"Los pagos por capacidad violan el Derecho de la Unión Europea relativo a las ayudas de Estado. Además, no hay constancia de que el Estado español las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho, pues no son de interés general, son desproporcionadas y no hay necesidad de intervención del Estado, entre otras razones. Finalmente, no hay justificación alguna para que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes en nuestra factura eléctrica", señala Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
En la actualidad, estas ayudas suponen en torno a 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores y aprueba el Estado para asegurar la garantía de suministro. Las energías renovables no pueden por ley solicitar estas ayudas, beneficiando principalmente a las centrales de generación de electricidad más contaminantes.
Si prospera la denuncia presentada ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea contra dos de los pagos por capacidad -el incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad- del sistema eléctrico español, las compañías eléctricas estarían obligadas a devolver más de 3.000 millones de euros sólo en el periodo de 2011 a 2015, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Según Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, "se trata de ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico".
Los denunciantes explican en un comunicado que acaban de difundir que "los pagos por capacidad en España son de los más altos en comparación con el entorno europeo, y, según esta denuncia, que cuenta también con el apoyo de la organización internacional de medio ambiente ClientEarth, no está justificada esta intervención del Estado para cubrir la demanda en el mercado eléctrico".
La Comisión Europea finalizó en noviembre de 2016 una investigación sectorial alertando de que en España existían cuatro mecanismos por capacidad de dudosa utilidad y cuestionando su conformidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
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