«La transición energética es una oportunidad en la lucha contra el cambio climático y una economía más resiliente. Las comunidades energéticas son el instrumento para hacer que esta transición pueda también ser más democrática y participada. Ante un modelo basado en monopolios naturales y en lo que la regulación actual llama “sector energético”, nuestra propuesta es crear nuevos caminos para generar nuevas gobernanzas que localmente sean más efectivas para facilitar la participación ciudadana en el objetivo de neutralidad en carbono fósil.
Las comunidades son el mejor instrumento para garantizar la participación local, de ciudadanía, pymes y entes locales. Apostamos para que estas comunidades, impulsadas desde ayuntamientos e iniciativas sociales, sean el cauce para que la ciudadanía sea la protagonista de la transición energética. Creemos en la comunidad energética no sólo como la punta de lanza de aquellos actores más concienciados con la transición energética, sino como un nuevo actor capaz de desarrollar renovables, electrificar los actuales consumos fósiles, y devolver al territorio las ventajas de los procesos de descarbonización que tienen lugar en el territorio. También pueden ser instrumentos para combatir la pobreza energética, pues son las comunidades energéticas las que deben poder hacer, como reclaman las directivas, aquello que otros actores no pueden.
Hoy por hoy, las comunidades energéticas en todo el Estado surgen de la voluntad de la ciudadanía, abren caminos donde no los hay y se nutren de las limitadas oportunidades que les permite la regulación teniendo bloqueado el paso en muchas de las actividades que la regulación europea les reconoce.
El mandato de la Unión Europea para permitir y favorecer la implantación de comunidades energéticas en toda Europa debe tener una traslación a nuestra realidad. Por todo ello, no hay excusa para no hacer la transición energética ni tampoco hay para cerrar el paso a que la ciudadanía pueda hacerla en comunidad. Es necesaria la transposición urgente de las directivas de la UE a la legislación nacional, así como profundizar en políticas pública de apoyo y ayudas para que las comunidades energéticas se configuren como un actor importante en un nuevo modelo energético descarbonizado, democrático y más descentralizado. Para lograr avanzar hacia este modelo los proyectos participados y especialmente los liderados por comunidades energéticas deben tener una tramitación prioritaria, pudiendo ser declaradas de interés público para facilitar la participación de los entes locales, tal y como recogen las directivas.
Si las comunidades son un nuevo actor, estas deben poder acceder a todos los mercados organizados directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria. Las comunidades deben ser tratadas como clientes activos respecto al consumo de electricidad autogenerada; con derecho a organizar dentro de la comunidad un reparto de la electricidad producida por las unidades de producción que pertenezcan a la comunidad, y a conservar los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad como consumidores finales. También es necesario que tengan un marco objetivo, transparente y favorable que garantice el derecho de poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente en su zona de operaciones y definir los procedimientos correspondientes. Evitando así que las grandes empresas de distribución empleen su posición de dominio para poner trabas que frenen la puesta en marcha de proyectos de comunidades energéticas.
Con las comunidades energéticas, por primera vez en el marco de la larga cadena de la energía, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en ella por decisión propia soberanamente y al margen de las grandes empresas que conforman el sector energético. Si el mercado energético concentra el poder en pocas manos, la normativa en torno a las comunidades energéticas debe dar ventajas y proteger a aquellos que permiten la participación de nuevos actores.
Las personas y entidades que firmamos este manifiesto: Nos comprometemos hacer de la transición energética una oportunidad. Queremos una transición energética también participada y democrática. Entendemos la comunidad energética como un actor principal en el escenario de transición energética. Reclamamos un marco jurídico que dé seguridad y que sea favorable para las comunidades energéticas garantizando y protegiendo su carácter social.
El momento de las palabras, los deseos y las voluntades ha pasado y es el momento de los hechos y las acciones.
El Prat de Llobregat, 26 de abril de 2024»
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