Los largos procedimientos administrativos para la concesión de permisos son una de las principales barreras a la inversión en proyectos de energía renovable y su infraestructura relacionada, un obstáculo identificado hace ya tiempo por el sector renovable nacional y que pone en riesgo los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos para 2030 tanto de la UE como del PNIEC español.
Esas barreras incluyen la complejidad de las normas aplicables para la selección del lugar y las autorizaciones administrativas para los proyectos, las extensas evaluaciones de impacto ambiental y sus redes energéticas relacionadas, los problemas de conexión a la red, las limitaciones para adaptar las especificaciones tecnológicas durante el procedimiento de concesión de permisos y los problemas de personal de las autoridades que conceden los permisos o de los operadores de la red.
Para acelerar el ritmo de implementación de tales proyectos es necesario adoptar normas que simplifiquen y acorten los procedimientos de concesión de permisos, teniendo en cuenta la amplia aceptación pública del despliegue de energías renovables.
Este es precisamente el objetivo de la Directiva (UE) 2023/2413, una normativa que España tendría que haber aplicado en julio de 2024 y que incluye plazos claros para los procedimientos de concesión de autorizaciones dirigidos a tecnologías o tipos de proyectos específicos. Además, introduce la presunción de que los proyectos de energías renovables, el almacenamiento y la infraestructura de red conexa son de interés público superior.
Zonas de aceleración
También existe la obligación de que los Estados miembros diseñen «zonas de aceleración de las energías renovables» en las que los proyectos puedan beneficiarse de plazos más cortos para las autorizaciones, dado el bajo impacto medioambiental.
La designación de áreas de aceleración de energías renovables debería permitir que las plantas de energía renovable y el almacenamiento de energía ubicado en el mismo lugar, así como la conexión de dichas plantas y almacenamiento a la red, se beneficien de la previsibilidad y de procedimientos administrativos simplificados para la concesión de permisos.
En particular, los proyectos ubicados en zonas de aceleración de las energías renovables deben beneficiarse de procedimientos administrativos acelerados de concesión de permisos, incluida una aprobación tácita en caso de falta de respuesta de la autoridad competente a un paso administrativo intermedio dentro del plazo establecido
Ocho países en el punto de mira de la Justicia
Tras examinar la respuesta legislativa de los Estados miembros ante la nueva normativa, la Comisión ha decidido abrir procedimientos de infracción a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia por no haber comunicado las medidas de transposición, y a Bulgaria, Francia y Países Bajos por no facilitar información suficientemente clara y precisa sobre la manera en que sus medidas de transposición transponen cada una de las disposiciones de la Directiva.
Los ocho Estados miembros advertidos por la CE disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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