"Ahora es el turno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -explican los ecologistas- para (1) denegar definitivamente la autorización de construcción de la mayor mina a cielo abierto de toda Europa tras el dictamen vinculante emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear, (2) archivar definitivamente el proyecto y (3) solicitar a la empresa que restaure el grave daño ambiental ya ocasionado en el entorno" (entre otras cosas, los movimientos de tierras ya ejecutados por la promotora de este proyecto, la minera australiana Berkeley, han acabado con la vida de varios centenares de encinas del Campo Charro, algunas de ellas, centenarias).
Con la aprobación de esa PDT, el Consejo de Seguridad Nuclear está garantizando -según WWF- la protección del medio ambiente y la salud pública frente a los riesgos radioactivos del proyecto, "y más concretamente -destaca esta oenegé-, frente a los residuos radioactivos derivados de la actividad de la mina y planta de concentrado". Con ello, el CSN solventa la que WWF considera "una de las graves carencias e irregularidades de este proyecto": la Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por la Junta de Castilla y León, que no evaluaba los efectos de la radioactividad en las personas y el medio ambiente.
WWF recuerda el curso de los acontencimientos
La Junta de Castilla y León (gobernada entonces por el PP) aprobó la susodicha Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, "donde consideraba que los residuos generados por las instalaciones no eran depósitos radiactivos y por tanto autorizaba este proyecto sin evaluar los efectos de la radioactividad en las personas y el medio ambiente". Ahora -celebran los ecoloogistas-, el máximo organismo estatal en materia de seguridad nuclear, el CSN, deja en evidencia a la Junta afirmando que existe un alto riesgo de contaminación radioactiva del acuífero y que, por tanto, la explotación de uranio es peligrosa y no se debería autorizar.
La asociación del oso panda ha denunciado durante años, como también lo han hecho otras oenegés y plataformas (como Stop Uranio), las graves irregularidades que han rodeado a este proyecto. En 2017, por ejemplo, WWF presentó una queja ante la Comision Europea, que abrió una investigación sobre el mismo, todavía no cerrada, "por sus graves impactos sobre los hábitat y especies protegidos por la Directiva Hábitat".
Graves impactos porque, a pesar de no contar todavía con todas las autorizaciones necesarias, la empresa Berkeley, ya instalada en la zona desde hace años, había realizado ya graves destrozos ambientales con movimientos de tierras y la tala de un millar de encinas, muchas de ellas centenarias, en el corazón del Campo Charro, en un espacio Red Natura 2000 (Riberas de los Ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes), hecho que fue llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por WWF.
En el comunicado que difundió ayer, WWF recuerda que, aparte de una Declaración de Impacto Ambiental que olvida evaluar los efectos de la radioactividad en las personas que pueden ocasionar una mina de uranio a cielo abierto y una fábrica de concentrado, ha habido otras irregularidades. A saber: la falta de licencias municipales de obra y las presiones percutidas por la minera australiana al mismísimo CSN y que fueron denunciadas por el propio presidente del Consejo.
La oenegé destaca en ese comunicado también la oposición de Portugal, cuyo mismísimo Parlamento había pedido al gobierno portugués que pidiera a España la paralización del proyecto hasta no realizar un estudio de impacto ambiental transfronterizo, "algo obligado por Ley -insiste WWF-, que se sumaba a la importante lista de irregularidades y carencias legales del proyecto".
Para la organización ecologista, con la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear de denegar la solicitud de autorización de construcción "por fin se antepone el bien común y la salud pública frente a la especulación y destrucción ambiental, con el objetivo de evitar los enormes impactos ambientales y riesgos asociados a la actividad y contaminación radioactiva de este proyecto en el corazón de la dehesa salmantina".
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España: “tras largos años de denuncias, irregularidades y graves impactos sobre el territorio, hoy celebramos el fin de este proyecto. Con la aprobación de este dictamen, el Consejo de Seguridad Nuclear cumple su función de velar por la protección de las personas y el medio ambiente frente a la contaminación radioactiva, aspecto que sorprendentemente no había sido evaluado hasta el momento. Desde WWF pedimos ahora que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siguiendo el dictamen vinculante del CSN y la propia Ley de Cambio Climático, deniegue definitivamente la autorización de construcción y archive el proyecto finalmente”
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ER recorre la historia de Berkeley en Retortillo
• Cañete, otra vez salpicado por el tráfico de influencias (4 de diciembre de 2015)
• Una empresa australiana quiere abrir aquí la que sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa (junio de 2016)
• Equo difunde un comunicado de apoyo "a los activistas de Stop Uranio amenazados por Berkeley en Salamanca" (junio de 2016)
• Retortillo quiere declarar personas non gratas a dos activistas antinucleares (octubre de 2016)
• El Defensor del Pueblo reclama al ministro de Energía información sobre la instalación radiactiva de uranio de Salamanca (octubre de 2017)
• Características del proyecto (enero de 2019)
• Berkeley anuncia que está "lista para invertir" 87 millones de euros en la mina de uranio de Salamanca (mayo de 2020)
• La minería de uranio recibe un espaldarazo del Ministerio para la Transición Ecológica (diciembre de 2020)
• Los promotores de la mina a cielo abierto de uranio prometen una lluvia de millones en Salamanca (18 de febrero de 2021)
• El Consejo de Seguridad Nuclear dice no a la fábrica de concentrados de uranio de Retortillo (13 de julio de 2021)