 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
• Iberdrola ha declarado 9.139 millones de euros en este bienio
• Endesa ha declarado 3.283 millones de euros en este bienio
• Naturgy ha declarado 3.635 millones de euros en este bienio
• Cepsa ha declarado 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
• EDP ha declarado 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
* La propia Repsol declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 50.000 millones de euros en 2019
Estos son algunos de los beneficiarios del no al impuesto del 1,2
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Enel Green Power es filial de Enel.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El comunicado conjunto difundido por las 8 compañías arriba identificadas ha sido denominado "Declaración de la Comisión Ejecutiva del Club Español de la Energía".
Constituido en 1985, EnerClub, el Club Español de la Energía, se define como "una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a más de 150 empresas e instituciones y más de 170 socios individuales". Preside el Club Español de la Energía Francisco Reynés, actual presidente ejecutivo de Naturgy, que sustituyó el pasado mes de junio en el cargo a Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado (CEO) de Iberdrola España, sucesor a su vez de María Victoria Zingoni, de Repsol (la presidencia del Club va rotando entre las grandes compañías que lo integran).
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Quizás tengan razón, pero entonces tenemos que discutir los costes de la implantación de las industrias y repercusión en los expropiadis, las declaraciones de interés público, las participaciones cruzadas y nula competencia entre operadores, con nucleares y plantas de regasificacion con un trozo para tí, otro para mí y otro para Enresa y Unesa que volvemos a ser todos. Los costes del trazado de líneas que pagamos, sufrimos y nos limitan a los particulares en nuestras propiedades, con nula contraprestación. Si tan mal les tratamos, que se pasen a otros países más serios que igual se quedan sin negocio (en repúblicas bananera no, pero después pagamos los de siempre cuando los echan).
