"Preocupación e incertidumbre en el sector eólico por la nueva propuesta de proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galicia". Así titula la Asociación Empresarial Eólica (AEE) el comunicado que ha distribuido hoy entre los medios, comunicado en el que valora, muy negativamente, la propuesta de Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas cuya tramitación parlamentaria ha emprendido la Xunta, que controla con su mayoría absoluta el Partido Popular. El sector eólico considera que "la fórmula presentada en el Proyecto de Ley -dice AEE- es errónea y perjudicial para los intereses de las empresas, la sociedad, la economía y la imagen de país". Más aún: el texto plantea "un cambio de paradigma en relación con las repotenciaciones de parques eólicos que choca frontalmente -según la Asociación- con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente" (AEE apela ahí a la Ley del Sector Eléctrico, a la Directiva europea 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, normas todas que serían vulneradas por la Ley que prepara ahora la Xunta).
El Proyecto de Ley que está trabajando el PP de Galicia establece que serán obligatorias las repotenciaciones para aquellos parques que, o bien hubieran alcanzado el final de su vida útil de diseño o bien hubieran alcanzado 25 años desde su puesta en funcionamiento, en ausencia de dichas previsiones. Y la Asociación Empresarial Eólica recuerda al legislador que el concepto de vida útil de diseño "no es sinónimo de obsolescencia del equipo, pérdida de operatividad o riesgos en la seguridad". Vida útil de diseño se refiere -insiste la AEE- al certificado del fabricante que garantiza unas prestaciones de la máquina, si se dan unas condiciones de recurso eólico, durante un número de años. Y punto. Así -añaden desde la Asociación-, la mayoría de los parques eólicos que están llegando a ese punto, el de final de vida útil de diseño, "mantienen su producción dentro de los más altos estándares de eficiencia y seguridad".
Llegados a este punto, los promotores -apuntan desde AEE- pueden optar por la "extensión de vida" o por la "repotenciación", y el momento de hacerlo "depende de cada proyecto", por lo que "no se puede generalizar ni imponer".
Dos opciones
Extensión de vida significa alargar la vida del parque sobre la vida útil certificada, lo que supone una mejora operativa de los aerogeneradores existentes. Se basa en diversas estrategias que van desde el análisis mediante modelos matemáticos y físicos del comportamiento de la máquina a nivel de subsistema, incluso de los propios materiales, hasta la sustitución de ciertos componentes con mejores prestaciones.
"La extensión de vida es una fórmula productiva, eficiente y sostenible, ya que mantiene la producción eólica necesaria para el mix -apuntan desde AEE- sin poner en peligro ningún aspecto de la seguridad".
La repotenciación consiste en el desmantelamiento y sustitución de los aerogeneradores existentes por otros nuevos más avanzados, cumpliendo con todos los requisitos para su integración en la red, que permiten mejorar el aprovechamiento del recurso primario, al incrementar la capacidad de generación para la misma disponibilidad de viento. Esta opción implica inversiones más elevadas (del orden del 80–85% del coste de un parque eólico nuevo) y tramitaciones administrativas complejas, a cambio de la mejora de producción y mayores ingresos.
La Asociación Empresarial Eólica recuerda al legislador que lleva tiempo recomendando "las medidas adecuadas para lograr activar la repotenciación con un ritmo apropiado y cumplir con los objetivos que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima" (que ha fijado como objetivo que en España haya operativos 62.000 megavatios de potencia eólica en el año 2030; actualmente hay 31.000).
Pues bien, la aceleración de la repotenciación -considera AEE- debe basarse en implantar "medidas que la faciliten y reduzcan riesgo en el proceso, y debe basarse en medidas que ayuden a elaborar los estudios de impacto ambiental con una óptica diferencial, y ayuden a cumplir la normativa europea al respecto garantizando los plazos máximos de tramitación".
En ese sentido, AEE defiende que "en ningún caso la repotenciación se lleve a cabo bajo 'mandato' y mucho menos asumir la amenaza de que un propietario pueda verse privado del acceso a la Red si no activa una repotenciación en el momento que una Administración así lo decida".
Juan Virgilio Márquez, director general de AEE: “la obligación de repotenciar agrava la ya dramática situación de inseguridad jurídica que se vive en Galicia, donde más de 2.000 megavatios de nuevos proyectos eólicos se encuentran paralizados por medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o a la espera de la solución a la cuestión prejudicial que el propio TSXG ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Galicia, cualquier desarrollo de un parque eólico, sea nuevo o repotenciado, se enfrenta a una incertidumbre enorme. En la actualidad, hay más de 2.000 MW de parques eólicos existentes en Galicia que, de aprobarse el Proyecto de Ley, se verían obligados a plantear su repotenciación de forma automática y casi al unísono. Parques que están produciendo con total normalidad y aportando energía competitiva y descarbonizada al sistema, serían obligados a enfrentarse a un proceso administrativo que no ofrece garantías”
Los servicios jurídicos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) sostienen que la obligación de repotenciar un parque, tal y como se plantea en el Proyecto de Ley que ha alumbrado la Xunta de Galicia, vulnera varias normas. AEE destaca los tres siguientes aspectos.
• Vulneración de la configuración de la generación de energía eléctrica como actividad liberalizada y libre (artículo 2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, o LSE) y afectación al principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución Española). La Ley del Sector Eléctrico, aprobada por cierto por el primer Gobierno Rajoy, es una Ley estatal básica (artículo 149.1.13 y 149.1.23) y, en ella -recuerdan desde AEE-, las instalaciones de generación renovable que tengan autorización de explotación pueden funcionar sin límite de tiempo: "no se contempla -sostiene la Asociación- la posibilidad de modificar esa autorización o de obligar a cerrar la instalación; por el contrario, el cierre de cualquier instalación está sujeto a autorización, porque la generación es una actividad básica de servicio de interés económico general". Efectivamente, según el artículo 2 de la Ley del Sector Eléctrico, "el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general".
• Vulneración del derecho a la libertad de establecimiento de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), al obligar a una empresa que no repotencie a cerrar o no poder funcionar por perder el acceso a la red. El Preámbulo de la Directiva 2019/944 señala que “solo un mercado interior plenamente abierto que permita […] a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes, es compatible con las libertades”.
• El concepto de vida regulatoria está solo ligado a la percepción de un régimen retributivo específico, pero no impide a una instalación renovable continuar su funcionamiento una vez alcanzado el fin de vida regulatoria. Es más, la vida regulatoria "es, por principio, inferior a la duración de la vida operativa de la instalación, ya que los marcos regulatorios se diseñan para cubrir solo una parte de la vida operativa de las instalaciones", que es aquel lapso durante el cual el regulador ve razonable que se pueda devolver la deuda. "Una Comunidad Autónoma -sostiene la AEE- no puede alterar esos principios básicos de la regulación estatal".
La Asociación Empresarial Eólica concluye su comunicado con un mensaje de alerta: "el esfuerzo de la Administración Pública y los promotores para intentar acelerar la tramitación de instalaciones renovables en Galicia puede verse penalizado por propuestas como esta, que, lejos de acelerar la puesta en marcha de los proyectos de repotenciación, pueden convertir lo que debería ser un proceso paulatino, sencillo y natural, con facilidades por parte de las Administraciones Públicas, en una suerte de rosario de exigencias y cumplimientos, con mucho riesgo en el camino, que puede terminar judicializando los proyectos".
Galicia cuenta con 3.874 megavatios eólicos instalados (183 parques), de los cuales 2.007 megas (86 parques) cuentan con 20 años o más de antigüedad.
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