Retrato inequívoco en el Congreso de los Diputados el que ha dejado la votación de la prórroga del impuesto del 1,2% a las energéticas. El impuesto, aprobado en 2022 por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, sigue las recomendaciones, según explicaba hace unas semanas Hacienda, "de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios" y se enmarca -añadía entonces Hacienda- en una política fiscal "justa y progresista" cuyo objetivo no es otro que solicitar "un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En ese sentido -destacaba el Ministerio que dirige María Jesús Montero-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país". Pues bien, así pertrechado, el Gobierno de coalición PSOE-UP aprobó el impuesto en cuestión en julio del 22, pero (eso sí) con fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2024. Y los "socios" de Sánchez, perfectamente sintonizados en verano del año pasado cuando se reeditó el Gobierno de coalición (ahora PSOE-Sumar), aquí no coinciden.
Los diferentes socios de la investidura
A la izquierda, Sumar, ERC, EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego y Podemos quieren prórroga. A la derecha, Junts (cuya abstención permitió la investidura de Sánchez) y PNV han votado "no" a la prórroga. La derecha nacional española (PP y Vox) nunca estuvo de acuerdo con el impuesto, por lo que estaba claro su voto negativo a esa prórroga. El asunto es que a ese "no", sabido, del nacionalismo español, se han unido ahora los noes de los nacionalismos vasco y catalán. ¿Conclusión? El impuesto a las energéticas, que ha reportado un ingreso para el Estado (lo recaudado por el ejercicio 2023) de 1.162 millones de euros, no verá la luz en 2025.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta (178 votos) la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023.
Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habían confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyarían esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética.
Así ha sucedido en la votación. Antes, en el debate, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado muy dura con el portavoz del PNV Aitor Esteban. "Yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez, en vez de presentarse él a las elecciones, directamente le ceda el escaño a Josu Jon Imaz (...). Las empresas energéticas ganaron el año pasado, señorías, 10.500 millones de euros solo en beneficios. Y pagaron apenas 1.200 millones de euros con el gravamen extraordinario, auténticas migajas para ellos (...). Quien tiene que pagar la transición ecológica -ha concluido Belarra- es quien más ha contribuido a la emergencia climática, y esas son las grandes empresas energéticas".
El Gobierno PSOE-Sumar se había comprometido a prorrogar ese impuesto con ERC, Bildu, BNG y Podemos a cambio de sus apoyos en una votación precedente. Y, ahora, ha anunciado, no más salir de esta última votación, que cumplirá con lo prometido el próximo lunes en el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto para dar cumplimiento al acuerdo con sus socios. "Lo traeremos, lo aprobaremos", ha dicho, tras la votación, en los pasillos del Congreso.
Según los independentistas vascos, en las negociaciones del Ministerio de Hacienda con ERC, Bildu y BNG ya estaba previsto el escenario de que PNV y Junts pudiesen aliarse con PP y Vox para derogar el gravamen energético e intentar dificultar así su prórroga.
"Era algo que teníamos en mente, sabíamos que podía pasar", ha comentado el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute. Habida cuenta de este contexto, el Gobierno pactó con las tres formaciones aprobar el decreto de prórroga en el último Consejo de Ministros del año, que será el lunes, para que entre en vigor antes de la derogación.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos, dada la negativa de PNV y Junts.
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley, para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que se sumaría al sí al impuesto, presuntamente, si la gestión del mismo recae en las haciendas forales vascas y navarra.
El impuesto a las energéticas ha reportado un ingreso para el Estado (lo recaudado por el ejercicio 2023) de 1.162 millones de euros. Mientras que solo seis grandes del sector energético (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en los dos últimos cursos (2022 y 2023) beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos).
Beneficios netos 2022 y 2023
Repsol: 7.419 millones de euros de beneficio neto en total en este bienio
Iberdrola: 9.139 millones de euros en este bienio
Endesa: 3.283 millones de euros en este bienio
Naturgy: 3.635 millones de euros en este bienio
Cepsa: 1.068 millones de euros en este bienio. 790 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2022. Y 278 millones de euros en 2023
EDP: 1.184 millones de euros de beneficio neto en este bienio
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno - las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido correspondiente al ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
A continuación, los accionistas de las principales compañías energéticas que operan en España
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense BlackRock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP (BlackRock) y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
El impuesto 2023 a las energéticas recaudó 1.164 millones de euros y, ahora, PP, Vox, PNV y Junts quieren eliminarlo de cara a futuro. Las seis energéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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