El Tratado sobre la Carta de la Energía es un marco multilateral para la cooperación en materia de energía diseñado, en principio, para fomentar la seguridad energética mediante unos mercados de la energía más abiertos y competitivos, respetando los principios de desarrollo sostenible y la soberanía sobre los recursos energéticos. Sin embargo la entrada en vigor del Acuerdo de París de 2015 impone una nueva visión del futuro de la energía con el objetivo de su descarbonización, según indica López de Uralde.
En una petición enviada al Gobierno, el presidente de la Comisión de Transición Ecológica manifestaba su preocupación ante las actuales negociaciones sobre el Tratado sobre la Carta de la Energía, al considerar que “está muy lejos de ser compatible con el Acuerdo de París”. El diputado ecologista señalaba, además que, aunque actualmente se encuentra en fase de negociación, no parece que tal proceso prevea “poner fin a las inversiones en combustibles fósiles, la eliminación del mecanismo ISDS (Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado), ni la incorporación de mecanismos de acción climática vinculantes”.
López de Uralde pedía información al Gobierno al respecto y le preguntaba si apoyaba las peticiones de más de cien eurodiputado de seis grupos políticos diferentes y 142 diputados de 20 países europeos relativas a una reforma del Tratado sobre la Carta de la Energía que incluya medidas orientadas a eliminar la protección a las inversiones en combustibles fósiles.
Más de 220 organizaciones, sindicatos y representantes de la sociedad civil remitieron también recientemente una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que piden la salida del España TCE. Afirman que el tratado se ha vuelto en contra de los Estados firmantes y se ha convertido en un coladero de reclamaciones millonarias. A través del mecanismo ISDS permite a las multinacionales e inversores demandar a los Estados si estas consideran que las medidas legislativas van en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros. De hecho, España ya ha sido condenada a pagar más de mil millones de euros y hay reclamaciones en cuerso por más de 8.000 millones.
Respuesta del Gobierno
En la respuesta dirigida al presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que le fue remitida el pasado 30 de diciembre, el Gobierno reconoce que el Tratado de la Carga de la Energía "no es actualmente compatible con el Acuerdo de París, firmado en 2015, ni con el reciente Pacto Verde ni con el objetivo de neutralidad climática antes de 2050". Asimismo, "considera necesario excluir las nuevas inversiones en combustibles fósiles de la protección del TCE y garantizar el derecho a regular de las partes contratantes”.
El Gobierno también recuerda en la respueta que "el TCE se encuentra desde el año pasado inmerso en un proceso de modernización en el que España, junto con la Comisión Europea y un gran número de países, defiende la necesidad de alinear el Tratado con el Acuerdo de París y el objetivo de neutralidad climática antes de 2050".
Para Juantxo López de Uralde, “No podíamos esperar otra cosa de un gobierno que ha hecho una apuesta tan decidida por la transición energética. Las inversiones en combustibles fósiles deben quedar atrás si lo que se pretende es abordar de manera efectiva la lucha contra el cambio climático, sin excepciones”. López de Uralde recuerda, además, que “pronto tendremos aprobada una ley de cambio climático en nuestro país, y nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a ese objetivo de neutralidad climática antes de 2050”. 
