El Gobierno aprobará vía decreto, en este último Consejo de Ministros del año, la prórroga del gravamen a las grandes compañías energéticas, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados la semana pasada, derogación que apoyaron Partido Popular, Vox, PNV y Junts. Como todo decreto ley, la prórroga de este impuesto, que en principio dejaba de estar operativo el 31 de diciembre, deberá ser sometido al Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos, dada la negativa de Junts y PNV, que se han desmarcado de los otros socios de investidura tras las amenazas de Cepsa y Repsol de deslocalización de inversiones. Las dos petroleras, que han obtenido en los dos últimos ejercicios casi 8.500 millones de euros de beneficio neto, han anunciado que, si el impuesto es prorrogado, no ejecutarán las inversiones que habían previsto en Catalunya y Euskadi.
Hacienda tiene previsto ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV (el Partido Nacionalista Vasco votaría con los demás socios de investidura en este caso, porque la gestión del impuesto correspondería a las haciendas forales vascas y navarra). Según algunas fuentes, parece así mismo probable que el Ejecutivo apruebe finalmente la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina, cumpliendo con el compromiso adquirido con la Comisión Europea. Lo que no se ha especificado aún es si se mantendrá la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, que en principio está en vigor hasta finales de este año.
Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará también este lunes la prórroga del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo "antiopas".
La medida deja en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
De acuerdo con las últimas cifras, el escudo antiopas solo tumbó una operación desde su puesta en marcha en 2020 hasta 2023. En concreto, el Gobierno tan solo aplicó el denominado escudo antiopas entre marzo de 2020 y finales de 2023 para desautorizar una operación de las 264 que se han sometido al escrutinio de esta normativa.
La medida que decaerá, si se cumple el plan previsto, es la rebaja del IVA a los alimentos básicos, aceite de oliva y pasta y aceites de semilla. A lo largo de este año, el tipo de este impuesto ha ido recuperando su nivel y se espera que el 1 de enero ya registre sus porcentajes habituales.
Desde octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras o frutas- y del aceite de oliva se sitúa en el 2%, mientras que el IVA para la pasta y los aceites de semilla alcanza el 7,5%.
Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% -el tipo superreducido-, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10%, el reducido que se aplica a la alimentación.
Eso sí, cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% -el superreducido- en lugar del 10% que venía soportando en el pasado.
Bono social eléctrico
Lo que sí se mantiene en 2025, según lo ya aprobado en el último paquete de medidas anticrisis, son los descuentos del bono social eléctrico, hasta el 30 de junio del próximo año.
Desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, el descuento para los consumidores vulnerables será del 57% y para los consumidores vulnerables severos del 72,5%.
Mientras, del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 50% y para los consumidores vulnerables severos del 65%; y del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 42,5% y de los consumidores vulnerables severos del 57,5%.
A partir del 1 de julio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 35% y el de los consumidores vulnerables severos del 50%, con carácter indefinido, lo que supone un refuerzo del nivel de protección habitual previo al estallido de la crisis energética, situado en el 25% para los primeros y en el 40% para los segundos.
Criterios de prórroga de los presupuestos
Los criterios de aplicación de la prórroga en 2025 de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 es otra de las cuestiones que tendrá que abordar el Ejecutivo este lunes.
Ante la imposibilidad de sacar adelante, por segundo año consecutivo, unas nuevas cuentas públicas, el Gobierno debe dar luz verde a un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes en el año 2023.
Se cumpliría así con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior -en este caso de 2023 porque en 2024 no hubo PGE- hasta la aprobación de otras cuentas públicas.
Aunque se encuentra ya iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas públicas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros -queda pendiente aún la tramitación parlamentaria-, es necesario adoptar los criterios de prórroga de los Presupuestos de 2023 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas de 2025.
Pensiones
También, previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024, con un alza del 2,8% de las pensiones contributivas.
La pensión media de jubilación en España se situó en 1.441 euros mensuales en noviembre según los datos de la Seguridad Social, así, con la subida del 2,8%, un pensionista que cobre la media percibirá en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, suponiendo un incremento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagas. Asimismo, las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025.
La revalorización del 2,8% para 2025 beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Por su parte, está previsto que las pensiones mínimas y no contributivas, las que reciben las personas "más vulnerables", subirán por encima del IPC promedio del 2,8%, aunque aún se desconoce el dato exacto.
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno - las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido correspondiente al ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
Bajo estas líneas, beneficios netos 2022 y 2023 de las principales compañías energéticas de entre las que operan en España. El impuesto en cuestión aplica a esos dos ejercicios
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
A continuación, los accionistas de las principales compañías energéticas que operan en España
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense BlackRock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP (BlackRock) y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
El impuesto 2023 a las energéticas recaudó 1.164 millones de euros y, ahora, PP, Vox, PNV y Junts quieren eliminarlo de cara a futuro. Las seis energéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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