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Organizaciones sociales, ambientales y sindicatos exigen al Gobierno que prohíba los cortes de suministro a las personas vulnerables

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Medio centenar de organizaciones han solicitado al Gobierno la prohibición de los cortes de suministro esenciales a personas en situación de vulnerabilidad y que aplique el principio de precaución, entre otras medidas urgentes, para paliar la pobreza energética en España. Estas reclamaciones, recogidas en una carta remitida a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, han sido planteadas como parte de los preparativos de la Semana contra la Pobreza Energética, que tendrá lugar del 17 al 23 de febrero, según explica en un comunicado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
 Organizaciones sociales, ambientales y sindicatos exigen al Gobierno que prohíba los cortes de suministro a las personas vulnerables

El texto, suscrito por más de 50 organizaciones de diversa índole -entre las que figuran la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, ECODES, Energía Bonita, la Fundación Renovables, la Plataforma Cívica por la Luz de Cañada Real o sindicatos como UGT y CGT-, expresa su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclama medidas a corto y medio plazo para solucionar el problema.

Suministros básicos como un derecho permanente
La principal demanda de las organizaciones es que se garantice el acceso a los suministros básicos como un derecho "permanente", no como medida transitoria sujeta a un período excepcional. Para ello, reclaman "la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales (energía y agua) por impago, y que se aplique el principio de precaución", tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015. Esta norma prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el suministro sin consultar previamente con los servicios sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad.

Las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables "tienen un carácter temporal", por lo que reclaman un marco legal estable “que avance en el derecho a la energía”. También exigen la adopción de una serie de medidas "urgentes", a implementar este año 2024, y otras "a medio plazo". Estas iniciativas servirían para completar la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024), que según las organizaciones que suscriben el texto "sólo se ha implementado parcialmente". Son las siguientes:

Medias a corto plazo:
1) Que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago, sin aplicar el principio de precaución que ya funciona en Cataluña.
2) Ampliación y automatización de la concesión del bono social, y creación de una tarifa social accesible.
3) Cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social.
4) Creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
5) Además, se solicita al Gobierno que intervenga en el caso de la Cañada Real, donde llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, y que garantice el acceso a la energía a su población.

Medidas a medio plazo:
1) La creación de los mecanismos y programas necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética.
2) una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables.
3) Diseñar medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.

Firmantes de la carta
Aeioluz. Evolución Energética, Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra Aragón, Amigas de la Tierra Madrid, Amigos de la Tierra España, Argilan-ESK, Asociación Ecolutiona, Asociación Ecoserveis, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), Asociación Socaire, ATTAC España, CCOO, CECU. Federación de Consumidores y Usuarios, Consejo General del Trabajo Social, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), CGT Confederal, Coordinadora de Vivienda de Madrid/PAH, ECODES, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Energía Bonita, Eureka, Fridays for Future Madrid, Fundación Renovables, Greenpeace España, HEAT-UPM, ImpactE, Ingeniería Sin Fronteras Euskadi – Mugarik Gabeko Ingeniaritza, Instituto de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València, Intiam Ruai, La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad, La Palma Renovable, Marea de residencias, Plataforma Cívica por la Luz de Cañada Real, Plataforma contra la privatización de Canal de YII (PCPCYII), Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Remenat, Sindicat d’Habitatge de la Plataforma Activista por la Renta Básica Incondicional, Verneda i el Besòs, Sindicato de Inquilinas de Madrid, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SOLABRIA S.Coop., Som Energia Madrid, Stop Desahucios Móstoles, UGT, Unión Renovables.

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