Un 15% más caro en el Congreso, a mediados de noviembre (véase Diario de Sesiones) ó un 26% ayer, en el acto organizado por la petrolera Cepsa. El ministro de Enegía, Álvaro Nadal, incrementó ayer en 11 puntos el peso del carbón en la factura de la luz. Nadal había estimado un 15% en el Congreso de los Diputados (15% en las puntas de invierno) y repetiría esa estimación unos días después, el 21 de noviembre, en Los Desayunos de Televisión Española. Ese día, entrevistado por el periodista Sergio Martín, el ministro ya no aludió solo a las puntas de invierno, sino que también echó mano de las de verano: "si eliminamos el carbón -dijo-, en los meses de invierno y en los meses de verano, cuando ponemos mucho los aires acondicionados, o sea, lo que llamamos las puntas, cuando más se consume, sube un 15% el precio" (véase TVE minuto 1.16.20).
Pues bien, ayer, durante la presentación del informe «Perspectiva Energética 2030» de Cepsa, Nadal incrementó los susodichos 11 puntos hasta el 26 y, además, amplió el plazo más allá de las puntas de invierno y de las de verano hasta alcanzar "los tres últimos años". El impacto que podría tener el cierre de las centrales térmicas de carbón crece pues por momentos.
El Ministerio emprendió hace unos meses una potente ofensiva mediática a favor del carbón, que se enfrenta a un horizonte legislativo climático complicado: los límites de emisiones son cada vez más exigentes y podrían demandar fuertes inversiones en muchas centrales para adaptarse a ellos. En el marco de esa campaña mediática (y legislativa) probablemente el hito más importante haya sido, hace unas semanas, la publicación de un proyecto de Real Decreto (RD) con el que el Gobierno quiere controlar el cierre de las centrales nucleares y térmicas de carbón. Hasta ayer, ese cierre era autorizado si no implicaba problemas de suministro (riesgo inédito en España, porque, tal y como ha sucedido con los aeropuertos o las autopistas, en España también sobran centrales de generación de electricidad, es decir, que el suministro está completamente asegurado).
¿Qué ha hecho el Gobierno ahora con ese RD? Pues añadir a esa exigencia otra: que el cierre no implique subida de la luz. El argumento –algo corto (pero relativamente eficaz desde el punto de vista mediático)- es el siguiente: si cerramos las centrales, subirá la luz. Subirá un 15% en las puntas de invierno en el Congreso; subirá quince puntos también en las puntas de verano (en Televisión Española); ó subirá (ó ha subido) hasta 26 puntos durante los últimos tres años.
El Ministerio ha redactado el Real Decreto (RD) en estos términos
Se denegará el cierre de una instalación en los siguientes casos:
a) Concurrencia de circunstancias singulares que amenacen o puedan amenazar a la seguridad del suministro eléctrico, así como a la seguridad del abastecimiento de materias primas.
b) Se denegará si, como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos desfavorables en los precios de la electricidad o en la competencia en el mercado eléctrico [lo cual no es sino una enorme puerta abierta a la arbitrariedad, como los distintos porcentajes esgrimidos por el ministro demuestran].
c) Se denegará si, como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos negativos por incumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.
La intervención del sector eléctrico que prepara ahora el Ejecutivo -mediante este RD- podría tener como objetivo evitar cierres como el de Garoña, central nuclear que paró hace cinco años Iberdrola (cierre que no ha afectado ni a la seguridad de suministro ni al cumplimiento de las obligaciones climáticas de España), o los de Andorra y Compostilla, dos centrales térmicas que queman carbón y que Endesa, su propietaria, ya ha anunciado tiene intención de parar.
Lo que establece el proyecto de RD que ha redactado ahora el Gobierno es que el titular de la instalación que quiera solicitar la autorización de cierre deberá presentar ante la Administración "una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento".
Una vez recibida la solicitud -señala el RD- el Ministerio solicitará a Red Eléctrica, Enagás, la CNMC y otros organismos implicados los correspondientes informes que valorarán el eventual cierre. El Ministerio, que asegura tendrá en cuenta esos informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud. "En caso de denegación de la solicitud -informa el Gobierno-, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero".
Y he ahí el quid de la cuestión
La transmisión a un tercero podrá hacerse -"si el titular así lo desea"- mediante una subasta regulada por el Real Decreto. El Ministerio asegura que esta subasta permitirá establecer "si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central".
Sin embargo (ojo al dato), "si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad" (atención: esquema de "compensación"). Dicho esquema -dice el Ministerio- se diseñará "para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad".
Es decir, que el Ministerio está dejando abierta de par en par la puerta a "compensaciones" -probablemente millonarias- para las compañías del oligopolio, que son las propietarias de las instalaciones a las que se refiere este Real Decreto.
La sucesión de los acontecimientos podría ser así
Titular de instalación de 500 MW que quema carbón por ejemplo solicita autorización administrativa de cierre; Ministerio deniega cierre porque considera que ese cierre puede poner en peligro el suministro, o porque considera que atenta contra el interés general, o porque considera que puede traducirse en una subida del precio de la electricidad, o porque considera que va contra la planificación del sector, o porque considera que...; titular decide entonces transmitir la instalación a un tercero mediante una subasta; nadie quiere la instalación en cuestión por el motivo que sea (es obsoleta; no es lo suficientemente rentable; es contaminante); Ministerio entonces aprueba un "un esquema de compensación por la continuidad de la actividad".
O sea, que el Ministerio de Nadal estaría preparándole al carbón otros CTCs (compensaciones) como los que el Gobierno de Aznar y Rato le preparó a la nuclear y a la gran hidráulica. ¿Potenciales beneficiarias? Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, las tres grandes propietarias de térmicas de carbón y nucleares. Para abordar esa operación, la campaña mediática, dirigida a la opinión pública, sería -es- clave.
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