OMI, el operador del mercado ibérico (en el que participan los principales grupos energéticos del país, como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP, y financieros, como el Santander o el BBVA), OMPI, BMEClearing (bolsas y mercados españoles) y MEFF (mercado de derivados de BME)sostienen, en una misiva enviada a los Gobiernos de España y Portugal, que "la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios". La carta, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, ha sido remitida concretamente a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, y Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM) y al comité Técnico del Mercado Ibérico de Electricidad, Mibel (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia/Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos/CNMV/CMVM).
"La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado -aseguran los firmantes- provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados".
Las compañías -informa Europa Press- cubren generalmente la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados a futuro, cuyos precios se establecen de acuerdo a los precios en las subastas diarias y en los mercados al contado.
De esta manera -sostienen los operadores-, una distorsión en esos precios a través de la fijación de un tope llevaría a distorsionar también esos contratos derivados.
160 teravatios hora
Según estimaciones del mercado facilitadas a Europa Press, unos 160 teravatios hora (TWh) están expuestos a posiciones financieras en el mercado ibérico, lo que representa una cantidad muy importante, ya que supone algo más del 60% estimado del consumo de electricidad en un año en España, que asciende a unos 260 TWh anuales.
Los firmantes de la misiva defienden que, si se opta por ese limite al precio del gas, sea una medida adoptada de forma conjunta por todos los miembros de la Unión Europea, y no solamente que afecte a España y Portugal, o que la norma que vea la luz fije, "por seguridad jurídica y económico-financiera", el precio de referencia OMIE que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado ibérico.
No obstante, reconocen la conveniencia de que los gobiernos "busquen soluciones" ante una coyuntura como la actual, marcada por la necesidad de acelerar la transición energética en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente tras el estallido del conflicto bélico de Ucrania, y de volatilidad de precios, que han llevado a una escalada imparable en el precio del gas en todo el mundo, pero particularmente en Europa.
Ello ha impactado también -reconocen- en el mercado eléctrico, con una "escalada en los precios en el último año sin precedentes, generando graves dificultades económicas en el tejido empresarial ibérico, en la capacidad y propensión de los hogares a consumir energía y un fuerte malestar social".
España y Portugal han propuesto a Bruselas como fórmula para abaratar el recibo de la luz una reforma del mercado mayorista eléctrico, el denominado pool, por la que se permitiría a ambos países topar en 30 euros/MWh el precio del gas que se usa para generar electricidad.
No obstante, esta propuesta, que cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico, debe recibir el visto bueno de la Comisión Europea. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confía en que a principios de mayo Bruselas dé el visto bueno a la medida para su entrada en vigor.
