El Gobierno anunció en diciembre de 2020 la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ese fondo, del que habrán de salir las ayudas a las energías renovables (unos 5.500 millones de euros que ahora salen de la factura que pagamos todos los consumidores de electricidad), lo financiarán, según el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El Fondo plantea pues el reparto de los costes de las renovables (y también la cogeneración y los residuos) entre todas las fuentes de energía. Esto supone repartir el esfuerzo realizado para descarbonizar nuestra economía entre todos los agentes que consumen energía para sus procesos o para su vida diaria y, a su vez, da un empuje a la única alternativa viable para hacer que nuestro consumo energético sea descarbonizado: la electricidad.
El anteproyecto de ley fue abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general en diciembre de 2020.
Pues bien, ACIE presentó hace un año una propuesta de enmiendas con el fin de dotar de más recursos y seguridad al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que considera "no reduce la factura energética del consumidor, sino que redistribuye el gasto, y, desde el momento de su vigencia, cada comercializadora puede repercutirlo como considere". Entre las peticiones de ACIE, se encontraba el reconocimiento del fondo como un "coste regulado para dar seguridad de cobro, facilidad en la renovación de contratos y no perjudicar a ciertos segmentos de clientes o permitir distorsiones de mercado".
La Asociación considera "fundamental" por otro lado unificar la operativa del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a la del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "para paliar la incertidumbre de las comercializadoras a la hora de poner precios a los clientes y facilitar así la gestión de la electricidad y el gas". De igual modo, las comercializadoras independientes consideran importante conocer cómo se gestionarán los posibles déficits anuales.
Asier Gorostiza, presidente de ACIE: “aunque el Proyecto Ley aún está pendiente de aprobación, desde ACIE confiamos en que el Gobierno esclarezca si las comercializadoras independientes tendremos que hacer frente a una cantidad exacta cada trimestre, aunque no se recaude. De contemplarse así, se estaría trasladando al sector de la comercialización un riesgo que debería competer al sistema”
Por otro lado, Gorostiza afirma que cualquier desviación en la recaudación que tenga que ser sufragada por los comercializadores para cumplir con los importes preasignados implicará una salida de caja trimestral "que beneficiará a los agentes con mayor financiación", es decir, al oligopolio. De ser así -continúa Gorostiza-, pondría nuevamente en inferioridad a las comercializadoras medianas y pequeñas del sector.
Concretamente -apuntan desde ACIE-, el Proyecto de Ley detalla que las petroleras asumirán el 43,7% de la financiación de estas primas a las energías renovables para 2025, mientras que las comercializadores de todos los sectores energéticos deberán aportar el 20% de las primas previstas para dicho año.
A pesar de haber trasladado estas enmiendas el año pasado en tres reuniones diferentes, la Asociación se queja de que finalmente los puntos y/o medidas que ha planteado "no han sido consideradas para elaborar el documento final que tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados en los próximos días".
Acerca de ACIE
ACIE (Asociación de Comercializadores Independientes de Energía) fue fundada en 1999 con el propósito de representar los intereses de los comercializadores independientes de energía eléctrica, ampliando su actividad en enero de 2012 al gas natural. Actualmente, ACIE es la principal asociación de comercializadores independientes de energía eléctrica y gas natural.
La Asociación declara como su finalidad "la defensa y promoción de los intereses de las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural asociadas en el marco de un mercado liberalizado, promoviendo la competencia en los segmentos mayorista y minorista de energía eléctrica y gas natural, así como la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad de comercialización".
ACIE es miembro del Consejo Consultivo de Electricidad (CCE) y de Hidrocarburos (CCH) de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como representante de los comercializadores. A través de dichos Consejos Consultivos participa activamente mediante aportaciones de todos los socios a las propuestas de modificación normativa. También es parte integrante del Comité de Agente del Mercado Eléctrico y Gasista (CAM).
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