"Las tramitaciones de los nuevos parques eólicos -sostiene AEE en su comunicado- cumplen con lo establecido en la ley y atienden a los informes técnicos preceptivos". Sin embargo -denuncia la Asociación-, "en los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos". La historia es tal y como sigue. Para empezar -apuntan desde AEE-, el proceso de análisis ambiental de los proyectos renovables es en nuestro país "garantista", pudiendo llegar a transcurrir, en función de la complejidad del proyecto y de la comunidad autónoma, hasta "más de 900 días desde la aportación de los primeros estudios iniciales hasta la obtención o denegación final de la autorización ambiental por parte del órgano competente".
En ese lapso hay siempre un proceso de consulta pública, que inicia el órgano de la administración responsable de la tramitación. Tal y como establece la ley -continúa AEE-, el proceso se inicia para recabar información por parte de otros órganos que pueden tener que emitir informes técnicos al respecto, y para recabar también alegaciones o comentarios por parte de cualquier organización o parte interesada. Una vez cumplido el plazo para recibir comentarios, alegaciones o informes, el órgano responsable analiza la documentación y procede a aprobar o no el proyecto, requiriendo o no modificaciones al mismo, e incluso exigiendo en muchos casos "medidas compensatorias o preventivas" al promotor, sin las cuales el proyecto no se puede construir.
Pues bien, lo que está sucediendo en los últimos meses -apuntan desde AEE- es que algunos "colectivos anti-eólicos" están planteando que, para que la ciudadanía pueda emitir su valoración sobre el proyecto en la fase de consulta pública, ésta debe disponer previamente "de todos y cada uno de los informes técnicos –muchos de ellos, muy especializados, y sobre disciplinas que requieren de un conocimiento técnico profundo de la materia, lo que constituye -según la Asociación- una táctica que tiene como fin dilatar el proceso". Y eso sería lo que está sucediendo: que los procedimientos se están alargando. AEE habla de "bloqueo estructural de las gestiones pertinentes" y de dilación "sine die" de los procesos, lo que además está causando incertidumbre "en las empresas que tienen que invertir en el territorio".
La Asociación Empresarial Eólica denuncia
«En los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos. Con la interpretación de los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, se pone en peligro el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia. Con esta inédita interpretación judicial, también se pone en tela de juicio el proceso que se ha venido llevando a cabo durante más de 10 años, en la fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o de infraestructuras públicas en nuestro país y en Europa»
Más aún: según la AEE, los proyectos que están siendo paralizados cuentan ya con la aprobación ambiental y la autorización de construcción por parte de los órganos técnicos competentes por parte de la Xunta de Galicia.
La Asociación ha difundido hoy su comunicado "desde el máximo respeto a las decisiones de los tribunales de justicia". Ello no ha sido óbice, en todo caso, para que alerte sobre los riesgos que entraña esta situación. AEE habla de "inseguridad jurídica para acometer inversiones en nuevos proyectos eólicos", algo que puede acarrear -sostienen desde la patronal- consecuencias socio económicas "muy graves".
La Asociación los ha cuantificado
"Según los estudios realizados en el sector a partir de la experiencia contrastada de años de desarrollo eólico en España -explican desde AEE-, el retraso de un año en la tramitación de un parque eólico de cincuenta megavatios en Galicia tiene un coste para la economía gallega y española de 77,1 millones de euros". Estos son los siguientes impactos, según la Asociación:
• Impacto en empleo: 450 empleos que se dejan de generar, se retrasa su creación o se pueden llegar a perder en la cadena de valor al reducirse los encargos de aerogeneradores, componentes y materias primas para la construcción del parque eólico.
• Pérdida de encargos de fabricación: 55 millones de euros en encargos a las fábricas. España cuenta con el 100% de la cadena de valor de la eólica.
• Mayor coste para las familias: 19,3 millones de euros que los consumidores eléctricos dejan de ahorrar, al no sustituir el gas natural que sería necesario importar para generar la electricidad que produciría el parque eólico:
a) 14,5 millones de euros en importaciones de gas natural (310 gigavatios hora).
b) 4,8 millones de euros de derechos de emisión de CO2 que hay que pagar por parte de los consumidores por las más de 57.000 Ton CO2 que se seguirían emitiendo a la atmósfera.
• Menores ingresos fiscales para los ayuntamientos, los propietarios de los terrenos y la Administración pública gallega:
a) 2,8 millones de euros durante el primer año en ingresos para el presupuesto de los ayuntamientos, Xunta de Galicia y los arrendatarios de los terrenos donde se ubica el parque, que se pueden reinvertir en la mejora de infraestructuras y equipamientos sociales o en dar cobertura a los colectivos locales más desfavorecidos, entre otras actuaciones.
b) 734.000 euros al año de ingresos los siguientes años durante por lo menos 25 años.
Por otro lado, AEE sostiene que Galicia siempre ha sido "una comunidad autónoma que ha destacado por el desarrollo sostenible de las renovables y que se ha posicionado como región ejemplar en el desarrollo respetuoso con el entorno y sus vecinos". Los gallegos -aseguran desde la Asociación- son "conscientes del enorme recorrido que aún queda en materia de impulso de las renovables y, lejos de ser un hándicap, se percibe como una oportunidad".
Según la encuesta realizada por la plataforma Vientos de Futuro (2022), los gallegos son los más convencidos de la aportación en empleo que supone la energía eólica para el país. Algunos de los resultados más destacados de la encuesta en Galicia son los siguientes:
• El 99% de los gallegos considera que la eólica es compatible con otras actividades, como ganadería o agricultura.
• El 89% está de acuerdo con que la lucha contra el cambio climático pasa porque los gobiernos reduzcan las energías contaminantes y apuesten por las energías renovables.
• El 83% apoya el desarrollo de la industria eólica como medida para avanzar en energías renovables en su entorno.
• El 64% afirma que autorizar la creación de nuevos parques eólicos garantiza la protección de ecosistemas y medioambiente.
La Asociación Empresarial Eólica concluye su comunicado instando "a la búsqueda urgente de una solución para desbloquear los proyectos actualmente paralizados y evitar que nuevos proyectos sigan el mismo camino". Según AEE, los "problemas estructurales" que se están viviendo en Galicia "pueden acarrear efectos muy negativos y que están condicionados por estrategias de colectivos anti-eólicos, que se basan en justificaciones sin rigor técnico, pero con un fuerte componente ideológico y político, y con intereses contrarios al desarrollo territorial y a la penetración de energías renovables en la comunidad autónoma".
