El Consejo de Ministros del pasado 15 de diciembre aprobó un anteproyecto de ley que prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, una ley que fuentes ministeriales han calificado de "reforma estructural". Lo que grosso modo plantea esa medida es sacar las ayudas a las energías renovables de la factura de la luz (las coloquialmente conocidas como primas son ahora costeadas, vía factura, por todos los consumidores) y que sean otros "sujetos obligados" quienes las costeen. La propuesta que hace el Ejecutivo en su anteproyecto es que, a partir de ahora, las primas a las renovables (algo más de 5.500 millones de euros, M€) y a la cogeneración, o sea, al gas (algo menos de 1.500) sean costeadas por las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores. ¿Resultado de sacar de la factura ese coste e imputárselo a esos nuevos "sujetos obligados"? Una bajada del precio de la luz del 13%, según el Gobierno. Pues bien, sobre esa "reforma estructural" escribe hoy, en exclusiva para Energías Renovables, José María González Vélez, presidente de la comercializadora de energías renovables decana de España, Gesternova, compañía que vende solo kilovatios verdes. Esta es su tribuna.
Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico: la fiesta de las renovables, o el festín de las fósiles, por José María González Vélez
«El mal llamado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (sobran la NSE) fue aprobado recientemente en Consejo de Ministros. Algunos medios de comunicación, en el ejercicio de su libertad, recogen comentarios, de algunos petroleros que están accediendo al sector eléctrico y defendiendo su “limpieza” respecto al cuidado del medio ambiente, cuando sus cuentas de resultados, que les han permitido comprar comercializadoras y generadoras de energía, esta vez sí que limpia y renovable, no han internalizado o lo han hecho con muy poca intensidad los costes externos que su energía fósil ha generado y que hemos venido pagando solamente los usuarios de electricidad (más de 50.000 millones de euros en los últimos 10 años), y eso, a pesar de que la electricidad es menos de la mitad, en términos de energía final, que el gas y el petróleo.
Si se hubiera aplicado correctamente la exigencia de la Directiva Europea 28/2009, que se refería a toda la demanda final de energía, los usuarios de electricidad nos habríamos ahorrado mas de 30.000 millones de euros en este tiempo. Pueden decirme que lo hubiéramos pagado en la factura final de los combustibles, pero hubiera sido distribuido ese coste bajo el principio universalmente aceptado de "quien contamina paga".
Es por eso que sería mucho más correcto, en lugar de hablar de que ahora los petroleros van a pagar la “fiesta de las renovables”... sería mucho más correcto -digo- decir que se acaba, solo en una pequeña parte, el “festín de las fósiles”.
Los que nos dedicábamos a las renovables cuando se promulga la Ley 54/97 del Sector Eléctrico no supimos encontrar un nombre más adecuado que “primas” a las que mucha gente confunde con “subvenciones”. En la parte que me toca, quien ahora haya titulado este Fondo de esa forma me ha quitado algo del complejo de culpa. No estuvimos afortunados y ahora no se ha superado el listón de bautizar adecuadamente.
Hasta esa fecha, la retribución de los kilovatios hora que generábamos, en su gran mayoría a través de pequeñas centrales hidroeléctricas (la eólica estaba dando sus primeros pasos), se refería a la tarifa eléctrica. Era un porcentaje con descuento sobre la tarifa industrial. Rondaba las 10 pesetas (0,06 €).
Al establecerse el mercado de la electricidad y los Costes de Transición a la Competencia (los famosos CTCs) y referenciar estos a un precio en el mercado de seis pesetas, sin recoger las históricas, esas sí que subvenciones al sector llamado tradicional, y no incluir en ese precio las externalidades que el carbón, el gas, la nuclear, el fuel oil, etcétera, no reflejaban en su precio de coste y que las renovables no tenían, se les incluyó una insisto mal llamada prima (que no una subvención) para compensar esos costes no internalizados, que eran costes evitados al sistema y que otras fuentes sucias de generación no pagaban.
En 1998, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) promovió, junto con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y cinco gobiernos regionales, un estudio que analizaba el ciclo de vida de siete tecnologías de generación, desde la hidráulica, la más limpia y eficiente, hasta el carbón, el más contaminante (350 veces mas) por cada kilovatio hora generado. El fuel, un poco menos.
El año siguiente se pidió al consultor que realizó el trabajo que cuantificara en ecopuntos cada tecnología, que tradujera en pesetas esos costes.
Ninguno de los dos estudios tuvo réplica, porque estaban realizados con principios admitidos por la comunidad científica internacional, desechando otros en los que hubiera discusión.
Recuerdo que la nuclear no salía muy mal parada porque no había consenso para valorar sus potenciales daños: enfermedades, muertes, contaminación permanente en cientos o miles de años.
Para no extenderme, un kilovatio hora generado con lignito tenía un coste externo no reconocido en el precio superior a 26 pesetas. El precio en el mercado eran 6. Eso sí era una subvención y no las primas a las renovables.
En 2010, APPA presentó, después de obtener un consenso con las grandes eléctricas, una propuesta que llamamos “céntimo verde” para que no fueran solo los usuarios de electricidad los que pagaran la descarbonización de nuestra economía.
El Gobierno de entonces no consideró nuestra propuesta, si no recuerdo mal, porque los impuestos no pueden ser finalistas, según tuvo a bien contestarnos el ministro.
Ahora, 10 años después, parece que se encuentra la solución, que me parece oportuna, aunque no resolverá el problema.
El informe que los expertos elaboraron, y que seguirá bien guardado para que no se pierda, concluía que la política fiscal era el instrumento mejor para llegar a los objetivos de París.
Los que se escandalizan de que el Fondo se nutrirá de ingresos provenientes de los consumidores de combustibles fósiles (gasóil, gasolina, gas) y electricidad (incluyendo la de origen renovable) parecen olvidar que esos mismos consumidores son también contribuyentes, así que si no sale de un bolsillo sale de otro.
Parece que ha llegado el momento de que no sean solo los consumidores eléctricos los que hayan contribuido en estos años con más de 50.000 millones de euros a retribuir a las energías renovables. Ahora precisamente que las petroleras se están convirtiendo en las más renovables del mundo, vendiendo electricidad limpia a sus clientes.
Espero que el Gobierno no tarde otros 10 años (el Gobierno que le toque) en aplicar esa fiscalidad a través de un instrumento, a mi juicio, más transparente y eficaz: la Huella de Carbono. En un próximo artículo podré comentar mas ampliamente sobre esto.
Implantar una metodología para que el consumidor conozca esta Huella en los productos y servicios que utiliza, y establecer con ese conocimiento el principio de "quien contamina paga", debía haberse aplicado ahora y sería así como se podría suministrar de un modo mucho mas universal ese bien nacido Fondo de Sostenibilidad, al que no le hace falta nada más en su título».
José María González Vélez, presidente de Gesternova
