El objetivo de las misivas sería que el CSN resuelva lo más rápido posible el expediente de solicitud de autorización de explotación de una mina de uranio a cielo abierto y la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio en el municipio de Retortillo (Salamanca). Las prisas vendrían de la mano de la posibilidad de que la próxima ley de cambio climático y transición energética incluya la prohibición de ese tipo de actividades. La ley en cuestión se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria lo que implica la negociación de enmiendas. Los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos han acordado incluir una enmienda que va en ese sentido: el de la prohibición de esa actividad, lo cual iría en contra de los intereses de Berkeley, que es una multinacional australiana que lleva ya varios años impulsando el proyecto de Retortillo.
Las organizaciones ecologistas que firman hoy, conjuntamente, el manifiesto de repulsa a esas presiones han denunciado en innumerables ocasiones "este peligroso proyecto y las constantes irregularidades en su tramitación". En el mismo comunicado manifiestan por otro lado "un escrupuloso respeto hacia las decisiones del CSN, por lo que rechazan las prácticas de esta empresa privada y piden al CSN que mantenga su total independencia ante estas maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial".
Las cinco oenegés -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- recuerdan por lo demás en su nota conjunta que la misión del Consejo de Seguridad Nuclear es “proteger a los trabajadores y trabajadoras, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen”. En ese sentido, los ecologistas insisten que "es esencial que se garantice su credibilidad [del Consejo de Seguridad Nuclear] en todo momento".
Por eso, las organizaciones ecologistas reclaman al presidente del CSN "que haga caso omiso a las inadmisibles presiones de Berkeley y tome la decisión sobre este proyecto con total independencia". Para ello -insisten los ecologistas-, debe aplicar "el máximo rigor técnico y tomarse todo el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor a través de las diferentes cartas que ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear".
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan las amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento Español, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir lo que los ecologistas denominan "la peligrosa minería de uranio" en nuestro país, una prohibición que por otro lado consideran "sería lógica en un contexto de transición energética hacia otras fuentes renovables y no contaminantes y en una estrategia de abandono de la energía nuclear.
Además -recuerdan las cinco oenegés-, la futura Ley de Cambio Climático incluye la prohibición de la minería de uranio, planteamiento que recoge una de las reivindicaciones de las entidades ecologistas, que consideran que "la energía nuclear no forma parte del futuro modelo energético".
Las cinco organizaciones califican de "inaceptable" el hecho de que Berkeley, "usando técnicas de intimidación más propias de estados no democráticos, trate de amedrentar al Gobierno y a diputadas y diputados del Congreso". Todo ello, ante la posibilidad de que España, mediante una ley aprobada con todas las garantías en la sede de la soberanía popular, decida apostar por un sistema energético libre de la amenaza para el medio ambiente y la salud pública que supone la minería de uranio y su legado de residuos radiactivos.
Las ONG reiteran que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud inaceptables.
Asimismo, recuerdan que, desde un principio, la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local. Así, el proyecto obtuvo "inexplicablemente" -señalan los ecologistas- una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León (BoCyL de 8 de octubre de 2013) "pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos".
Las organizaciones ambientales consideran que el proyecto de Berkeley conlleva impactos que el promotor no ha sido capaz de resolver y por ello han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica el archivo definitivo del procedimiento.
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