El Gobierno podría haber convertido en permanente el impuesto a las energéticas, que era provisional, de diversas maneras. Pero eligió la fórmula del "paquete fiscal". A saber, grosso modo ha querido aprovechar la transposición de una directiva europea (para la creación de un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales), para incluir en formato "paquete" un montón de otros asuntos: el impuesto susodicho, el impuesto del 1,2, pero también
• una rebaja del Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros;
• un incremento en un punto de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros;
• una modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar con este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb;
• el endurecimiento de la fiscalidad de yates, aviones privados y coches de lujo;
• la eliminación de la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina, etcétera, etcétera, etc.
En fin, todo un cajón de sastre en el que el impuesto susodicho, el del 1,2, que en realidad solo afecta a las más grandes energéticas, es uno más de los objetos en cuestión. La operación ha sido catalogada desde Podemos como error estratégico. Fuentes del partido morado indicaban la semana pasada que el Ejecutivo se ha equivocado de plano y se ha metido en un "callejón sin salida" sobre el "paquete fiscal", e insinuaban que la verdadera "agenda oculta" del Ministerio de Hacienda era suprimir el impuesto a las energéticas (varias de ellas -Endesa, Naturgy, Iberdrola- ciertamente cuentan en sus consejos de administración con exaltos cargos socialistas, que han ido transitando a lo largo de los últimos veinte años de la esfera de lo político a la esfera económica-energética en lo que se ha venido a denominar el fenómeno de las puertas giratorias, fenómeno también muy presente en el Partido Nacionalista Vasco, que "colocó" al que fuera su presidente, Josu Jon Imaz, al frente de Repsol). Sea como fuere, el "paquete fiscal" del Gobierno enfrenta mañana su último examen en el Congreso.
La ley del impuesto a las multinacionales que impone la Unión Europea, en la que se ha añadido parte del "paquete fiscal" que el Gobierno había anunciado, llega este jueves a sus últimas votaciones en el Congreso con varios detalles de su articulado en el aire.
Tras superar su trámite en la Comisión de Hacienda (aprobación del dictamen del Proyecto de Ley), que hubo que prolongar más de siete horas para asegurar apoyos, la ley desembocará en el Pleno todavía con la incertidumbre de saber si finalmente saldrá adelante, ante la fragilidad de los apoyos que tiene el Gobierno. De momento -informa Europa Press-, el texto no incluye los impuestos a banca y energéticas que exigen Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG.
Para conseguir que el texto se aprobara en comisión, al PSOE no le quedó otra que prometer a ERC, BNG y EH Bildu intentar aprobar el impuesto a la banca en el pleno de este jueves mediante una enmienda transaccional de PSOE y Junts que se rechazó en la comisión; así como prorrogar vía decreto un año el tributo a las energéticas, a pesar de que previamente había pactado con Junts dejarlo morir el 31 de diciembre.
De hecho, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado después de las votaciones en comisión para decir que, al margen de ese decreto prometido, se mantenía el acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que realicen inversiones en materia de descarbonización.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho hace unas horas que, aunque pueda parecer contradictorio, es "muy compatible" que pueda haber un impuesto a las energéticas, excepto para aquellas que utilizan también sus beneficios para invertir en descarbonización.
En realidad, hasta las compañías más contaminantes, como Repsol, invierten parte de sus recursos en parques eólicos y fotovoltaicos, por lo que, aunque el grueso de sus negocios lo tienen en el petróleo y el gas, combustibles fósiles de efecto invernadero, podrían en teoría acogerse a ese perfil.
En las últimas horas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha urgido al Gobierno a anunciar ya el decreto ley pactado sobre el tributo energético y ha dado de plazo hasta el jueves, mañana, para no tener "un problema" en el pleno.
Mientras tanto, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha señalado que tiene un acuerdo apalabrado con el Gobierno, por lo que confía en que se cumpla y en consecuencia votará a favor del proyecto en el pleno del jueves.
Más fiable parece el apoyo del PNV, que consiguió introducir sus enmiendas para luchar contra el fraude de hidrocarburos y que está satisfecho con el acuerdo alcanzado por el PSOE y la derecha nacionalista catalana, que anunció hace unos días que solo daría su voto al Gobierno si este eliminaba definitivamente el impuesto del 1,25 a las energéticas.
Por fin, falta por saber qué hará Podemos, que de momento sigue en el "no" hasta que no vea una propuesta real para prorrogar el impuesto a las energéticas.
El voto en contra de la formación morada provocaría un empate a 175 votos entre el bloque de investidura, por un lado, y PP, Vox, UPN y Podemos, por el otro. Si esto se produce hasta en tres ocasiones, haría decaer la ley, según lo establecido en el artículo 88.1 del reglamento del Congreso.
"Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiere aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación, y si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición que se trate", reza el artículo.
De este modo, se avecina horas de intensas negociaciones para que el Gobierno consiga salvar la ley y no le ocurra como con el decreto para reformar el subsidio por desempleo, que fue tumbado por Podemos, PP y Vox; o la senda de déficit, que decayó por el rechazo de Junts, PP y Vox.
Enmiendas
En la comisión del lunes, el PSOE logró aprobar (en comisión, cabe insistir) sus propuestas para gravar a los vapeadores, gravar con el IVA a los arrendamientos de vivienda de corta duración (Airbnb), luchar contra el fraude de los hidrocarburos (missing traders), mejorar la tributación de los artistas o reformar el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Pero el Grupo Socialista también sufrió derrotas importantes y ahora le tocará remar para conseguir que prosperen medidas como su pacto con Junts para transformar el gravamen a la banca en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales y las comunidades autónomas.
El PSOE intentará a su vez que prospere su iniciativa para eliminar la bonificación fiscal del diésel con respecto a la gasolina. Por su parte, Sumar defenderá sus enmiendas para subir la fiscalidad a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), para eliminar las exenciones fiscales que tienen los seguros médicos privados y para gravar artículos de lujo como avione privados, yates o deportivos de lujo.
Del resultado de estas enmiendas, que es lo primero que se vota en el Pleno del Congreso de mañana, dependerá el sentido del voto de los socios del Gobierno al final de la jornada. Si no prospera el impuesto a la banca que se ha prometido, ERC, Bildu y el BNG ya verían roto su acuerdo y podrían descolgarse. Pero si el impuesto a la banca entra en la ley, y según de qué forma, Podemos podría renunciar al voto en contra y con una abstención ya se despejaría el camino de la norma.
Para conocer más sobre el impuesto del 1,2% a las energéticas, sobre las compañías beneficiarias de su decaimiento y sobre los accionistas de esas compañías, léase.
Solo un adelanto de lo que contamos en esa pieza: el impuesto 2023 a las energéticas ha recaudado 1.164 millones de euros (correspondientes al ejercicio 2023). Las seis energéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
