Patricia Iglesias considera "intolerable" que el Gobierno gallego prefiera atacar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y al Gobierno central para "ocultar su propia incompetencia" a la hora de incumplir el reparto de áreas protegidas. La dirigente socialista ha respondido a las "vergonzosas declaraciones" de la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez Mejuto, a la que ha acusado de "ocultar bajo la alfombra su propia incompetencia" y de "mentir" al decir que toda la superficie gallega estaba protegida contra la implantación de parques eólicos. La dirigente socialista ha pedido al Gobierno gallego que "haga los deberes" y que cumpla con la zonificación y ordenación territorial de los espacios protegidos para implantar parques eólicos. Iglesias ha recordado que el Plan Sectorial Eólico vigente data de 1997, por lo que su desarrollo territorial no está adaptado a la legislación ambiental posterior, como la Directiva de Biodiversidad, la Directiva de Hábitats y Ecosistemas y la III Directiva de Energías Renovables.
La portavoz de Industria del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia ha añadido por otra parte que lo que tiene que hacer la Xunta es tener en cuenta el Marco de Actuación Prioritaria para la ampliación de la Red Natura 2000 en Galicia siguiendo la normativa comunitaria, y así autorizar los parques eólicos "donde realmente se puedan construir", para evitar que sigan paralizados.
Iglesias ha recordado así mismo que la zonificación de sensibilidad ambiental se aplica desde 2021 en todo el Estado, y que muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP han adaptado su legislación, "y por tanto van por delante de Galicia en el despliegue de la eólica". La dirigente socialista ha mencionado los casos de Aragón, Castilla y León o Valencia, que “tuvieron los mismos plazos que el Gobierno gallego”, pero que éste -ha dicho- prefirió “construir la casa sobre el tejado y echarle la culpa al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, intolerable”.
La parlamentaria del PSdG ha explicado que esta situación deriva del fracaso de la política energética por parte del Gobierno gallego y su decisión de paralizar la licitación eólica en 2009, lo que dejó fuera del desarrollo eólico 2.325 MW y más de 5.000 millones de euros en inversiones. Según Iglesias, esta decisión supuso que los gallegos tuvieran que pagar alrededor de 200 millones de euros por las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las empresas promotoras afectadas.
"Dieciséis años después, el Gobierno gallego -ha concluido Iglesias- ha realizado 13 modificaciones a la Ley del Sector Eólico, ha suspendido ya 77 parques eólicos y tiene a todo el sector sumido en una inseguridad jurídica y un caos sin precedentes".
Galicia cuenta con 3.874 megavatios eólicos instalados (183 parques), de los cuales 2.007 megas (86 parques) cuentan con 20 años o más de antigüedad.
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