La European Federation of Energy Traders (entre cuyos socios se encuentran EDP, Endesa, Galp o Iberdrola), Eurelectric (que es la federación de la industria eléctrica europea), Europex, que es la asociación de los operadores europeos de los mercados (entre los que se encuentran los españoles OMIE y Mibgas) y las patronales europeas de los sectores solar fotovoltaico (SolarPower Europe) y eólico (WindEurope) han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a los jefes de estado y de gobierno de toda la Unión, en la que aseguran que los mercados europeos de la electricidad han demostrado una "elevada eficiencia" en lo que se refiere a la seguridad de suministro para los consumidores y en lo que respecta a la provisión de incentivos para los inversores en energías limpias, por lo que instan a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros a que eviten modificar el actual mecanismo de fijación del precio de la electricidad.
El precio de la electricidad está disparado en toda Europa. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista diario del mes de abril en España ha sido de 191,69 euros el megavatio hora (€/MWh), un 194,6% superior al precio medio de abril de 2021, de ahí que el Gobierno de España haya decidido solicitar el tope al precio del gas (del gas natural empleado en la generación de electricidad). Según la mayoría de los expertos, el tope solicitado por España (50 euros el megavatio hora de gas) se traducirá en un precio de la electricidad de en torno a los 120-130 euros por megavatio hora, es decir, aproximadamente 60 euros por debajo del precio medio registrado el mes pasado.
Frente a esa propuesta se manifiestan ahora las patronales europeas del sector eléctrico, que consideran que la medida puede poner en riesgo las inversiones en nuevas instalaciones renovables. La idea fuerza sería que, si el mercado no es tan rentable como ahora mismo lo está siendo para las compañías eléctricas y demás agentes del sector, estos y estas no invertirán en nuevas instalaciones de producción de electricidad renovable, que son necesarias para que la Unión Europea se independice energéticamente del carbón, del petróleo y del gas rusos, y que son necesarias para que la UE cumpla con sus compromisos energético-climáticos (reducir las emisiones de CO2 un 55% en 2030, por ejemplo).
Desde la orilla del Gobierno, lo que se plantea es un límite que no neutralizaría el beneficio de los actores del sector, sino que rebajaría los beneficios desorbitados que el sector está obteniendo con la escalada del precio de la luz. De hecho, si finalmente se le da luz verde al tope de 50 € y efectivamente el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico se queda en el entorno de los 120-130 euros, tal y como prevén los expertos, ese precio seguiría estando muy-muy por encima del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico registrado en los años 2018 (57,29 €/MWh), 2019 (47,68) y 2020 (33,96), y también por encima del precio 2021, que ha sido el más elevado de la historia (111,9).
Según los firmantes
«En el corto plazo, las medidas para proteger a los consumidores vulnerables son esenciales -dicen los firmantes-, pero la única solución real sostenible para la crisis actual es abandonar los combustibles fósiles, invertir masivamente en alternativas energéticas limpias, acelerar los ahorros de energía y desbloquear la respuesta a la demanda. Preservar las señales del mercado y asegurar la certidumbre de cara a los inversores son críticas para canalizar los adecuados volúmenes de inversión privada hacia las energías renovables, el suministro de energía neutra en carbono y las infraestructuras»
Todo funciona bien
Según las patronales europeas, por una parte, "los mercados mayoristas a corto plazo han garantizado un despacho rentable de las centrales eléctricas, el uso de las redes de transporte y la liquidación de los contratos de electricidad", y por otra, los mercados a plazo "han protegido a los consumidores de la volatilidad a corto plazo del mercado y han enviado una poderosa señal para las inversiones en energías renovables, el almacenamiento de energía y las soluciones impulsadas por los consumidores, incluso mediante acuerdos de compra de energía y cobertura a largo plazo".
Por todo ello, las patronales instan a la Comisión Europea y a los estados miembros a que eviten modificar el mecanismo de fijación de precios, mecanismo que está siendo sin embargo muy criticado por las organizaciones de consumidores, el movimiento ecologista europeo y varios Gobiernos de la Unión. Los firmantes en todo caso muestran explícitamente su rechazo al límite al precio del gas: "medidas intervencionistas como la limitación de los precios al por mayor o al por menor deberían ser evitadas", dicen. Las patronales aseguran además que estas medidas aumentan el coste de la transición energética.
Además, sostienen que en el largo plazo pueden dañar no solo a las compañías suministradoras de electricidad e inversores sino también a los consumidores, que podrían verse perjudicados por una no suficiente integración de los mercados europeos, lo que conllevaría -aseguran- efectos negativos en términos de bienestar social y protección climática.
Las patronales no consideran positiva ni siquiera la implementación temporal de estas medidas ("incluso si son limitadas en el tiempo -sostienen- pueden propiciar "efectos duraderos sobre la industria y el buen funcionamiento del mercado") y tampoco creen que vayan a contribuir a reducir la exposición europea a las externalidades geopolíticas.
Las patronales firmantes de la carta proponen como alternativa que sean los estados los que costeen las medidas paliativas. Así, le piden a la Comisión que apruebe ayudas directas para los consumidores vulnerables, porque son más efectivas y la manera que menos distorsiona la consecución del objetivo UE de "independencia energética limpia".
Estas medidas deben ser financiadas -según las patronales del sector eléctrico- mediante los impuestos elevados que los estados están recaudando gracias al incremento de los precios de los productos energéticos, "o por otros medios que no perjudiquen las señales del mercado mayorista a largo plazo y los contratos bilaterales que son esenciales para la inversión en energías renovables".
Los firmantes advierten que las medidas gubernamentales adoptadas en relación con la crisis no deben afectar a los contratos de largo plazo que ya han sido cerrados, y están materializándose en actividad al por menor. Además, no quieren que las tecnologías inframarginales asuman ni directa ni indirectamente los costes de la medida.
La peor opción
Las patronales consideran es fundamental "evitar distorsiones en el mercado, preservar el Mercado Interior de la Energía e impulsar la confianza de los inversores". Y califican la excepción ibérica como "la peor opción, ya que deshace el mercado interior de la energía y corremos el riesgo de fracturar una respuesta europea fuerte y unida".
Las patronales europeas de los sectores solar fotovoltaico (SolarPower Europe) y eólico (WindEurope), Europex, que es la asociación de los operadores europeos de los mercados (entre los que se encuentran los españoles OMIE y Mibgas), Eurelectric (que es la federación de la industria eléctrica europea) y la European Federation of Energy Traders (entre cuyos socios se encuentran EDP, Endesa, Naturgy, Repsol o Iberdrola), concluyen su misiva con una advertencia.
«Cualquier decisión al respecto debe ser tomada en estrecho contacto con la industria energética, que está preparada para poner su experiencia y conocimientos prácticos al servicio de los decisores políticos»
La carta está fechada el 28 de abril, dos días después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, y el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, anunciaran el acuerdo con el Consejo Europe para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad.
La misiva enviada por las patronales europeas del sector energético a la presidenta de la Comisión Europea y los jefes de estado y de gobierno de la Unión no ha sido la única redactada en estos días frenéticos. Esta misma semana, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las asociaciones Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia), han enviado a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, una carta de agradecimiento por "su esfuerzo y compromiso, que ha tenido como resultado el mecanismo exitosamente pactado con la Comisión Europea" (en alusión al reconocimiento de la CE de la "excepción ibérica" y a la luz verde que Bruselas le ha dado a España y Portugal para que fijen un precio tope al gas).
"Estimada Vicepresidenta tercera, desde la Alianza por la competitividad de la industria española, queremos trasladarte nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que estáis realizando ante la gravísima crisis energética que afrontamos, tanto tú de forma personal como el Gobierno en su conjunto". Así comienza la misiva de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
La Alianza considera que, “de forma complementaria [a la actividad desarrollada por el Gobierno en Bruselas], también es urgente celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, como vía para potenciar contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas -señalan las asociaciones- deben estar dirigidas a los consumidores industriales, sean o no consumidores directos, y a sus comercializadoras interpuestas”.
La Alianza, en tanto que representante de "sectores industriales estratégicos", reconoce en su misiva "las medidas adoptadas a nivel nacional a favor de la industria en los últimos meses y semanas", pero se declara muy preocupada por los costes energéticos. La coyuntura que afrontamos -dice literalmente la carta- es "dramática y sin perspectiva de mejora en el corto plazo". Las asociaciones lamentan además el hecho de que, teniendo que competir internacionalmente, lo están haciendo "en creciente desventaja de costes frente a terceros”.
Por eso, la Alianza se manifiesta "a la expectativa de conocer qué medidas complementarán a las adoptadas hasta ahora y, muy especialmente, el detalle del mecanismo exitosamente pactado con la Comisión Europea gracias a tu firme compromiso", dicen, dirigiéndose directamente a la ministra. "Necesitamos que su implementación tenga impacto positivo e inmediato a favor de la competitividad industrial española".
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está integrada por siete asociaciones sectoriales cuyas empresas generan el 55% del Producto Industrial Bruto, 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos, el 60% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i.
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