El Tratado de la Carta de la Energía -explican los ecologistas- fue firmado por el Gobierno de Felipe González en 1994, "a espaldas de la ciudadanía y sin participación ni debate público" (el Tratado fue suscrito por el Ejecutivo español junto a otros 52 países de Europa y Asia). Según la plataforma No a los Tratados de Comercio e Inversión, el TCE otorga a los inversores extranjeros del sector energético amplios poderes para demandar a los Estados en cuyos territorios invierten. Si el inversor considera que el gobierno del estado en el que invierte ha aprobado una medida que perjudica sus beneficios económicos, presentes o futuros, puede echar mano del TCE. ¿Cómo? Utilizando un sistema paralelo de justicia, el Investor State Dispute Settlement (ISDS), para demandar a ese gobierno y reclamarle compensaciones si considera que ese gobierno ha aprobado una norma que perjudica sus intereses (compensaciones en la mayoría de los casos de miles de millones de euros que acaban saliendo de las arcas públicas). El TCE es cada vez más controvertido, sobre todo por su potencial para bloquear el abandono de combustibles fósiles. De hecho, el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ha alertado de que el TCE y el ISDS son un obstáculo para la implementación de políticas de mitigación del cambio climático.
Pues bien, contra el TCE llevan años trabajando la plataforma No a los Tratados de Comercio e Inversión (noalttip.org) y así mismo las principales organizaciones ambientales del estado español (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF). La piedra angular de este Tratado, el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a inversores y multinacionales energéticas -como apuntamos arriba- demandar a los Estados ante tribunales privados y reclamar compensaciones millonarias por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos, hecho que ha dado lugar a más de 140 demandas conocidas, muchas de ellas a raíz del desarrollo de planes para la descarbonización por parte de los países. Así, y según Investigate Europe, “a día de hoy la infraestructura fósil protegida por el TCE en Europa asciende a 344.600 millones de euros”.
Ahora, las declaraciones de Ribera se producen a tan solo tres días de que los países signatarios se reúnan en una Conferencia extraordinaria en Bruselas, un encuentro que pretende ser el broche final del proceso de modernización del Tratado, iniciado hace más de cuatro años con el supuesto objetivo de alinearlo con el Acuerdo de París.
Este viernes, 24 de junio, la Secretaría del TCE y otros países signatarios buscan alcanzar un “acuerdo modernizado”. Pero el anuncio de Teresa Ribera -explican los ecologistas- podría truncar estos planes e influenciar a otros países de la UE como Francia, Alemania, Polonia o Grecia a que sigan sus pasos, inclinando la balanza definitivamente a favor de la salida.
La ministra ha manifestado al medio digital Politico que “después de 14 rondas de negociaciones sin avances sustanciales, está claro que el proceso de modernización no garantizará la alineación del TCE con el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto Verde Europeo" y que "en un momento en el que acelerar una transición energética limpia es más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus Estados miembro inicien una retirada coordinada del TCE".
Esta es una demanda que las organizaciones de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, junto con las principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) llevan más de dos años pidiendo. Apuntan que, en el mejor de los casos, las inversiones existentes en combustibles fósiles seguirán protegidas hasta 2030 e incluso hasta 2040, en el caso de algunas infraestructuras gasistas.
Clàudia Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción: “esta propuesta es absolutamente inaceptable porque compromete el futuro del clima a nivel global. Como por fin ha reconocido la Ministra, la salida es el único camino y esperamos que este viernes la Comisión sea consecuente y actúe a favor de la ciudadanía y no de los intereses fósiles”
La Comisión, que dirige las conversaciones sobre el acuerdo, tendrá que dejar clara la posición de Europa antes del fin de semana.
Por otro lado, el mismo día de la declaración de la Ministra, cinco jóvenes víctimas de desastres climáticos de distintas partes del mundo han demandado a 12 países europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Denuncian que el TCE obstaculiza la acción climática y compromete su futuro. Los países en cuestión son Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Hasta la fecha, existen 145 demandas conocidas contra los países miembro del TCE, muchas de ellas a raíz de medidas que los gobiernos han impulsado para favorecer la transición energética.
Concretamente, solo cinco compañías energéticas (Rockhopper, Ascent Resources, RWE, Uniper, y Prairie Mining) están reclamando 4.000 millones de euros a cuatro países (Italia, Eslovenia, Países Bajos y Rumanía) por sus medidas de descarbonización.
Por su parte, España es el país más demandado debido a los recortes a los subsidios de energías renovables entre 2009 y 2011, y acumula 53 demandas y una cantidad reclamada de más de 10.000 millones de euros.
Ecologistas en Acción advierte que, en un momento en el que el despliegue de las renovables está causando graves impactos ambientales y sociales por su falta de planificación, “legislar para que se realice de forma adecuada, planificada y zonificada será muy complicado bajo el TCE”.
Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la campaña contra el Tratado de la Carta de la Energía: "hasta ahora ningún país se había atrevido a dar un paso en esta dirección. Celebramos el anuncio de la ministra, ya que puede ser el inicio del fin de un tratado obsoleto que se ha vuelto un lastre para las políticas climáticas, el bienestar de la ciudadanía y las arcas públicas”.
La retirada de España del TCE es una de las 10 propuestas que recientemente presentaron al Gobierno las cinco organizaciones ecologistas para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica en el contexto de crisis derivada de la guerra en Ucrania.
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