Carbón para mucho tiempo. Ese es el resumen de la declaración conjunta –Pacto de Estado por la Energía- que firmaron ayer los presidentes Herrera (PP), Fernández (PSOE) y Lambán (PSOE). Los firmantes consideran "deseable y razonable" mantener operativas las centrales térmicas que generan electricidad con carbón "al menos hasta el año 2030”. Para ello, los dos presidentes socialistas y el popular consideran “fundamental el mantenimiento de los pagos por capacidad a las centrales de carbón hasta 2030”.
Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, las compañías eléctricas han percibido durante el quinquenio 2011-2015 más de 3.000 millones de euros (M€) por este concepto, que actualmente sigue engordando la factura eléctrica cada año con entre 500 y 700 M€. El Instituto presentó el pasado verano, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad.
Los denominados "mecanismos de capacidad" son ayudas a fondo perdido que no retribuyen la producción de electricidad, es decir, que no pagan kilovatios hora generados; pagan solo el hecho de que haya instalaciones disponibles para generar energía eléctrica en caso de que sea necesario (por una punta de demanda). Se da la circunstancia de que, en España, hay sobrecapacidad eléctrica (hay más de 100.000 megavatios de potencia disponible, cuando la demanda nunca ha alcanzado siquiera los 46.000, por lo que estos pagos son considerados subvenciones encubiertas).
Al rescate de las eléctricas
Además, los tres presidentes firmantes afirman en su Pacto que “respaldan el endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación” (el Ejecutivo quiere intervenir el sector del carbón con un real decreto cuyo objetivo último sería el rescate de las centrales térmicas de carbón).
El borrador de real decreto viene a establecer que el Gobierno solo autorizará el cierre de una central térmica de carbón (o una nuclear) si considera que ese cierre no afecta a la garantía de suministro, la sostenibilidad ambiental o el precio de la electricidad, es decir, que el Ejecutivo se estaría reservando el derecho a decidir si una empresa cierra su central o no (el borrador de real decreto incluye la posibilidad de compensar a la empresa a la que se le deniegue la autorización de cierre, compensaciones que podría acabar repercutidas en la factura de la luz).
Los tres presidentes defienden en su Pacto la prioridad para el carbón autóctono
En su Declaración señalan que consideran “necesario establecer nuevamente un procedimiento de despacho preferente para las centrales que utilicen carbón autóctono, como obligación de servicio público”. Piden pues despacho preferente como obligación de servicio público y solicitan así mismo “una revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias del carbón y de los proyectos industriales asociados a las mismas”. Además, consideran “urgente la activación de los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, con la dotación de 250 millones de euros prevista en el Marco de Actuación 2013-2018”.
En el último punto del Pacto de Estado que suscribieron ayer, los tres presidentes piden “una estrategia para el fomento de las energías renovables para usos térmicos, dirigida a potenciar el uso de la biomasa, la energía geotérmica, y la energía solar para usos térmicos”.
Artículos relacionados
• Los pagos por capacidad violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado, según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
• Más mecanismos de subvención para el gas y el carbón que en ningún otro país de la Unión
• España gasta entre tres y ocho veces más que Gran Bretaña en asegurar el suministro
• El ministro Nadal quiere rescatar las centrales de carbón
• El cierre de las centrales de carbón baja el precio de la electricidad
