La nueva Ley, "herramienta diferenciada de lo existente", en palabras de Tapia, instituye por una parte las "desinversiones en explotaciones de energías fósiles" y establece por otra "un canon asumible para los productores de renovables que permite compensar al entorno". La creación del canon o impuesto directo a la implantación de energías renovables en suelo no urbanizable es una propuesta del PNV y el Partido Socialista de Euskadi, propuesta recogida en una enmienda registrada por estos dos partidos el pasado mes de diciembre. Los ingresos procedentes de este gravamen habrán de ser empleados en la implementación de medidas compensatorias para los territorios. El proyecto de Ley fue presentado hace meses, ha sido objeto de debate entre las tres formaciones políticas durante todo este tiempo y ha quedado pactado por fin este viernes por las tres fuerzas políticas vascas (PNV y PSOE gobiernan en coalición; EH Bildu es el partido de la oposición que cuenta con más escaños).
Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente: "la Ley incluye el compromiso con las desinversiones en todas aquellas infraestructuras de explotación de energías fósiles de las que dispone el Ente Vasco de la Energía con el compromiso adicional de utilizar los recursos de las desinversiones para poner en marcha nuevas infraestructuras de energías renovables o eficiencia energética"
La Ley incluye la creación de un fondo social climático, así como la incorporación de la perspectiva energética y climática en los presupuestos públicos, con el compromiso de destinar a este tipo de iniciativas el 2,5% de los mismos. La Ley fija objetivos concretos para el año 2030 (metas cuantificables para la reducción de gases de efecto invernadero, el aumento de la eficiencia energética, y el fomento de las energías renovables), ampara la constitución de asambleas ciudadanas, en el marco de las cuales se abrirán procesos deliberativos, atribuye facultades a estas asambleas y al Consejo Asesor de Medio Ambiente, impulsa la conformación de una comisión científica e impulsará también la creación de la Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático.
Preside el Gobierno Vasco el nacionalista Iñigo Urkullu (PNV), que fue investido en 2020 gracias a los votos de PNV (31) y el Partido Socialista de Euskadi, PSE (10). Urkullu conduce un gobierno de coalición PNV-PSOE (la mayoría absoluta en la cámara vasca está en los 38 escaños). Lidera la oposición en la cámara baja vasca el grupo parlamentario de EH Bildu, que cuenta con 21 escaños y que ha destacado como gran logro de la nueva Ley la obligación de desinversión que establece para el Ente Vasco de la Energía, que deberá desprenderse de todos sus activos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos y a los combustibles fósiles, medida que se verá complementada con la obligación de que los recursos obtenidos de esas desinversiones deberán quedarse en esta agencia gubernamental vasca y ser reinvertidos fundamentalmente en energías renovables.
El pacto alcanzado por los tres partidos se produce en un marco preelectoral. Los próximos comicios vascos tendrán lugar, salvo sorpresa, antes de las elecciones europeas, que está previsto se celebren el 9 de junio.
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