La tercera ronda de negociaciones para modernizar "un tratado absolutamente obsoleto que solo responde a las necesidades de los grandes inversores en combustibles fósiles" ya ha comenzado (concluye el próximo 6 de noviembre). Y, sobre la mesa, hay dos reivindicaciones clave, recogidas en una declaración apoyada por 102 eurodiputados y eurodiputadas de seis grupos políticos diferentes y 142 diputados y diputadas de 20 países europeos: la reforma del Tratado sobre la Carta de la Energía "debe eliminar la protección a las inversiones en combustibles fósiles y el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados".
Los firmantes de la declaración denuncian que el Tratado sobre la Carta de la Energía protege las inversiones en energías fósiles -petróleo, carbón y gas- y permite que inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos ante tribunales privados por la puesta en marcha de medidas climáticas. "Si los combustibles fósiles no se eliminan progresivamente -explican desde Ecologistas en Acción-, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas por el TCE en 2050 equivaldrían a un tercio del presupuesto mundial de carbono restante para el período 2018 - 2050".
La declaración de los diputados finaliza con un llamamiento a los Estados miembro de la UE para que, en caso de que no se logren los dos objetivos propuestos, “se exploren las vías para su retirada conjunta del TCE a finales de este mismo año”. Según Ecologistas en Acción, los gobiernos tienen la última oportunidad para fortalecer sus compromisos climáticos como parte del proceso de modernización del tratado.
El número total de demandas conocidas bajo el TCE asciende a 129, según Ecologistas, que alerta: "la implementación de la nueva Ley de Clima de la Unión Europea o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España desencadenará nuevas demandas contra Estados que ponen en marcha sus planes nacionales de descarbonización; de hecho, si no se abandonan los combustibles fósiles las demandas contra Estados bajo el TCE podrían costar 1,3 billones de euros a los Estados miembro de la UE en 2050".
La oenegé señala un ejemplo: recientemente, Países Bajos ha sido amenazado con una demanda millonaria por parte de la energética Uniper debido a su política de cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030.
Contexto
La Comisión Europea ha fracasado en su compromiso de adoptar una postura común sobre la definición de actividad económica en el sector de la energía. Por ello, el debate sobre si los combustibles fósiles deben excluirse de la protección del TCE no estará en la agenda de negociación.
Las propuestas que está impulsando la Comisión permitirían al menos 10 años más de protección a las inversiones en carbón, petróleo y gas, mientras que las inversiones en infraestructuras gasísticas podrían seguir siendo protegidas hasta 2040.
Asimismo -apuntan los ecologistas, tecnologías muy controvertidas, como el hidrógeno o la biomasa, podrían llegar a incluirse en el sistema de protección de inversiones del Tratado. Esto condena los propios compromisos climáticos de la UE: el proceso de modernización del TCE se alargará más allá de 2020 y el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo se convierten en papel mojado.
En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que sólo quedaban 11 años para evitar un aumento de la temperatura mundial por encima de 1,5 ºC. Por lo menos el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben mantenerse bajo el suelo para evitar impactos catastróficos de la crisis climática. El Tratado sobre la Carta de la Energía camina en la dirección opuesta.
Así explica el TCE la Unión Europea
El Tratado sobre la Carta de la Energía («TCE») es un acuerdo comercial y de inversión de carácter multilateral aplicable al sector de la energía. La Unión lo firmó en diciembre de 1994 y entró en vigor en su territorio en abril de 1998. Hasta la fecha, cincuenta y dos Estados se han sumado al TCE, junto con la Unión y Euratom. Los Estados miembros de la Unión representan aproximadamente la mitad de los miembros de la Conferencia de la Carta Europea de la Energía y de las Partes Contratantes del TCE.
Las disposiciones fundamentales del Tratado se refieren a la protección de las inversiones, el comercio de materias y productos energéticos, el tránsito y la solución de diferencias. Desde los años noventa del siglo pasado, (la mayoría de) las disposiciones del TCE no se han revisado. Esto se ha convertido en un asunto especialmente problemático en relación con las disposiciones del TCE relativas a la protección de las inversiones, que no son coherentes con las normas actuales al respecto, plasmadas en el enfoque reformado de la Unión. Estas disposiciones anticuadas ya no son sostenibles ni adecuadas para afrontar los retos actuales. De ahí que este sea el acuerdo de inversión que más litigios causa a nivel mundial.
