La Asociación Eólica de Galicia (EGA) advierte de que la judicialización de los expedientes eólicos puede llegar a afectar a los 75 proyectos que cuentan con la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y autorización administrativa para su construcción. “El proceso de análisis ambiental -explican desde EGA- es muy garantista", hasta el punto de que debe superar la evaluación "de una quincena de organismos", porque los parques necesitan -continúa la Asociación- avales varios derivados de aplicar la normativa autonómica, la normativa estatal y la normativa comunitaria "con los preceptivos informes". Así, y dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación ámbiental -recalca EGA- puede llevar entre cuatro y diez años, período a lo largo del cual se invierten "muchos recursos privados y públicos". La meta de todo ese proceso -garantista, insisten en EGA- es la Declaración de Impacto Ambiental favorable, hito a partir del cual el proyecto puede encaminarse hacia la obtención de la Autorización Administrativa de Construcción.
Pues bien, en los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos por denuncias de determinados colectivos, que consideran inasumible (a pesar de la DIA favorable) el impacto ambiental de determinados proyectos. La Asociación Empresarial Eólica difundió hace una semana un comunicado en el que sostenía que los tribunales gallegos están haciendo "en los últimos meses" una interpretación judicial "inédita" de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental "y, en particular, del proceso de participación pública", interpretación -sostiene AEE- que está poniendo en peligro el despliegue de nueva potencia eólica en la región (léase sobre el particular). Y ahora EGA advierte (en el mismo sentido) de los riesgos que pueden derivarse de esta situación.
“Estaríamos en una coyuntura de consecuencias catastróficas (...). Este escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica ya genera pérdida de confianza entre los inversores; lo que dificulta la atracción de capital para futuros proyectos en Galicia, tanto renovables como eólicos, dado el efecto de contagio que puede suponer la pérdida de validez de las autorizaciones emitidas por la Administración”, explica EGA en su comunicado.
La Asociación adelanta que la actividad industrial y económica gallega se verá afectada, "dada la importante cantidad de empresas y trabajadores" vinculados al sector renovable. Además -añaden-, muchos de los proyectos eólicos tienen aparejados contratos de suministro de electricidad a largo plazo y a precios competitivos, por lo que "la señal que se da a otros sectores energéticos en desarrollo", como el del hidrógeno es "negativa”.
Naturgy por ejemplo obtuvo hace unos meses Declaración de Impacto Ambiental "favorable" para el parque eólico Meirama y presentó, junto a Reganosa y Repsol, un proyecto de producción de biometano a partir excedentes de purín y otros residuos, y otro de producción de hidrógeno renovable. Este proyecto concreto se enmarca en el plan que está desarrollando Naturgy asociado al cierre de la central térmica de Meirama.
Asociación Eólica de Galicia, EGA
«Los proyectos de fábrica de neumáticos, el de fibras textiles, el de grafito para baterías de coches eléctricos y la construcción de plataformas flotantes, así como la supervivencia de Alcoa y todas las industrias electrointensivas, entre otras, están en riesgo. Hablamos de defender la industria gallega en general, porque toda se vería seriamente perjudicada»
«Se han invertido innumerables recursos y esfuerzos para que Galicia, su industria y población cuenten con un sistema energético renovable que la haga más competitiva. Y no podemos perder el tren de las fuentes limpias, ya que en última instancia se trata del tren de la energía y, por tanto, de la industrialización y desarrollo de Galicia»
«Nos cuesta entender que algunos colectivos contrarios a las energías renovables, y en particular a la energía eólica, logren dilatar o aplazar sin fecha proyectos amparándose en un supuesto interés general, cuando la producción de energía obedece a un interés general público superior, no reconocido. Esto nos puede llevar a una arcadia industrial, una nueva emigración y la huida de capital inversor a otras comunidades autónomas o países limítrofes, como ya está ocurriendo»
Galicia posee alrededor de 3.800 megavatios eólicos instalados y es la cuarta comunidad autónoma por potencia, pero sigue importando casi un 75% de energía primaria procedente de combustibles fósiles contaminantes. El sector, que aporta el 1% al PIB gallego, mantiene más de 5.500 empleos, pero EGA alerta: "hoy están en peligro otros 2.500 nuevos empleos de calidad a corto plazo, y miles de puestos en otras actividades industriales derivadas de la construcción de estos nuevos parques, es decir, el futuro económico e industrial de Galicia”.
