Así se desprende del informe que la organización ecologista Greenpeace ha publicado este martes, 'Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo', un estudio basado en las investigaciones de la Fundación Renovables, que analiza 25 proyectos concretos que evidencian casos de malas y buenas prácticas en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.
Para la organización ecologista, agilizar la implantación de las energías renovables es “crucial”, junto con la “reducción del sobreconsumo, la protección de la biodiversidad y la lucha contra las crecientes desigualdades sociales”, sobre todo “en un contexto en el que tanto España como la Unión Europea están aún lejos de la descarbonización para 2040”.
Sin embargo, en este proceso de despliegue renovable, “es fundamental buscar la armonía entre la necesaria expansión de las renovables y el cuidado de la biodiversidad, el territorio y las personas que viven en él, a la vez que se avanza en cambios profundos en el modelo de producción y consumo”.
"La buena noticia es que es posible hacerlo bien y se está haciendo en muchos sitios. La mala es que ninguna de las comunidades autónomas analizadas se libra de tener malas prácticas en su territorio”, señalan desde Greenpeace.
Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace: “Frente al poder de las grandes corporaciones, necesitamos ampliar la transparencia y la participación de la ciudadanía en la democratización del sistema energético. Hay empresas que intentan repetir el mismo esquema de los combustibles fósiles en la implantación renovable, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades que las acogen y considerando las garantías ambientales como obstáculos”.
¿Qué se hace bien y qué se hace mal en el despliegue renovable?
Greenpeace pide que las que hoy son sólo buenas prácticas deberían ser obligatorias siempre, y las malas prácticas, prohibidas y erradicadas. En primer lugar veamos qué es lo que se hace bien:
Para la organización ecologista, “una participación temprana de las comunidades locales para que tengan algo que decir en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales...) es un buen comienzo. Pero debe ir seguido de medidas como “el uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía” y del “fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas.
Además defienden que las renovables tienen que servir, en todo caso, para “reducir la factura energética de empresas locales o personas vulnerables, y para democratizar el acceso a la energía", con “la apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta”.
El abandono de malas prácticas también cuenta como ejemplo de cosas bien hechas: Entre ellas figuran “evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental, impedir la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales), o hacer lo posible para prohibir la expropiación forzosa de los terrenos”.
Es interesante señalar que algunos de los casos de buenas prácticas, además, tienen que ver con la actuación de las Administraciones locales. Por ejemplo, “algunas veces facilitan procesos de diálogo y concertación entre los promotores y la población local, u otras aprovechan los ingresos adicionales derivados de la carga fiscal sobre las plantas renovables para financiar políticas sociales o contra la desigualdad”.
Sin embargo, entre las malas prácticas más comunes, Greenpeace identifica varias, como por ejemplo “la fragmentación de proyectos, las afecciones medioambientales, el impacto cultural y arqueológico, la falta de diálogo y participación de las comunidades locales, la expropiación forzosa y el impago de impuestos”
Normas para favorecer las buenas prácticas
El informe señala algunas normativas estatales como alarmantes porque fomentan precisamente las malas prácticas. Entre ellas, la "tramitación medioambiental express" (Art. 22 del RDL 20/2022), que abre la puerta para que determinados proyectos puedan recortar las garantías ambientales y la participación pública.
El trabajo que presenta hoy Greenpeace también recoge que “tanto la normativa estatal como las autonómicas tienen fuertes disparidades en las medidas propuestas para el despliegue de las renovables”. Los ecologistas denuncian que “todavía no hay procesos claros para fomentar la participación ciudadana temprana y pocas abren al público la participación económica en los proyectos renovables corporativos”.
Estas medidas de participación económica podrían ser “el establecimiento de una cuota de participación obligatoria en el accionariado/inversión (como en Baleares, Cataluña y Navarra)” o “priorizar los proyectos que se abren a participación respecto a los que no lo hacen (propuesta aún sin aprobar en la C. Valenciana)”. Sin embargo, aunque Greenpeace ve estas medidas como positivas, “necesitan aún mejoras para facilitar la participación ciudadana de forma efectiva”.
Otros casos interesantes para fomentar las buenas prácticas son la creación de zonas de exclusión para la implantación de las energías renovables (ej. en Castilla-La Mancha) o limitar la capacidad expropiatoria de los promotores en caso de declaración de "utilidad pública" (Islas Baleares). Sin embargo, son aún experiencias muy limitadas y puntuales.
El informe también incluye ejemplos de normativa sobre participación ciudadana en Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y concluye que es perfectamente posible conseguir una implantación de las energías renovables urgente al mismo tiempo que respetuosa con las personas y la biodiversidad
Demandas de Greenpeace
Por todo ello, entre las exigencias principales de Greenpeace figura la “derogación de la tramitación ambiental express en todas las zonas a excepción de las de baja sensibilidad ambiental” y el establecimiento de una “zonificación ambiental para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas” frente a las zonas de baja sensibilidad ambiental, como “suelos urbanos, industriales, aparcamientos, infraestructuras y zonas degradadas”.
Además, piden la introducción de “mecanismos para priorizar los proyectos más participativos y más respetuosos con la biodiversidad”, una riqueza biológica que debería contar con “unas directrices obligatorias para proteger y mejorar la biodiversidad local”. Finalmente, Greenpeace reclama “transparencia” en la forma de un “mapa que recoja todos los proyectos en operación y en tramitación así como la información relacionada con su expediente”, además de que se “asegure el acceso a la red eléctrica a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad”.
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