La polémica está servida. La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica de España, Rocío Sicre, sostiene que los cánones "ambientales" que imponen a la eólica las autonomías rompen "la unidad de mercado". El secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, opina que "las comunidades autónomas hacen mal uso de la potestad recaudatoria que les confiere el Estado" y por ello considera que "en el debate político actual sobre recentralización habría que reconsiderar competencias autonómicas como la tributaria". El presidente de la Xunta de Galicia, en las antípodas de Apecyl, acaba de anunciar que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética propuesta por el gobierno central, porque considera que invade "competencias propias de Galicia". Y la patronal gallega –Asociación Eólica de Galicia–, también muy lejos de la patronal castellano leonesa, coincide con Feijóo en que "es positivo que la Xunta tome las riendas".
Un seis por ciento indiscriminado
Pero, primero, vayamos a los antecedentes. El proyecto de ley denominado "de medidas fiscales para la sostenibilidad energética", aprobado en Consejo de Ministros el pasado catorce de septiembre, propone un impuesto del 6% "a aplicar a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica", es decir, un impuesto que gravaría todo kilovatio hora eléctrico generado en España, independientemente de que la fuente de ese kilovatio sea limpia (eólica, solar, biomasa) o sucia (las centrales térmicas que generan electricidad con gas, carbón o petróleo emiten CO2; las centrales nucleares producen residuos de muy alta peligrosidad). Pues bien, José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Turismo, ajeno por lo visto a esa diferencia, ha colado en el proyecto de ley ese impuesto del 6% –la Tasa Soria– so pretexto, además, de que ayudará a resolver el problema del déficit tarifario. La excusa esgrimida por Industria como justificante del nuevo impuesto no es compartida, sin embargo, por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de anunciar que va a presentar un recurso de constitucionalidad contra la iniciativa legislativa del Gobierno Rajoy y que ha declarado explícitamente además que el proyecto de Soria, compañero suyo en el Partido Popular, "carece de efecto alguno sobre el déficit estructural que se crea cada año y sobre el déficit histórico acumulado".
La AEE, tibia
No es Feijóo, sin embargo, ni el primero ni el único en enfrentarse a la propuesta de Industria. Antes al contrario, contra ese proyecto de ley, la izquierda parlamentaria en pleno ha presentado –lo hizo el pasado 17 de octubre– una enmienda a la totalidad que han apoyado el sindicato Comisiones Obreras y las cinco grandes organizaciones ecologistas de España: Amigos de la Tierra, WWF, Greenpeace, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y Ecologistas en Acción. Además, también se han pronunciado contra ese proyecto de ley, y con mucha contundencia, la Asociación de Productores de Energías Renovables de España (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), la Alianza por la Bioenergía o el clúster de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias (Clúster Ricam), por poner solo algunos ejemplos. De entre todo el sector español de las renovables, la reacción más tibia ha sido probablemente la de la Asociación Empresarial Eólica, que emitió un comunicado el pasado 23 de octubre que decía explícitamente que la AEE "defiende que el impuesto del 6% sobre la generación eléctrica incluido en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sea temporal y se elimine una vez que se haya puesto fin al déficit de tarifa".
Feijóo pide la recuperación de prima para la eólica
En las antípodas del beneplácito AEE, se pronunciaba por ejemplo, hace un par de días, el presidente de la patronal eólica canaria, Julián Monedero Andrés, que señalaba que "entre la supresión de la prima y ese aviso de legislación en el que se establece una tasa del 6% a la generación eléctrica, al final, lo que tienes es un sector completamente paralizado". Pues bien, ahora, desde la otra punta del país, Feijóo se suma a la crítica. Según el presidente de la Xunta, en lo que se refiere a razones jurídicas, "el grado de incertidumbre que esta medida genera impide el ejercicio de las actividades de planificación que entendemos son competencia de la comunidad; afecta a las competencias propias de Galicia y, en consecuencia, el recurso [al proyecto de ley del gobierno] se basa en la invasión de competencias estatutarias”. Por otra parte, y en lo que toca a las razones económicas (la tarifa), Feijóo considera –como se dijo– que el proyecto de ley "carece de efecto alguno sobre el déficit estructural". Más aún, también en materia de economía, pero en lo que se refiere concretamente a la prima, el presidente gallego opina que "es cierto que existía un marco económico excesivamente atractivo para determinadas instalaciones poco eficientes, básicamente la energía fotovoltaica y la termosolar; pero, para el resto de las tecnologías, como la eólica, era un marco muy eficiente que entendemos que no puede ser equiparado a los marcos más ineficientes”.
Por la unidad de mercado...
En ese sentido, el máximo responsable del ejecutivo gallego propone "estudiar cada una de las energías y establecer unas primas renovables para cada una de ellas y no hacer un conjunto donde todos pierden, incluidas las energías más eficientes”. Por todos esos motivos, ha explicado Feijóo, "presentamos este recurso para proteger al sector eólico, el sector de la biomasa, el sector del biogás y el sector de la cogeneración energética en la Comunidad”. En fin, que lo que Feijóo le está diciendo a su paisano Mariano Rajoy, inquilino en La Moncloa, es: uno, no invadas mis competencias; dos, devuélveme la prima, pues no todas las energías son iguales; y tres, dile al ministro Soria que su tasa del 6% "carece de efecto alguno" sobre el déficit de tarifa estructural (esa tasa ideada por el ministerio de Industria del Gobierno Rajoy grava con un 6% a, entre otros, el kilovatio eólico, ya maltrecho por muchos impuestos autonómicos, según la AEE).
Curiosamente, el mismo Feijóo fue uno de los pioneros en la introducción de impuestos autonómicos a la energía eólica: recuérdese el famoso canon paisajístico gallego (Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental). Pues bien, precisamente ese canon, y otros impuestos autonómicos similares, acaban de ser objeto de debate en la jornada "Impuestos autonómicos y locales a la energía eólica", evento organizado la semana pasada en la capital del reino por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y el Club Español de la Energía (Enerclub). Y ha sido precisamente en ese foro donde la presidenta de la AEE, Rocío Sicre, ha señalado que los cánones "ambientales" que imponen las autonomías a la eólica rompen "la unidad de mercado, con el consiguiente perjuicio para el funcionamiento del sistema y la economía".
... A la recentralización del estado
Según Sicre, ello perjudica la competitividad del sector, que, "en España, soporta ya una de las cargas fiscales más elevadas de los países de nuestro entorno". Además, la presidenta de AEE considera que esos impuestos suponen "una penalización, y una pérdida de confianza para las inversiones, que reciben una retribución inferior a la razonable en las comunidades en las que existen estos gravámenes” (curiosamente, la AEE no parece ver la misma "penalización", ni la misma "pérdida de confianza", en el impuesto estatal que está ultimando el gobierno central, la Tasa Soria del 6%, a la que la asociación ya ha dado su aquiescencia). En fin, sea como fuere, de la unidad de mercado también ha hablado en esta jornada Miguel F. Calleja, responsable de regulación de Comunidades Autónomas de Iberdrola.
Según Calleja –informa AEE–, "ninguno de los impuestos [autonómicos] actuales cumple los objetivos de lo que es un impuesto medioambiental, ya que no gravan las emisiones de CO2, no dan ventajas fiscales por no ser contaminantes, y gravan a energías renovables o no emisoras". Como consecuencia, concluye Calleja, “se rompe la unidad de mercado, se transfieren rentas entre consumidores de comunidades autónomas y se anula la capacidad del estado para establecer política energética”. En las antípodas de Feijóo, pero más explícito aún, ha estado el secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, Eugenio García Tejerina, que opina –como apuntábamos arriba–, que "las comunidades autónomas hacen mal uso de la potestad recaudatoria que les confiere el Estado" y por ello considera que "en el debate político actual sobre recentralización habría que reconsiderar competencias autonómicas como la tributaria".
A vueltas con la constitución
En la misma línea que Calleja, su colega Gonzalo Sáenz de Miera, director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola y ponente también en la jornada, ha planteado una serie de preguntas: "¿son realmente ambientales los impuestos de las comunidades autónomas o meramente recaudatorios? ¿Es coherente apoyar una tecnología por sus cualidades medioambientales y a la vez gravarla por ello? ¿Va la ley en España en la misma dirección que en el resto de la Unión Europea?". Según Sáenz de Miera, “una reforma fiscal bien definida puede eliminar distorsiones y contribuir a un sistema económico y energético mucho más eficiente”. Otra de las conferenciantes, Carmen Mateas, secretaria de la junta directiva de AEE (y socia fundadora de Mateas Abogados), ha hecho balance de la situación. Así, ha recordado que desde la Asociación Empresarial Eólica se han recurrido los cánones eólicos de Galicia y Castilla-La Mancha, a la par que Apecyl hacía lo propio con el de su comunidad. Mateas, que asegura que "hay dudas sobre la constitucionalidad de estos tributos", ha señalado durante la jornada una clara contradicción con la política europea, ya que estos cánones “no sólo no incentivan, sino que desincentivan la instalación eólica”. La abogada ha avisado asimismo de que la proliferación de los impuestos autonómicos y locales sobre la eólica irá en aumento de forma descontrolada “si no se pone un cortafuegos”.
No a los impuestos autonómicos; sí a la Tasa Soria
Todo ello se traduce –según la AEE– en "inseguridad jurídica para las empresas que invirtieron en las comunidades antes de que se aplicasen estos impuestos, distorsiona las condiciones de competencia en el mercado y supone una pérdida de competitividad para el sector eólico". Según la patronal española, "la eólica es una de las tecnologías generadoras de electricidad que más impuestos soporta en España", y es que –concluye la AEE–, "a las cargas fiscales comunes a los demás tipos de energía (impuesto sobre la electricidad, impuesto sobre sociedades, Impuesto de Actividades Económicas…), hay que sumar las tasas autonómicas (incluidos los cánones medioambientales) y locales (impuesto sobre los Bienes Inmuebles de Características Especiales, BICE; Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO)". En fin, que la AEE gasta un discurso cada vez más claro: por una parte, defiende la supresión "de los impuestos autonómicos a las instalaciones eólicas y así evitar una doble imposición por motivos supuestamente ambientales a los parques ubicados en aquellas comunidades autónomas donde se aplican cánones eólicos (es el único sector que soporta este tipo de tasas)"; y, por otra, "defiende que el impuesto del 6% sobre la generación eléctrica incluido en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sea temporal y se elimine una vez que se haya puesto fin al déficit de tarifa".
Con denominación de origen
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) presume de tener más de 200 empresas asociadas y una representación del 95% del sector en España. Desde el pasado 19 de enero, Rocío Sicre es su presidenta. Sicre entró en el mundillo de la energía por la puerta de Unión Fenosa (hoy Gas Natural Fenosa). Un peldaño por debajo de la presidenta, en la Junta Directiva de la AEE hay una Comisión Ejecutiva Permanente compuesta por siete vicepresidentes. Gamesa, Vestas y Acciona cuentan con una vicepresidencia cada uno. Las otras cuatro vicepresidencias las ocupan Eduardo Buey Casaus (representante de Gas Natural Fenosa), Francisco Rodríguez (representante de E.On, que en España tiene más de 2.000 megas de gas y menos de 400 MW eólicos), Ángeles Santamaría (representante de Iberdrola, compañía con más de 5.500 MW de potencia eólica y más de 6.000 de gas instalados en España) y Javier Rodríguez Domínguez (en representación de Enel Green Power España, EGPE; que está participada en un 40% por Endesa; EGPE tiene 1.529 MW eólicos en España y Portugal; Endesa tiene más de 14.000 MW térmicos –gas, carbón– en España y Portugal).
Y un apunte para acabar
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha revalidado su mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas gallegas (Feijóo ya obtuvo mayoría absoluta en los comicios de 2009). En los celebrados el pasado 21 de octubre, los resultados fueron los siguientes: Ciudadanos con Derecho a Voto (CconDV), 2.299.184; CconDV que ejercieron ese derecho, 1.467.657; CconDV que se abstuvieron, 832.678; CconDV que votaron PP, 653.934; CconDV que votaron PSdeG-PSOE, 293.671; CconDV que votaron Alternativa Galega de Esquerda (Esquerda Unida-Anova), 200.101; CconDV que votaron Bloque Nacionalista Galego (145.389 votos); votos en blanco, 38.410; votos nulos, 37.472 votos. De los veintiséis partidos que concurrieron a las elecciones, veintidós quedaron fuera del parlamento gallego (ninguno de ellos alcanzó los 22.000 votos). Solo cuatro, los citados, obtuvieron representación parlamentaria: PP, 41; PSdeG-PSOE, 18; AGE (EU-Anova), 9; BNG, 7. Los CconDV que están representados a día de hoy en el parlamento gallego son 1.293.095; los CconDV que no están representados en el parlamento gallego son más de un millón, concretamente, 1.006.089.
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