Una guerra, fiscal, en toda regla. Y dos contendientes. Perfectamente identificados. A un lado, Partido Popular (PP), Vox, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, formaciones políticas todas que se han alineado con Repsol, Cepsa y compañía (no quieren ni oír hablar de impuesto a las grandes energéticas) y, enfrente, PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos, partidos que sí son defensores del impuesto del 1,2. La decisión la tomará el Congreso en el plazo de 30 días, pues, aunque la alianza de los nacionalistas (PP, Vox, PNV y Junts) tumbó la prórroga en la Cámara Baja, el último Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que mantiene "vivo" ese gravamen y que habrá de ser ratificado o derogado en nueva votación (en ese plazo de 30 días) en la Carrera de San Jerónimo. Entre tanto, el Gobierno PSOE-Sumar sube mañana el IVA de la luz al 21%.
Uno coma dos, no; veintiuno, sí
El del 1,2% no es el único impuesto objeto de disputa en esta guerra fiscal en la que están embarcados Ejecutivo y Legislativo en estos días. El último paquete fiscal aprobado en el Congreso de los Diputados ha puesto en el disparadero muchos otros gravámenes, y el Gobierno PSOE-Sumar ha tenido que negociar con unos y con otros, o sea, con sus socios de investidura y con la oposición, para sacar adelante algunos de esos impuestos y algunas de las rebajas fiscales que planteaba. Eso sí: ni todos los nuevos gravámenes, ni todas las rebajas que planteaba el Gobierno de coalición han visto la luz. Entre los fracasos, probablemente el más estrepitoso haya sido el relativo al impuesto a las grandes energéticas. El impuesto en cuestión fue establecido a mediados de 2022 y apelaba a los ingresos extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas en el bienio 2022-2023, período durante el cual la crisis energética disparó los precios del gas y la electricidad.
Las seis compañías arriba mencionadas (Endesa, Iberdrola, Repsol, Cepsa, EDP y Naturgy) han declarado en esos dos últimos cursos (2022 y 2023) beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (aquí los repasamos), y siguen presentando hoy, en 2024, números extraordinariamente positivos. Repsol por ejemplo declaraba el pasado 31 de octubre casi 1.800 millones de euros de beneficio neto (correspondientes a los tres primeros trimestres del año) y presumía ante su accionariado de que "en el ejercicio 2024 la compañía ha abonado 0,9 euros brutos por acción en efectivo, lo que representa un alza aproximada del 30% respecto a 2023" (+30%). Con Iberdrola ha sucedido en este año 2024 que hoy concluye más o menos lo mismo. En mayo anunciaba el mayor dividendo de su historia (3.500 millones de euros para la remuneración de los accionistas). Son solo dos ejemplos de la bonanza que sigue soplando en el sector.
A pesar de ello, las grandes compañías apeladas por ese impuesto han dejado más que clara su postura. Cepsa y Repsol han amenazado con deslocalizar sus inversiones si el impuesto acaba prosperando. Las dos petroleras han anunciado que, si el impuesto es prorrogado, no ejecutarán las inversiones que habían previsto en Catalunya y Euskadi. PNV y Junts, socios en la investidura de Pedro Sánchez, han venido a recoger el guante y se han alineado con PP y Vox en el "no" al impuesto en cuestión. ¿Pretexto? No quieren que la prórroga del gravamen ponga en riesgo puestos de trabajo en sus territorios. Las dos susodichas, acompañadas por BP, TotalEnergies, la también mencionada Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP firmaron hace unos días un comunicado conjunto en el que amenazan veladamente (o no tan veladamente) con dejar de invertir 30.000 millones de euros en los próximos tres años (la legislatura presente, por cierto, expira precisamente en ese lapso).
"Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años".
Comunicado conjunto difundido, el pasado 20 de noviembre, por las petroleras Repsol, BP, TotalEnergies y Moeve (antes Cepsa) y las eléctricas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, que son los "operadores principales" del mercado energético nacional.
Otro de los impuestos que tampoco ha querido la derecha nacionalista es el que se planteaba respecto a la compra de yates, aviones privados y automóviles de lujo. Tampoco ha prosperado el incremento de la fiscalidad del diésel (sobre este combustible fósil pesa una menor carga fiscal que sobre la gasolina y la idea es -era- equiparar).
Sí que salen adelante varias rebajas: se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.
Además, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras.
Y otros descuentos, en lo energético, aprobados en el tramo final del año
En primer lugar, el Ejecutivo ha decidido mantener un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables establecida en 2021. La medida permanecerá vigente, por tanto, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Igualmente, se prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Estos descuentos, originalmente fijados en el 25% y el 40%, se incrementaron hasta el 65% y el 80%, respectivamente, "como parte de la respuesta integral del Gobierno, que incluyó, entre otras medidas, la Excepción Ibérica, que supuso -explica Hacienda- un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura de los consumidores, además de una herramienta clave en la contención de la inflación".
El Ministerio de Hacienda recuerda que, "analizada la evolución de la situación en los mercados, el pasado junio se estableció una vuelta a la normalidad progresiva que terminaría en julio de 2025, con unos nuevos y reforzados descuentos: los consumidores vulnerables tendrán una reducción del 35% en lugar del 25% anterior a la crisis, y los vulnerables severos de 50% en vez del 40% previo". La norma aprobada ayer da mayor margen a este progresivo ajuste, "de modo que alcanzarán este nuevo y reforzado nivel de normalidad a partir del 1 de enero de 2026".
En resumen, a partir del próximo 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.
Por último, se mantiene el descuento del 80% de los peajes hasta el 31 de diciembre de 2025 para las industrias electrointensivas (químicas, siderúrgicas, metalúrgicas, como Acerinox, Air Liquide, Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Atlantic Copper, Gallardo Balboa, Carburos Metálicos, Sidenor, Tubos Reunidos o Vidrala). Además, a esta ayuda hay que añadirle la que Industria anunció hace unos días (600 millones de euros).
Volviendo a lo fiscal, resumen de cara a 2025
La reconfiguración del impuesto a la banca, la nueva tasa a grandes energéticas, aún pendiente de convalidar por el Parlamento, la vuelta del IVA de la luz y los alimentos a sus niveles precrisis inflacionaria, y el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes corporaciones marcarán este 2025 en materia tributaria.
La reforma fiscal es uno de los proyectos que más ha costado sacar adelante al Gobierno en esta legislatura, pues ha tenido que enfrentarse desde el primer momento a duras negociaciones a múltiples bandas con los grupos parlamentarios.
De hecho, la norma consiguió superar su trámite en el Congreso, pero renunciando a medidas que quería el Gobierno, como subir la fiscalidad al diésel --que se sigue negociando--, regular el régimen de las socimis o gravar a los coches, aviones y yates de lujo.
Aparte de la aplicación del tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales, uno de los aspectos más relevantes de esta reforma, de la que dependía un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, también se contempla una reconfiguración del gravamen a la banca. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.
El tributo tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Nueva tasa energética con compromiso de convertirla en impuesto
Aunque aún pendiente de convalidación en las Cortes, aprobación que no está asegurada, dada la oposición de grupos como el PNV o Junts, durante el año 2025 entraría en vigor el nuevo gravamen temporal sobre las energéticas, que contará con una bonificación máxima del 60% para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
Se considerarán como tales aquellas inversiones que sean "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y que, por su magnitud, contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.
Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts, lo que obligó al Gobierno a aprobar el pasado lunes un decreto para restituir dicho impuesto, aún pendiente de convalidación.
Vuelta del IVA de alimentos y electricidad La medida que sí decaerá con seguridad desde el 1 de enero es la rebaja del IVA a los alimentos básicos, aceite de oliva y pasta y aceites de semilla. A lo largo de 2024, el tipo de este impuesto ha ido recuperando su nivel y se espera que este miércoles ya registre sus porcentajes habituales.
Desde octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre, el tipo de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras o frutas- y del aceite de oliva se sitúa en el 2%, mientras que el IVA para la pasta y los aceites de semilla alcanza el 7,5%.
Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% -el tipo superreducido-, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10% -el reducido que se aplica a la alimentación-.
IVA del 4% para el aceite de oliva y los derivados de la leche Además, el IVA del aceite de oliva será desde el 1 de enero del 4% -el superreducido- en lugar del 10% que venía soportando en el pasado.
Asimismo, en la reforma fiscal se incluyó rebajar el IVA al 4% de los productos derivados de la leche.
En lo que se refiere a la electricidad, la principal novedad que notará el bolsillo del consumidor a partir de este miércoles será el regreso ya permanente al 21% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava la factura eléctrica.
A partir del 1 de abril, nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos
Por su parte, el 1 de abril de 2025 entrará en vigor un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, que se incluyó en la reforma fiscal.
Por su parte, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.
Además, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras.
En el Impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
Elevación del límite
También se eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la Renta.
Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).
Límites tributación por módulos para los autónomos Por otra parte, se prorroga un año más, durante 2025, los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para autónomos, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.
Rebaja del impuesto de sociedades para pymes y por la DANA Por su parte, en 2025 entrarán en vigor también nuevas medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de la reforma del Impuesto de Sociedades que ejecutó el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
Sin salir del Impuesto de Sociedades, desde 2025 se ha reducido para las empresas con una facturación inferior a un millón de euros, de manera que la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.
A su vez, se ha incrementado en dos puntos la tributación de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 30%.
También se han dejado exentas del IRPF y del Impuesto de Donaciones las ayudas a los afectados por la DANA, y se ha establecido de un IVA del 0% para el cambio de vehículo y el arreglo de la casa y la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE.
