El País Vasco era la única Comunidad Autónoma de toda España que todavía no había eliminado la exigencia de licencia de obras para estas instalaciones, un requisito que, según la Unión Española Fotovoltaica, no solo estaba provocando retrasos de hasta ocho meses en la tramitación de los proyectos, sino que, además, suponía un impacto en el coste de la instalación. UNEF, asociación empresarial que reúne a más de 700 compañías del sector solar fotovoltaico nacional, compareció el pasado mes de diciembre en el Parlamento Vasco para reclarmar la derogación de esa exigencia, que ha mantenido vigente durante estos años el Gobierno que preside el nacionalista Iñigo Urkullu, que fue investido en 2020 gracias a los votos de PNV (31) y el Partido Socialista de Euskadi, PSE (10). Urkullu conduce un gobierno de coalición PNV-PSOE (la mayoría absoluta en la cámara vasca está en los 38 escaños).
El caso es que la licencia de obras -decía en diciembre el director general de UNEF, José Donoso, en su comparecencia en el Parlamento- no solo supone un impacto en el coste de la instalación, sino que, además "desanima a la ciudadanía -añadía-, que quiere apostar por el autoconsumo para reducir su factura eléctrica y contribuir a la lucha contra el cambio climático”.
Los argumentos que ponía sobre la mesa UNEF entonces eran diversos
El País Vasco -recordaban desde la asociación- ha recibido hasta la fecha más de 32 millones euros de ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea para autoconsumo y almacenamiento detrás del contador. "Mantener la licencia de obras no solo va en contra de la estrategia marcada por la Unión Europea -apuntaba Donoso-, sino que además es un anacronismo que lastra la reactivación económica y la generación de empleo en la región”. [Bajo estas líneas, mapa UNEF de licencia de obras. El último territorio en eliminar este requisitos, que la asociación empresarial siempre ha considerado innecesario, ha sido Euskadi].
El mantenimiento de la licencia de obras ha estado ralentizando por otro lado el despliegue de comunidades energéticas. UNEF recordaba durante su intervención en el Parlamento que el País Vasco es la segunda Comunidad Autónoma con más proyectos de comunidades energéticas, detrás de Cataluña.
“Estas comunidades -decía entonces Donoso- son entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y abierta, donde el control efectivo lo ejercen miembros que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales. Las Comunidades Energéticas fomentan la eficiencia energética y la sustitución de combustibles fósiles, siendo una herramienta clave para romper la dependencia energética y cumplir los objetivos energéticos y medioambientales”.
Por fin
El cambio legal ahora por fin aprobado, cambio impulsado por EH Bildu, es "coherente -explican desde la formación abertzale- con los criterios que la Unión Europea ha establecido en esta materia y con los cambios legislativos que ya han hecho Navarra y la mayoría de las comunidades del Estado". Para el diputado Mikel Otero la norma ahora aprobada “es un paso pequeño pero importante hacia un modelo descentralizado de transición energética que hace protagonistas a las y los ciudadanos”.
La proposición de ley para cambiar en ese punto la Ley del Suelo y Urbanismo la presentó Otero en junio de 2022 y el Parlamento abrió su tramitación en octubre, una vez recibido el dictamen favorable del Gobierno. Tras la tramitación en ponencia, el Pleno de la Cámara la ha aprobado con los votos de EH Bildu, PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP.
Mikel Otero, diputado por Araba de EH Bildu: “la emergencia climática, la dependencia de la energía exterior, la crisis de los precios energéticos y los factores geopolíticos que están tensionando el suministro en los últimos meses están poniendo de manifiesto la necesidad de acelerar la transición energética, un contexto en el que el autoconsumo es un instrumento importante para hacer frente a todos estos problemas. De hecho, el autoconsumo reduce la demanda en el mercado energético, mejora las condiciones medioambientales, ayuda a reducir la importación de hidrocarburos e también trae consigo una rebaja inmediata en la factura de las y los consumidores”
Con la modificación legal aprobada se elimina la obligatoriedad de solicitar la licencia municipal de obras para poder instalar en los edificios placas solares y puntos de recarga de coches eléctricos. Con esta propuesta, los trámites para esas instalaciones se agilizarán considerablemente, ya que bastará con una comunicación al Ayuntamiento correspondiente antes de ejecutar la obra. Habrá excepciones, no obstante, ya que, tal y como ha aclarado Otero, “la licencia sí deberá solicitarse cuando las instalaciones se realicen en edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados, cuando afecten a la cimentación o a la estructura del edificio o cuando requieran una evaluación de impacto ambiental”.
El parlamentario de EH Bildu recuerda que la Unión Europea viene advirtiendo desde 2018 de la necesidad de impulsar el autoconsumo de energías renovables y que también ha pedido que los gobiernos tomen medidas en ese sentido para detectar y eliminar las trabas administrativas a la colocación de placas solares en los tejados. “El Gobierno español aprobó en 2018 un decreto ley con esos objetivos y desde entonces la mayoría de las comunidades, incluida Navarra han modificado sus leyes para suprimir ese tipo de obstáculos; es decir, para dejar sin efecto la obligación de solicitar la licencia de obras a los ayuntamientos. En la Comunidad Autónoma Vasca sin embargo, hasta ahora no se ha dado este paso para eliminar las trabas que dificultan el autoconsumo”.
