Esta es la primera vez -informa el Ministerio- que se somete a "evaluación ambiental estratégica" un plan de estas características, que establece la hoja de ruta para gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de todas las centrales nucleares del país. La propuesta de 7º PGRR, que estará disponible en el apartado de participación pública de la página oficial del Ministerio, se sometió a consultas el 16 de marzo de 2020, dando respuesta a la necesidad de actualizar el 6º PGRR, aprobado en 2006. Segun el Ministerio, esta primera fase de consultas ha permitido determinar el alcance del Estudio Ambiental Estratégico, "que incluye objetivos de protección ambiental y una valoración de los impactos, así como medidas preventivas y correctoras, junto con una propuesta de vigilancia ambiental, la valoración de alternativas y la relación con otros planes nacionales y autonómicos". Según el Ministerio, la decisión final sobre si lo mejor es un almacén centralizado o uno por cada central nuclear "requiere necesariamente de un alto grado de consenso social, político e institucional, además de una buena valoración técnica y un marco de participación pública".
La versión inicial del 7º PGRR contempla un escenario de referencia que incluye
• Cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales, firmado en marzo de 2019 entre los propietarios de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y Enresa, entidad de carácter público y sin ánimo de lucro responsable de la gestión de los residuos radiactivos (la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares constituye un servicio público esencial reservado al Estado, según la la Ley sobre Energía Nuclear, aprobada en 1964).
• Inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
• Continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento.
• Puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad o, alternativamente, de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares. A diferencia de los ATI, los ATD deberán contar con una instalación complementaria para operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado.
• Almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP).
• Continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.
Según el 7º PGRR, para la definición de la estrategia para la gestión del combustible gastado, los residuos de alta actividad y los residuos especiales, como fase intermedia posterior a las piscinas y los Almacenes Temporales Individualizados y previa a su traslado al Almacén Geológico Profundo, se consideran dos alternativas: un almacén temporal centralizado (ATC) en una única ubicación y/o siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en cada una de las siete centrales nucleares.
Opción 1
El Almacén Temporal Centralizado (ATC) centralizará el combustible gastado generado en las centrales nucleares; los residuos radiactivos resultantes del reproceso del combustible gastado de la Central Nuclear de Vandellós I, actualmente almacenados en Francia; así como los residuos radiactivos procedentes de los desmantelamientos y otros pequeños volúmenes de residuos radiactivos generados fuera de las instalaciones o de las actividades de ciclo de combustible nuclear, que por su nivel de actividad no puedan ser almacenados en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en España El Cabril (Córdoba). La entrada en operación del ATC está prevista para el año 2030. Enresa estima que el coste de esta opción sería de 19.234 millones de euros.
Opción 2
Los siete emplazamientos con combustible gastado (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós II) contarán con un Almacén Temporal Descentralizado con capacidad de almacenamiento suficiente para albergar la totalidad del combustible gastado, residuos de alta actividad y residuos especiales que se generen durante la operación y desmantelamiento de cada central, así como con los medios necesarios para su explotación hasta su traslado al Almacén Geológico Profundo. Enresa estima que el coste de esta opción sería de 17.109 millones de euros.
La entrada en operación del Almacén Geológico Profundo está prevista para el año 2073.
Las estimaciones actuales de recursos humanos de Enresa indican que, para la operación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), serán necesarias unas 75 personas. Para cada una de las instalaciones de almacenamiento temporal ubicadas en los emplazamientos de las centrales nucleares en la alternativa Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), serán necesarias unas 12 personas y para el Almacén Geológico Profundo del orden de 125 personas, considerando en ambos casos los recursos en sede central y en las propias instalaciones.
En cuanto a la necesidad de recursos de Enresa para ejecutar el desmantelamiento y clausura de una central nuclear se ha estimado en unas 35 personas, considerando los recursos en sede central y en la instalación. En el caso de los emplazamientos con 2 reactores a desmantelar las estimaciones actuales indican que serán necesarias unas 15 personas adicionales a las anteriores. Asimismo, la operación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad El Cabril requerirá de unas tres personas adicionales por cada desmantelamiento en curso.
El sistema de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado, incluido el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares, dispone de un sistema de financiación que se fundamenta en el principio de que “quien contamina, paga”, y que se basa en dotaciones al denominado “Fondo para la financiación de actividades del PGRR” (en adelante, el Fondo), de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Una vez concluido el periodo de información pública y analizados los informes y las alegaciones presentadas, el Ministerio para la Transción Ecológica y el Reto Demográfico elaborará la versión definitiva del 7º PGRR, que será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Del Plan aprobado se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.
