Como en otras convocatorias, han estado presentes -informa Europa Press- las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre y Mónica García. Maestre ha criticado que se sigan sin cumplir los derechos humanos en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. "La misma situación se repite mientras tanto Almeida como Ayuso no han hecho nada. Los realojos responden a un pacto de la legislatura pasada y no solucionan el problema urgente y es que estamos en diciembre y en Madrid hay 1.800 niños que viven sin agua caliente y sin luz. Hay que acabar con esto ya", ha exigido.
Por su parte, Mónica García ha censurado que se estén vulnerando los derechos de los vecinos de la Cañada, indicando que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen que poner "más humanidad" a este asunto. "Llevamos un año apoyando a las familias porque es una situación absolutamente intolerable", ha reseñado. El abogado Javier Rubio, que representa a los vecinos en la causa penal que investiga el cese del suministro eléctrico, ha destacado que "existe la posibilidad legal de restaurar la luzl. Lo que está pidiendo el vecindario de Cañada Real -ha añadido- es tener los mismos derechos que los demás".
Hipotermias
El colectivo denuncia que, tras más de catorce meses "sin solución a la vista", vuelve otro invierno con temperaturas gélidas". El invierno pasado hubo una gran afectación a la salud de los vecinos motivado por las hipotermias, quemaduras creadas por las precarias estufas de leñas, intoxicaciones por el humo y agravamiento de enfermedades crónicas", sostienen.
Destacan la incidencia en los enfermos por problemas respiratorios y han remarcado que en la zona afectada por el corte de luz viven 1.812 niños y niñas en "situaciones extremas que pueden tener consecuencias futuras para su salud física y mental".
"Las administraciones responsables están centrando sus acciones en la dotación económica para realizar realojos a las más de 900 familias de la Cañada Real pero, como han reconocido los distintos responsables públicos, estos realojos tardarán años en llevarse a cabo", han advertido.
La plataforma ha recordado que el Defensor del Pueblo señalaba en un informe fechado en noviembre que la solución pasaba por la celebración de contratos de suministro eléctrico con los vecinos.
Desde esta iniciativa social han querido señalar que el corte de luz "no afecta sólo a los vecinos de la Cañada Real sino a la calidad de la democracia permitiendo una vulneración masiva de derechos humanos que afecta a más de 4.000 personas, entre ellas 1.812 niños, niñas y adolescentes".
