Esta es la historia, todavía corta, del autoconsumo, el impuesto al Sol y las comunidades energéticas: el director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola en 2012 presentó en la feria de las energías renovables de aquel año, en Genera, una ponencia -Análisis del autoconsumo en el marco del sector eléctrico español- en la que ya apuntaba "la necesidad de una tarifa de respaldo". El Ejecutivo Rajoy tomó buena nota de la propuesta y la incluyó -en forma de impuesto al Sol- en su Real Decreto de Autoconsumo (RD 900, de 10 de octubre de 2015). El impuesto en cuestión fue derogado en octubre de 2018, pero la parálisis del sector durante aquellos siete años aciagos acabó con un montón de pymes en la cuneta y con heridas que aún hoy siguen abiertas (sobre el particular léase por ejemplo El legado del impuesto al Sol deja a España a la cola de la UE en autoconsumo). Pero, ¿qué propuso Iberdrola en la Genera de 2012? Pues lo que propuso entonces la compañía que hoy presume de hasta 1.000 "comunidades solares" fue, concretamente,
(1) un fuerte incremento del término fijo (véase página 7 de la ponencia presentada en la feria por la compañía) y
(2) la creación de la susodicha "tarifa de respaldo" (página 15 de la presentación).
Lo que planteaba la compañía entonces (y hoy) presidida por José Ignacio Sánchez Galán era gravar con esa "tarifa" el autoconsumo (la que Iberdrola denominaba entonces "tarifa de respaldo" es lo que luego se conocería coloquialmente como impuesto al Sol).
Y lo que hizo a continuación el Ejecutivo Rajoy fue poco menos que calcar la propuesta de Iberdola, es decir, incrementar el precio del término fijo de los costes de acceso, la potencia (en algunos tramos hasta en más de un 100%) e incluir en el RD de Autoconsumo el impuesto susodicho, que disuadió de dar el paso a muchos potenciales autoconsumidores. Y eso que el mercado (1) ya estaba preparado, cuajado de profesionales experimentados que estaban listos para ejecutar obra y (2) aupado a unos precios (del panel solar) que habían caído ya (y seguían cayendo) en picado.
Pero llegó el miedo
El miedo a un impuesto cuyo impacto nadie sabía con precisión cuál sería (la incertidumbre), las trabas administrativas ideadas por la mayoría absoluta sobre la que se sustentaba el Ejecutivo Rajoy (trabas para regularizar las instalaciones), las desmesuradas exigencias técnicas (que elevaban la instalación de autoconsumo a la categoría de poco menos que una central nuclear) y las campañas de desprestigio lanzadas desde las más altas instancias de la administración congelaron las expectativas (léase lo que comentaba el ministro Soria sobre la insolidaridad de los autoconsumidores).
El caso es que Iberdrola había sembrado la semilla en Genera 2012 y, entre unas cosas y otras, el autoconsumo perdería casi siete años que seguramente nunca podrá recuperar.
¿Damnificados?
Pues, entre otros, el empleo, que apenas creció en el sector fotovoltaico: de 11.500 empleos directos en 2012 a 13.274 a finales de 2018. O sea, apenas 1.500 puestos de trabajo nuevos, creados en seis años, cuando todas las condiciones (menos las regulatorias) podrían haber disparado el empleo en la FV.
Y, si no, de muestra, un botón: tras la derogación del impuesto al Sol, con dos reales decretos de octubre del 18 y abril del 19, en los cinco años siguientes (el último dato disponible es de 2023), el sector solar fotovoltaico ha pasado de los 13.000 empleos arriba mencionados a más de 34.000 (empleo directo, dato UNEF).
Esa es la historia. Con las fuentes y los datos
Y, frente a ella, la nota de prensa de Iberdrola, que cuenta que Madrid es la comunidad autónoma con más "comunidades solares de Iberdrola España", con 170 instalaciones. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 148.
Extremadura, por su parte, con más de 19.000 familias, es la comunidad "en la que un mayor número de hogares puede tener acceso al autoconsumo. De hecho, Cáceres -dice la compañía- fue la primera ciudad solar en España, al ofrecer a todos sus habitantes la posibilidad de acceder al autoconsumo sin necesidad de contar con una infraestructura propia ni de realizar inversiones" (Iberdrola busca el tejado donde instalar los paneles, ejecuta la inversión con fondos propios -el cliente no hace desembolso alguno- y luego vende la electricidad que producen esos paneles a sus clientes).
La compañía denomina a su producto "comunidad solar" (no confundir con comunidad energética, que explicamos más abajo).
Estos son los números de los que presume la compañía
«Las más de 1.000 comunidades solares puestas en marcha por Iberdrola España permiten ahorrar hasta un 30% en la factura eléctrica de los clientes (...). Este ahorro se produce por una triple vía: la energía producida por la instalación que el usuario no tiene que comprar, la compensación por los excedentes de energía no consumida que es vertida a la red y el ahorro por menores impuestos.
Cada comunidad solar evitará la emisión de cerca de 640 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años.
En la actualidad, más de 3,5 millones de personas de todas las provincias españolas viven en el radio de acción de una comunidad solar de Iberdrola España, que se sitúan en los tejados de edificios de diferentes tipologías como Iglesias, colegios, naves industriales, o centros comerciales, entre otros»
Las verdaderas comunidades energéticas, o qué entiende la UE como comunidad energética
La normativa europea define la Comunidad Ciudadana de Energía, CCE, en la Directiva UE 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (artículo 16). Véase a la derecha.
Y define por otro lado la Comunidad de Energía Renovable, CER, en la Directiva UE 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (artículo 22). Véase a la derecha, más abajo.
Ninguna de esas directivas ha sido aún "plenamente" transpuesta al ordenamiento jurídico nacional.
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprobó el Gobierno hace ya casi cinco años, define en todo caso con precisión qué son las Comunidades de Energías Renovables:
“entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.
Las "comunidades solares" de Iberdrola España no responden pues a este perfil, por lo que no hay que confundir su producto comercial "comunidad solar" con lo que es una comunidad energética o comunidad de energías renovables.
Junto a estas líneas, a la derecha, las comunidades energéticas, explicadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, “su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrollan sus actividades, más que una rentabilidad financiera”.
Según el Observatorio de Comunidades Energéticas de España, actualmente hay en todo el país 353 comunidades energéticas (el Observatorio es una plataforma iniciativa de la Fundación Ecología y Desarrollo -Ecodes- con el apoyo de la empresa público-privada Redeia, matriz de Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico nacional).
Según el mapa (Visor de Comunidades Energéticas), del IDAE (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), actualmente hay en España 359 comunidades energéticas eléctricas (70.683 kilovatios de potencia en total).
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