El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de la organización ecologista WWF y se ha dirigido al ministro de Energía recordándole que las asociaciones representativas de intereses sociales son titulares de intereses legítimos colectivos -la acción popular- que debe respetar. Por ello, el Defensor del Pueblo le ha solicitado información sobre procedimientos tramitados o en curso sobre la instalación de uranio en Retortillo. También ha preguntado al ministro si va a reconocer a WWF España la condición de interesado en dichos procesos o qué se lo impide.
El pasado 20 de julio, WWF presentó una queja a la defensora del pueblo contra el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, "por denegación del derecho de información ambiental sobre la autorización de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio, que la empresa pretende instalar en el Retortillo (Salamanca)". El Defensor del Pueblo la admitió a trámite el 2 de agosto de este año, solicitando al ministro de Energía información sobre la instalación y sobre la falta de respuesta a WWF España.
WWF ya se había dirigido en tres ocasiones al ministro de Energía, "solicitando esa información ambiental, denunciando la falta de evaluación de impacto y su autorización previa". La oenegé también había reclamado ser considerada "parte interesada en la evaluación ambiental de la autorización de construcción de la instalación nuclear", sin obtener respuesta alguna. WWF denuncia que todo esto supone una vulneración clara del Convenio de Aarhus sobre "acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente".
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, considera que “la mina y la instalación de tratamiento de uranio que Berkeley quiere crear en Salamanca supone un gran riesgo para el medio ambiente y creemos que la evaluación de impacto ambiental es defectuosa”. Según Del Olmo, “esperamos que la investigación del Defensor del Pueblo permita que se repare esta vulneración de acceso a la información y que permita también conocer todos los detalles relativos a la instalación radiactiva de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)”.
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