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Real Decreto de Autoconsumo... born to die

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Sí, nacido para morir. El Real Decreto (RD) de autoconsumo que acaba de aprobar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo parece condenado de antemano. Porque el arco parlamentario todo ha dicho que lo derogará sin falta no más salgan por la puerta el señor Soria (ministro del ramo) y su secretario Alberto (Nadal, responsable directo del departamento de Energía). Born to die… porque hasta 18 partidos políticos (Podemos y Ciudadanos incluidos) han dicho alto y claro –Manifiesto mediante– que no quieren ponerle impuestos al sol y que si hoy se los ponen los señores susodichos, mañana ellos se los quitarán.
Real Decreto de Autoconsumo... born to die

“Misión cumplida”. Son quizá las dos palabras que mejor resumen la acción del gobierno –en materia de autoconsumo– durante estos cuatro años. “Misión cumplida”… si de lo que se trataba era de secuestrar, durante toda una legislatura, el autoconsumo. Porque lo que ha sucedido con esta solución de ahorro ha sido exactamente eso, que ha sido secuestrada. En primer lugar, porque, durante todo este tiempo, el Ejecutivo ha estado jugando al ratón y al gato con el RD, lo cual ha generado incertidumbre (y nada peor que ella para los muchos ciudadanos y pymes que podrían haber estado dispuestos a invertir en estas instalaciones); y, en segundo lugar, solución de ahorro secuestrada porque las propuestas de regulación del autoconsumo que ha publicado el Ministerio –hasta tres borradores del RD– han llegado con sorpresa dentro (léase “impuesto al sol”), lo cual ha paralizado el sector, hasta el punto de que un mercado que podría estar disparado –el del autoconsumo–… ha estado funcionando al ralentí durante estos cuatro años.

¿Y todo para qué?
¿Para eliminar competidores, quizá? ¿Para que el desembarco del oligopolio -Iberdrola, Endesa y compañía- en el futurible mercado del autoconsumo fuera menos áspero, menos complicado, más amable? ¿Para darle tiempo a los grandes a perfilar y afinar sus estrategias comerciales? Sea la respuesta la que sea, lo cierto es que, cuatro años después de la llegada del Partido Popular al gobierno, se cuentan por miles los puestos de trabajo perdidos en el sector fotovoltaico (muchas pymes quedaron por el camino); como por miles (de millones) cuenta el oligopolio sus beneficios, que ha hecho su agosto en estos últimos años, a la par que ha ido ganando posiciones en el tablero del autoconsumo. 

Y en esas estábamos hasta que...
... hace apenas unos días, Iberdrola anunciara el lanzamiento de su paquete Smart Solar, una solución de autoconsumo “llave en mano” que la multinacional ofrece a “clientes domésticos con viviendas unifamiliares, a pymes, a regantes o a grandes empresas”. Sí, estamos hablando de la Iberdrola de José Ignacio Sánchez Galán –presidente y consejero delegado–, ese que hace apenas dos telediarios dijera aquello de que… “si no se quiere incrementar sustancialmente el precio de la electricidad, es necesario demorar el crecimiento de las tecnologías más inmaduras: la termosolar y la fotovoltaica” (la demora de la que hablaba entonces Sánchez se convertiría, tiempo después, en moratoria... mientras que a la única vía de salida que le quedaba al sector fotovoltaico, el autoconsumo, la propia Iberdrola le inventaba el impuesto al sol).

Porque fue la compañía de José Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, la primera en hablar del "peaje de respaldo", el que luego sería coloquialmente conocido como "impuesto al sol". A saber: Iberdrola estaba trabajando ya en esa línea en abril de 2012. Ya entonces proponía que este impuesto consistiese en gravar el kilovatio hora autogenerado en mi tejado y autoconsumido en mi frigorífico, es decir, aquel kilovatio que no usa más red que el cableado de mi casa. Esta es en fin la historia resumida... La historia de Iberdrola y el Partido Popular apostando por gravar kilovatios ajenos: los tres borradores de real decreto de autoconsumo (julio del 13; junio y agosto del 15) han mantenido esa propuesta.

¿Y enfrente?
Pues enfrente lo nunca visto: sucedió el pasado 27 de julio a las puertas del Congreso de los Diputados. Allí posaron los representantes de casi una veintena de partidos políticos, firmantes todos del mismo Manifiesto, «Compromiso de la sociedad a favor del derecho cívico al autoconsumo de energía». El documento (véase) ha sido suscrito además por las principales asociaciones de consumidores de España (OCU, Facua, Asgeco, Adicae, etcétera), por los dos sindicatos mayoritarios del país (Comisiones Obreras y UGT), por la gran patronal de las energías renovables, por supuesto, y por las cinco grandes del ecologismo patrio: Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción.

Manifiesto
El Manifiesto es muy explícito: “el autoconsumo –dice– contribuye a reducir la dependencia energética del exterior, genera energía eléctrica de forma respetuosa con el medio ambiente y descentralizada (...), incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local”. Por todas esas razones, “y por la necesidad de democratizar la energía tal y como indica la Unión Energética de la Comisión Europea –añaden los firmantes–, cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles a nivel internacional”.

Por todo ello, concluye el Manifiesto...
"En caso de ser aprobado en sus términos actuales [el RD que ha propuesto el Ejecutivo], los firmantes se comprometen a contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales”. Los partidos que han firmado el Manifiesto son estos: Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia Democrática de Cataluña, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida, Nueva Canaria, Podemos, PSOE, UPyD, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Horizonte 20 de diciembre
Sí, el real decreto que ha aprobado el Ministerio de José Manuel Soria y Alberto Nadal parece nacido para morir, porque sigue apostando por un impuesto astral que no parece tener sentido más que dentro del Ministerio. Así, y a la espera de que aparezca publicado en el BOE, el impuesto al sol estaría ahora escindido en dos. Por una parte habría un cargo por kilovatio de potencia para todas las instalaciones y, por otra, un cargo por kilovatio hora generado y autoconsumido. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el cargo por la potencia “se pagará por la fracción de horas en las que haya autoconsumo”, mientras que el cargo por la energía autoconsumida ascendería (ahora el cálculo es del Observatorio Crítico de la Energía) a 49 €/kWh. El legislador ha eximido de estos cargos a las instalaciones de menos de diez kilovatios; a las extrapeninsulares; a las de cogeneración y frenado de trenes hasta 2020; y además establece un cargo reducido en Mallorca y Menorca.

Baterías
El RD de Soria y Nadal (habrá que ver la redacción definitiva) permitiría “la instalación de elementos de acumulación entre el circuito generador y el punto frontera”, o sea, que daría vía libre a las baterías (en realidad, en España ya hay instalaciones legales de autoconsumo con baterías, algunas de ellas ya las presentamos tiempo ha en estas páginas). Además, este tercer borrador, el finalmente aprobado, también dejaría la puerta abierta a poner en marcha instalaciones de autoconsumo de más de cien kilovatios, si bien también en este caso la realidad va un pasito, o dos (o tres), por delante del legislador (en Energías Renovables ya hemos recogido algún que otro caso de autoconsumo de más de 100 kW). En todo caso, ahora, según UNEF, se permiten explícitamente “siempre y cuando estas estén dadas de alta en el Registro Administrativo del Ministerio”. Grosso modo, esas serían las líneas maestras del RD de Soria y Nadal, siempre a la espera de la firma del BOE.

Y un apunte más
Según la nota de prensa difundida por el Consejo de Ministros, el texto contempla la creación de un registro de las instalaciones de autoconsumo "para que el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen en sus redes y garantizar, así, la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad". En realidad, lo cierto es que ahora mismo no hay registro alguno, y el sistema -aunque han ido surgiendo instalaciones de autoconsumo por doquier (decenas de megavatios)-, no ha padecido problema de seguridad alguno, pero el legislador ha querido justificar así -por motivos de seguridad- el registro obligatorio. "El Real Decreto -dice el Consejo de Ministros- contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instalaciones y demás agentes se adapten a esta norma". O sea, que podría darse el caso de que el PP perdiese las próximas elecciones, el nuevo Ejecutivo derogase esta norma (PSOE, Ciudadanos y Podemos se han comprometido a hacerlo así)... y aquí paz y después gloria. En fin, que el tándem Soria-Nadal ha establecido un plazo de seis meses, y que uno se pregunta... ¿quién va a ser el primero, pues, en apuntarse a ese registro para pagar el impuesto? Que levante la mano...

Multas
Por lo demás, el legislativo mantendría firme la amenaza de las multas multimillonarias, amenaza incluida desde la primera redacción. Según este último borrador –explican desde UNEF–, cualquiera puede ser sancionado con multas de hasta sesenta millones de euros (60) si no cumple las nuevas condiciones. Además, el borrador número tres mantiene “la posibilidad de que un inspector entre en una propiedad privada sin orden judicial para comprobar que la instalación está registrada”. El artículo 28 del borrador expone que “todo lo que no esté incluido en esta normativa está prohibido, abriendo la puerta –continúa UNEF– a que instalaciones ya legales se enfrenten a una sanción ‘muy grave’” (la de los siete ceros, 60.000.000 M€). La cuantía de la multa duplica a la que habría de pagar una empresa por no comunicar un escape nuclear –denuncian desde UNEF– y es hasta 260 veces mayor que la que habría que satisfacer “por un accidente de avión provocado por una negligencia”. En fin, una insensatez.

Perfil discriminatorio
Esta última redacción mantiene por otro lado su perfil discriminatorio, denuncia UNEF; porque discrimina a las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo –explica la asociación– al imputarles un gravamen –el impuesto al sol–, que el Ejecutivo no contempla para otras instalaciones de autoconsumo. UNEF se pregunta en ese sentido por qué se exime a las más de 900 instalaciones de cogeneración, que suponen unos 6.000 megavatios de potencia en España y autoconsumen más de 5.000 gigavatios hora al año. Si se le aplicase a la cogeneración el mismo impuesto que quiere aplicársele a la FV, el sistema –dice UNEF– recaudaría 119 millones de euros al año.

Otros autoconsumidores a los que el Gobierno también exime del pago del impuesto son las centrales nucleares, las térmicas que queman carbón y los ciclos combinados que queman gas natural. Según UNEF, si se aplicase a esas instalaciones un impuesto similar al que se le quiere aplicar a una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo doméstico, “el importe de lo recaudado ascendería a 253 millones de euros al año” (según UNEF, aproximadamente un 8% de la producción de estas instalaciones es autoconsumido).

Cero coma
La Unión Española Fotovoltaica calcula que, en el escenario más probable de penetración del autoconsumo, que protagonizarían mayoritariamente consumidores con tarifas 3.0 y 3.1 (empresas de servicios y pymes), si en España fueran instalados 200 megavatios de autoconsumo FV, el impuesto al sol derivado sumaría 6,6 millones de euros, es decir, una cantidad mínima en relación a la que el sistema podría obtener si gravase el autoconsumo nuclear y/o el que hacen las centrales térmicas que queman combustibles fósiles. Cantidad ínfima en relación con eso y sencillamente ridícula en relación a lo que mueve el mercado eléctrico nacional cada año.

Vayamos por partes
Según UNEF, “cada 100 MW instalados de autoconsumo implican una reducción de los ingresos del sistema de 2,2 millones de euros, es decir, un 0,01% del total de ingresos del sistema”. Un cero coma que le ha servido durante años al gobierno para acusar de insolidarios a los autoconsumidores. ¿Y por qué insolidarios? Pues porque se ahorran unos kilovatios (y los impuestos que cada kilovatio lleva asociados), y al ahorrarse esos impuestos, que sirven para mantener el sistema todo, lo que va a pasar es que al final el sistema lo van a tener que sostener solo los que no son autoconsumidores.

Si damos por válido el "razonamiento", ¿merecía la pena tanto jaleo por 2,2 millones de euros? Puestos a sopesar impactos... ¿Sabía el lector que el ministro de Defensa, Eduardo Morenés, compañero de pupitre de José Manuel Soria en el Consejo de Ministros, se ha levantado en septiembre un crédito extraordinario de más de 856 millones de euros (M€) “para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento”? ¿856 M€ en voz baja y montamos un cirio por 2,2? Eso… si damos por válido el "razonamiento", que por supuesto no tiene en cuenta los ahorros que para el sistema todo produce el autoconsumo (ahorros y beneficios sociales muy diversos).

Y, por fin, el balance neto
Sí, ese balance del que nada parecían querer saber Soria y Nadal. Pero, quede claro a priori de qué estamos hablando cuando decimos "balance neto". Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “por balance neto se entiende la posibilidad de diferir en el tiempo el autoconsumo, de manera que la energía excedentaria vertida a la red en un determinado momento pueda compensar parte de la demanda consumida desde la red en otro momento. Esta figura regulatoria –continúa la CNMC– obliga, debido a las acusadas oscilaciones del precio de la energía a lo largo del tiempo, a registrar de forma separada la energía producida y consumida en los distintos períodos tarifarios, de modo que se compensen flujos de valor económico comparable. Suele contemplarse asimismo un lapso de tiempo máximo (habitualmente un año) a partir del cual la energía no compensada se pierde”.

La CNMC se muestra por otro lado partidaria de la compensación en euros
Lo dice en su informe IPN/DE/011/15 de ocho de julio de 2015 (página 22): “dada la elevada variabilidad del precio de la energía eléctrica a lo largo del tiempo, el diseño de la compensación debe ser cuidadosamente elegido y, por lo general, serán preferibles esquemas de compensación en valor económico (euros) frente a esquemas de compensación en energía (megavatios hora)”. El caso es que el RD finalmente aprobado establece dos modalidades de autoconsumo. Industria lo explica así: "la primera consiste en disponer de una instalación solo para autoconsumir; esto supone que si se produce más energía de la que se consume, ese excedente puede verterse a la red eléctrica pero no venderse; la segunda modalidad incluye el autoconsumo más la venta, es decir, se puede verter y vender la energía sobrante; las condiciones son que las instalaciones tengan más de 100 kilovatios de potencia y que los vendedores estén inscritos en el Registro de productores de electricidad". Con respecto al precio que el sistema pagaría por esa energía eléctrica, el ministro ha indicado que "sería exactamente el precio horario del momento en el que la está vertiendo".

Las instalaciones FV de autoconsumo más pequeñas... esas... que regalen la electricidad
O sea, que el RD de autoconsumo se olvida por completo del balance neto cuando la instalación tiene menos de cien kilovatios. Así, si esas instalaciones vierten un kilovatio hora (kWh) a la red, pues ese kWh lo cobrará una comercializadora, pero no desde luego el vecino que lo vierta. ¿Conclusión? El Ejecutivo ha legislado de modo tal que el pequeño autoconsumidor no va a poder aprovechar ese "ingreso" -el que podría proporcionarle el balance neto- para amortizar en menos tiempo su pequeña instalación. ¿Y por qué? Pues porque así lo ha establecido el Ministerio. Porque no hay motivo alguno por el que no sea deseable también ahí el balance neto, que catapultaría lo que no es sino una solución de ahorro en el segmento más modesto, el de las pymes más pequeñas y el del ciudadano de a pie (autoconsumo doméstico). No hay motivos técnicos. Nos lo contaba hace unos meses el entonces presidente de la Plataforma Tecnológica Española Fotovoltaica, el doctor Eduardo Collado: “dificultades técnicas no hay ninguna. Ahora mismo, la generación que tenemos en FV en España es el 3% de la demanda. Pues bien, podríamos llegar perfectamente a cuatro o cinco veces más sin que la red eléctrica tuviera problemas”.

Irrefutable
El autoconsumo es irrefutable: ambiental, económica y técnicamente. Las piedras en el camino –impuestos al sol, balances que no llegan, tramitaciones alambicadas– acabarán indefectiblemente en las cunetas, como el ministerio que no vio la luz. La revolución ya ha empezado. En las cubiertas de las naves industriales, en las de las granjas, en las casas rurales, en los ayuntamientos… Ahora ya solo hace falta la voluntad política. Y empieza a haberla. La hay, ya, en la España parlamentaria de los 18 partidos -esa que está llamada a suceder al ministerio que no vio la luz, ministerio ciego-, y la hay, sobre todo, en la España ciudadana –esa que está hecha de ciudades, de pymes, de hombres, de mujeres y de proyectos en común–, esa España que vio la luz, al fin, el pasado mes de mayo y que empieza a alumbrar la ruta del autoconsumo. Y si no... léase La revolución de los ayuntamientos.

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