El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros para aprobar un gravamen energético, que tendrán que satisfacer en el ejercicio de 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos. El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos. Sin entrar en detalle, el Ministerio de Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
"Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ha seguido a la celebración del último Consejo de Ministros del año.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y/o derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado este lunes que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es "purito paripé", ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabe que no va salir". De este modo, ha reiterado que por parte de su partido "el voto es no" a una medida que, además, "rompe el sistema de Concierto".
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que no se opone al impuesto porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.
EH Bildu ha confirmado que el decreto incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra.
"Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco", han celebrado los abertzales tras dar a conocer la medida.
Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación considera que "no existe ninguna razón válida" para que el PNV se oponga a la medida, por lo que ha instado a la derecha nacionalista vasca a "abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto".
"No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales", ha advertido EH Bildu.
Y el diésel, por otra parte
El Gobierno PSOE-Sumar sigue por otra parte negociando con los diferentes grupos parlamentarios la subida de la fiscalidad del diésel para equipararlo al de la gasolina, dado que por el momento no tiene garantizados apoyos suficientes para que salga adelante en el Congreso de los Diputados.
Aunque se esperaba que el Ejecutivo aprobara en este último Consejo de Ministros del año esta subida fiscal, en cumplimiento con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, fuentes de Hacienda han confirmado a la agencia Europa Press que siguen negociando esta medida para poder ratificarla en el Congreso.
Hace unos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el "esfuerzo" que está haciendo el Gobierno en la negociación con los partidos para aprobar la subida del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo, que no salió en la última votación de la reforma fiscal y que espera que pueda salir finalmente adelante.
Sin embargo, socios de Gobierno como Podemos ya han trasladado su rechazo a la subida del impuesto al diésel, dado que consideran que esta medida "no tiene una lógica progresiva y carga a las clases trabajadoras las consecuencias del cambio climático cuando debería recaer en las grandes multinacionales".
De hecho, la formación morada sumó sus votos a PP y Vox en el Congreso para tumbar una enmienda del PSOE que eliminaba la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina.
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