Las empresas propietarias de Almaraz son Iberdrola, que controla casi el 53% de esa propiedad; Endesa, con el 36%; y Naturgy, con el 11,3%. Iberdrola ha declarado un beneficio neto de 5.471 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024 (último dato consolidado); Endesa ha declarado un beneficio neto de 1.404 millones de euros en el mismo lapso, un 33% más que en el mismo periodo del 2023; y Naturgy ha declarado un beneficio neto de más de 1.800 millones de euros en esos primeros nueve meses del año, último dato también publicado (a finales de febrero todas las compañías presentarán su Balance 2024). La carta de la presidenta extremeña, recogida por la agencia Europa Press, mantiene en todo caso que "es evidente que al disparar el Estado los impuestos a la producción de energía eléctrica, se hace muy difícil la rentabilidad a las empresas que operan las centrales", por lo que considera que es el Gobierno nacional el que "tiene que dar una solución a las consecuencias de ese apagón*, y no con alternativas a largo plazo" (en la que se trata probablemente de una referencia a los proyectos de energías renovables y almacenamiento que están previstos en Extremadura).
*Hablar de apagón, cuando Almaraz 1, el reactor que habrá de desconectarse en 2027, aporta alrededor del 3% de la electricidad nacional, quizá parece algo forzado. Hace 20 años, en 1995, la energía nuclear supuso el 36,5% de toda la producción eléctrica nacional, y en 1998 esa cuota se elevó hasta el 37,2%, mientras que el año pasado, 2024, los siete reactores nucleares que aún operan en España (todos juntos) produjeron el 19,6%.
La jefa del Ejecutivo extremeño recuerda en su misiva por otro lado que la planta cacereña "está libre de emisiones de carbono y reconocida como energía verde por la Unión Europea", y destaca además que Almaraz ha obtenido el nivel 1 de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), dentro del grupo de plantas con un "desempeño excelente, y cumple con los objetivos de la industria nuclear establecidos por este organismo intemacional para 2030".
Con respecto al "desempeño excelente"
La jerga nuclear nacional denomina "sucesos notificados" a las averías que sufren las centrales nucleares españolas (averías que los propietarios de estas instalaciones deben notificar al Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, que es un organismo dependiente del Estado). Pues bien, los siete reactores que aún operan en España han sumado hasta 33 "sucesos notificados" en el año 2024. Y los dos reactores nucleares más conflictivos han sido, en este ejercicio que acaba de concluir (2024), Cofrentes (Iberdrola), que ha registrado siete (7 "sucesos notificados", o averías) y Almaraz II, que ha debido notificar en 2024 al CSN hasta cinco sucesos (5) y que ya ha abierto (lo hacía el pasado 9 de enero)su cuenta anual de averías 2025. Esa primera avería del año derivó en lo que la jerga nuclear denomina una "parada automática", en realidad una parada no programada a la que el operador del sistema debe reaccionar para que no peligre la estabilidad.
Sea como fuere, la presidenta del Ejecutivo extremeño, la popular María Guardiola, ha querido destacar en su misiva que ese "desempeño excelente (...) es la consecuencia de las notables inversiones realizadas por las empresas propietarias", y ha defendido que por este motivo "puede prorrogarse su vida útil más allá de los 40 años", como ha ocurrido con su "gemela" en Estados Unidos, la central de North Anna, con licencia para 80 años de actividad.
Guardiola recuerda por otro lado en su carta a Pedro Sánchez que la central de Almaraz "produce el 7% de la energía que consume España", y alerta de que su cierre "no sólo afectará a la soberanía energética" del país, sino que supondría "la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo en Extremadura".
La apelación a la "soberanía energética" contrasta sin embargo con la realidad nuclear nacional. El uranio que gastan las centrales nucleares españolas no procede de minas españolas (en España no hay minas de uranio). El uranio que importan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para alimentar sus centrales nucleares llega desde Uzbekistán, Kazajistán, Namibia o Rusia, según la propia patronal del sector nuclear nacional.
La primera mandataria extremeña destaca por otro lado en su carta que, de cara a futuro, va a ser "indispensable asegurar el acceso a la energía" que la región produce a proyectos como el del grupo Envision en Navalmoral de la Mata (la empresa china quiere construir una fábrica de baterías), o los dos grandes campus de centros de datos enfocados a la inteligencia artificial anunciados por la Junta de Extremadura y el grupo Merlin Properties.
Así, defiende Guardiola que en la actualidad, el parque nuclear español, formado por cinco centrales, es "esencial en este momento", y hasta que las renovables "puedan asegurar el completo y continuo suministro de electricidad a España".
Por todo ello, "es el Gobierno nacional quien tiene que dar una solución a las consecuencias de ese apagón, y no con alternativas a largo plazo", reafirma la presidenta extremeña, que considera que si el Gobierno de España "no reconsidera una bajada de impuestos a las empresas que producen una energía limpia y necesaria para la transición ecológica", el propio Ejecutivo "debe plantearse el hacerse cargo de ese parque nuclear".
De esta forma, se evitará dejar a estas centrales "al albur de decisiones empresariales que están motivadas por una política fiscal que no deja otra salida a las operadoras", resalta Guardiola.
Efectivamente, la decisión de cierre de Almaraz no la ha tomado el Gobierno. Han sido las compañías propietarias las que firmaron en marzo de 2019 un "protocolo de cese ordenado de explotación" con la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (Enresa), con un calendario de cierre para todo el parque nuclear nacional (Almaraz 1 debe cerrar en 2027, Almaraz 2, en 2028).
Desde entonces, además, "ninguna de las empresas titulares de las centrales -explicaban recientemente fuentes del Ministerio- ha solicitado al Gobierno la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España" (el apunte ministerial no ha sido desmentido). Más aún -añadía el Ministerio-, ninguno de los planes de negocio de ninguna de las compañías aludidas prevé la modificación del calendario de cierre.
El caso es que, según las consideraciones de la presidenta extremeña, la "situación de urgencia" (en relación al cierre programado) "compromete el desarrollo industrial y el progreso" de Extremadura, y, dado ese marco, Guardiola traslada a Pedro Sánchez la "necesidad" de que la central nuclear de Almaraz continúe funcionando". La ejecutiva popular insiste en su misiva en que la "alternativa al cierre" es que esta planta "pueda seguir siendo operada directamente por el Estado, a través de los mecanismos que considere oportunos".
"Creemos que el interés general debe primar en el contexto que le he expuesto", ya que de esta forma, añade Guardiola, se evitarían "situaciones irreversibles como las que se están produciendo ya en países como Alemania**", por lo que le emplaza a que "reconsidere" el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima "teniendo en cuenta la situación y las soluciones que acabo de plantear".
Finalmente, la presidenta extremeña informa a Sánchez de que el gobierno de la Junta de Extremadura ha trasladado también esta problemática a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "teniendo en cuenta que la energía nuclear es una de las prioridades de la actual legislatura", y de hecho, "se encuentra en el Informe Draghi y está también respaldada y avalada por el Banco Europeo de Inversiones", concluye.
**Sobre Alemania. La carta de la presidenta Guardiola no ahonda en esa alusión. Lo cierto es que, efectivamente, Alemania ha desconectado más de 10.000 megavatios de potencia nuclear entre 2015 y 2022, y emite hoy menos CO2 per capita (CO2 procedente de la generación de electricidad con carbón) que hace nueve años, cuando sí estaban operando en el país esos 10.000 megavatios de potencia nuclear. La locomotora del Viejo Continente emitía 2,72 toneladas de CO2 per capita en 2015 y emitió en 2022 1,77 toneladas (coal power emissions) por habitante. El dato aparece en el informe G20 Per Capita Coal Power Emissions 2023, que publicó em 2023 el grupo multinacional de expertos en energía Ember. En emisiones per capita (relativas a la generación con carbón)
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