La Cañada es un barrio fuera de ordenación urbanística, como ha señalado el Defensor del Pueblo en su reciente informe del pasado 22 de noviembre. Cañada Real NO es un asentamiento temporal ni un campamento transitorio, no es un poblado chabolista, aunque haya un gran número de infravivienda.
Tuvo su origen en un asentamiento al que han ido llegando personas de diferentes orígenes. Y actualmente, es un barrio diverso y estable que se ha ido consolidando a lo largo de 50 años, con el consentimiento de las autoridades. Está dividido informalmente en 6 sectores. Con la Ley de 2011, la Cañada dejó de ser vía pecuaria, y se comenzaron los pasos para dar solución al problema social y urbanístico existente. El Pacto de Cañada Real de 2017 lo define como “territorio muy diverso, con contrastes profundos, en el que conviven zonas con infraviviendas o chabolas con otras personas que están plenamente integradas en su barrio o ciudad”.
Nosotras hablamos de barrio en construcción.
Suministro eléctrico en Cañada Real
El Pacto Regional de Cañada Real, firmado en 2017 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos del lugar, considera prioridad “garantizar a los ciudadanos [de Cañada] un adecuado suministro de energía eléctrica”. Todos los sectores de la Cañada Real comparten una situación de informalidad y conexiones informales a la red de suministro eléctrico. La empresa responsable de suministrar luz a Cañada Real es Unión Fenosa, del grupo NATURGY. Esta empresa no solo no está suministrando luz a Cañada Real, sino que está trabajando para desmantelar la red. Tampoco se están facilitando por la empresa y las administraciones la celebración de contratos.
Corte de luz desde 2 de octubre de 2020
Estamos ante una emergencia humanitaria derivada del corte de luz en una parte de Cañada Real, que afecta a miles de personas, desde el 2 de octubre de 2020. Una situación de emergencia que se está agravando y cronificando por el paso del tiempo, ante la pasividad de las Administraciones.
El corte de luz es una forma de maltrato grave a la población. Estamos ante un supuesto claro y evidente de desalojo forzado. El corte de luz forma parte de la campaña de coacción y hostigamiento a las vecinas y vecinos para el abandono del barrio, coincidiendo con la actividad de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid. La ciudad crece y hay un objetivo claro de expulsar a la población del barrio.
Las autoridades han alegado diferentes e inconsistentes causas del corte de luz en los sectores 5 y 6. Un perito independiente designado por la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se está llevando una causa penal por coacciones, ha determinado que Naturgy instaló limitadores de suministro en las torres de conducción eléctrica de estos sectores, con autorización de la Comunidad de Madrid. También ha habido cortes en los sectores 2, 3 y 4, provocados por la destrucción de transformadores en un operativo policial de marzo de 2022 que nada tenía que ver con dichos transformadores. Asimismo, en los últimos meses Naturgy ha desmontado tendido eléctrico aéreo y cortado varios centenares de metros de cable.
Daños a la población
La suma de estos cortes premeditados supone que más de 6.500 personas vecinas de varios sectores sufran privaciones de suministro eléctrico a día de hoy. Una verdadera catástrofe humanitaria.
Los principales daños producidos a la población son
• Riesgo a la salud, a la propia vida y a la integridad física y moral.
• El corte de luz está acortando la vida a la población de Cañada Real
• En Cañada Real ha habido muertes por complicaciones por exposición al frío.
• Se han cronificado los problemas de salud, especialmente en niños (neumonías, bronquiolitis, crisis de ansiedad, accidentes domésticos, quemaduras, intoxicaciones).
• La población está teniendo problemas graves a nivel reumático, respiratorio, circulatorio y vascular.
• Problemas graves de ansiedad y depresión.
• Problemas de alimentación, al no poder conservar los alimentos, ni poder cocinar normalmente.
• Y también están sufriendo estigmatización, culpabilización, ataques verbales y hostilidades, incluso desde las propias autoridades de Madrid.
Además, como ha señalado el Defensor del Pueblo, se está quebrando el orden político y la paz social. Se está vulnerando nuestra Constitución, que coloca la salvaguarda de la dignidad de la persona como clave esencial de nuestro Estado social y democrático de derecho.
La falta de acceso al suministro eléctrico de miles de personas compromete la responsabilidad del Estado español en su conjunto.
Instituciones que han reconocido el grave daño a la población
• Naciones Unidas. En diciembre de 2020 un grupo de ocho expertos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (relatores especiales sobre la vivienda adecuada, personas con discapacidad, del derecho a la alimentación, a la educación y al agua potable, sobre los migrantes, sobre los derechos de las minorías, y sobre la extrema pobreza)
• El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos de la ONU, Olivier De Schutter, ha señalado que es inaceptable dejar a miles de familias sin electricidad, especialmente en el corazón de la Unión Europea, destacando que se están violando varios convenios internacionales de la ONU que España ha ratificado, la Carta Social Europea, la Convención sobre los derechos del niño y la de las personas con discapacidad y dependientes.
• El Defensor del Pueblo ha emitido varios informes desde 2020 (el último de fecha 22 de noviembre pasado) y no desaprovecha ocasión para recordar que España no está actuando para salvaguardar los derechos y la vida de las vecinas y vecinos de Cañada
• El Gobierno de España en RD 1058/2021, que reconoce la emergencia humanitaria y sin embargo no aporta soluciones inmediatas, sino que regula subvenciones para unos realojos que pueden prolongarse durante décadas.
• La propia Presidencia del Gobierno de España en una carta de fecha 3 de marzo de 2022, dirigida a la Plataforma Cívica, reconoce la dramática situación y señala que “el gobierno está comprometido en que se restablezca el suministro eléctrico lo antes posible, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias de la Cañada”.
• Muchas otras entidades sociales nacionales e internacionales, públicas y privadas, incluido el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, el Arzobispo de Madrid, el Equipo de Intervención sobre Población Excluida, integrado por profesionales médicos que asisten a la población, colectivos de profesores de Rivas- Vaciamadrid, Vicálvaro y Vallecas que dan clase a las niñas, niños y adolescentes de Cañada, y que denunciaron el daño ante la Consejería de Educación.
Población afectada
Especialmente grave es la violación de los derechos de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, personas de origen extranjero, personas de etnia gitana, personas de mayor edad, las personas con problemas de salud, las personas con diversidad funcional.
Y gravísima es la situación de las niñas, niños y adolescentes.
Recordamos que recientemente se ha aprobado en España una ley pionera, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños contra todo tipo de violencia. Y es violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a los niños y niñas de sus derechos y bienestar, y que amenaza su desarrollo.
Decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales
• Admisión a trámite
El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha admitido a trámite la primera Reclamación Colectiva presentada desde España que ha sido elevada por las organizaciones Defence for Children International (DCI), Federación Europea de las Personas sin Techo (Feantsa), Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), Comisiones Obreras (CCOO) y el ATD Cuarto Mundo que, junto a cuarenta y cinco colectivos más, conforman la Plataforma Cívica “Luz Ya en Cañada Real”.
• Derechos vulnerados
En la demanda señalamos que se está vulnerando la Carta Social Europea (derecho a la vivienda adecuada, art. 31; derecho a la protección social, jurídica y económica de la familia, art.16; derecho al más alto nivel posible de salud, art.11; protección contra la pobreza y la exclusión social, art. 30, derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo o por responsabilidades en el empleo, art. 20 y 27, protección de la infancia, art. 17, protección de las personas de mayor edad, 23, de las personas con discapacidad, art.15, derecho a la no discriminación, art. E).
Luz, contratos y mesa de seguimiento
La Plataforma trabaja por la consecución de tres objetivos que son
1. Luz: que se devuelva el suministro eléctrico.
2. Contratos: que se permita a las familias firmar contratos de suministro eléctrico.
3. Mesa de seguimiento: que haya cooperación y coordinación entre Unión Fenosa/Naturgy y las administraciones del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid y que se cuente con la opinión y participación de las vecinas y vecinos de Cañada Real.
Houda Akrikez es presidenta de la asociación cultural Tabadol y miembro de la plataforma Luz Ya en Cañada
