Los ecologistas españoles han seleccionado un proyecto de litio en Galicia, Mina Doade, como ejemplo de malas prácticas a nivel internacional. Sin embargo, también es paradójico que desde Europa haya grupos que consideren que para descarbonizar el transporte con coches eléctricos -por ejemplo- Occidente no deba asumir el coste ambiental de su modo de vida verde, un impacto que, de momento, permanece externalizado en países muy lejanos con condiciones de trabajo medievales y una legislación ambiental mínima. El debate está servido.
El papel de la minería en la transición energética
Afirmar que la extracción de minerales indispensables para un mundo más limpio es un proceso contaminante, constituye un contrasentido, es comprensible. Sin embargo, también es cierto que mantener nuestro modelo energético implica un aumento vertiginoso de la producción de metales y tierras raras. Por ello, la búsqueda de un modelo de crecimiento más ecológico podría conducir a la explotación intensificada de la corteza terrestre para extraer metales raros, con impactos ambientales no muy alejados de los de la industria fósil en algunos casos, sobre todo en países con una legislación ambiental inexistente.
El impulso definitivo a la transición energética tuvo lugar en 2015 en París, cuando 195 estados acordaron de forma unánime la aceleración de la transición verde y digital. Lo cierto es que se trató de algo asombroso, un acuerdo mundial sobre energía con un objetivo: contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados de aquí a finales de siglo, gracias, sobre todo, a la sustitución de las energías fósiles por sus homólogas verdes.
Aquel día en París, la humanidad emprendió el decimotercer trabajo de Hércules, sin plantearse quizá algunas preguntas cruciales. ¿Dónde y cómo vamos a procurarnos estos metales raros para asegurar la revolución verde?, ¿habrá vencedores y vencidos en el nuevo tablero geopolítico de los metales raros, como lo hubo con el petróleo y el carbón?, ¿con qué coste para nuestras economías, el ser humano y el medio ambiente conseguiremos garantizar su suministro?
Los minerales estratégicos que contienen algunas de las principales tecnologías permitirán iluminar y propulsar a la sociedad sin llama ni humo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las instalaciones eólicas generadoras de electricidad, o los vehículos eléctricos, requieren muchos más recursos minerales que sus equivalentes alimentados por combustibles fósiles. Además, un coche eléctrico multiplica las materias primas minerales utilizadas por un automóvil convencional (con motor de combustión interna) y una planta eólica requiere muchos más minerales que una central de ciclo combinado de gas natural.
Por esta razón, a medida que el porcentaje de renovables en el mix energético global ha ido aumentando, la cantidad promedio de minerales necesarios por unidad de capacidad de generación eléctrica ha aumentado significativamente. Por todo ello, hay motivos suficientes para afirmar sin temor a equivocarnos que el futuro de la transición energética pasa por la extracción de minerales estratégicos. El papel que quiera jugar Europa en este sentido ya es otra historia, que de momento es una de sumisión al control chino de las cadenas de suministro de la industria renovable, desde la mina a la fábrica.
La extracción mineral en Europa constituye una oportunidad para aumentar la independencia energética y la reindustrialización verde del Viejo Continente, y también para que Occidente desempeñe un papel algo más relevante en la transición energética mundial. El mismo principio que rige para el despliegue de parques eólicos y solares debería hacerse extensivo a los necesarios proyectos mineros: con responsabilidad, pedagogía, y con respeto a las comunidades locales.
Los ecologistas exigen al Gobierno que publique la lista de proyectos mineros estratégicos
Pues bien, en el contexto de esta encrucijada mineral, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han puesto sobre la mesa de la Comisión Europea y el Gobierno español un informe sobre los riesgos de los denominados "proyectos estratégicos europeos" con los que se pretende acelerar la tramitación de nuevos proyectos mineros. En el documento, publicado junto con otras entidades europeas (Amigos de la Tierra Europa, Oficina Ambiental Europea, MiningWatch Portugal y Observatorio Ibérico de la Minería), las organizaciones alertan de que la implementación de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, "de forma opaca" y sin tener en cuenta a las poblaciones potencialmente afectadas, aumenta la probabilidad de accidentes y "agravará los impactos ambientales y sociales" vinculados a la actividad extractiva.
Si bien la Comisión Europea anunció el pasado mes de agosto que se habían presentado un total de 170 proyectos, tanto la Comisión como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que debe dar su visto bueno a los proyectos en España, han impedido a las entidades sociales y plataformas locales -según explican los ecologistas- conocer la lista de proyectos candidatos, negando además el derecho a la participación pública en este proceso, afirman. Dado que estas solicitudes contienen información ambiental relevante, la actitud de las Administraciones públicas supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental, del que España es parte.
Oposición ecologista a los proyectos de litio en Galicia y Cáceres
Los ecologistas señalan que a pesar de desconocer qué proyectos optan en la actualidad a la designación de estratégicos, algunas candidaturas en España sí se han hecho públicas. Entre ellas, la del proyecto de mina de litio de Doade, en Galicia, que ha sido objeto de uno de los casos de estudio en profundidad presentados en Bruselas ante el Consejo Europeo de Materias Primas Fundamentales, antes de su deliberación sobre los distintos candidatos.
Para Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción el proyecto es un ejemplo de "malas prácticas" al haberse tramitado en su día prescindiendo de la evaluación de impacto ambiental, y haciendo uso de estrategias de "ingeniería social" para dividir y enfrentar -a su parecer- a las comunidades locales afectadas. Otro proyecto que también ha optado a la condición de "estratégico" es la mina de litio de Cáceres, situada a apenas un kilómetro del casco urbano de la ciudad.
Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción: "Promover un boom minero en pro de la transición ecológica parece una contradicción en sí misma, sobre todo cuando toneladas de estos minerales críticos se desperdician en los móviles, portátiles y otras tecnologías que acaban en vertederos o incineradoras porque no hay un esfuerzo real por reutilizar ni reciclar las tecnologías en uso".
Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigas de la Tierra: "La opacidad del Gobierno es más preocupante en tanto que las pocas candidaturas que se han conocido, en los casos en que las propias empresas lo han hecho público, son proyectos que están causando fuerte oposición social debido a sus impactos. La Comisión publicará la lista de seleccionados en primavera de 2025 y los proyectos que consigan el estatus de estratégico obtendrán un tratamiento prioritario, beneficiándose de una tramitación acelerada de permisos y otras ventajas administrativas y económicas".
Una legislación ambiental "obsoleta e insuficiente"
Para Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción los estudios de caso que se han publicado, junto a otros que se están elaborando, ilustran los problemas estructurales que tiene la minería a nivel global. Los gobiernos de la UE y España aseguran que la minería en Europa está sujeta a los estándares ambientales y sociales más estrictos. Sin embargo, los ecologistas sostienen que esta afirmación "carece de fundamento" y entra en contradicción con las decenas de conflictos asociados a proyectos mineros en el Estado español que ha documentado el Observatorio Ibérico de la Minería, del que son parte.
Por lo tanto, para los ecologistas, la legislación de minas en España, al igual que otras en Europa, está obsoleta. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha comprometido a actualizar la Ley de Minas aprobada n 1973. Esta legislación permite prácticas que están prohibidas en otras partes del mundo. Por ejemplo: China prohíbe construir balsas de residuos mineros a menos de un kilómetro de núcleos poblacionales. Mientras, el proyecto para la reapertura de la mina de Touro (en Galicia) comprende una presa de 81 metros de altitud apenas 200 metros aguas arriba de la población de Arinteiro. Otro ejemplo: el método aguas arriba está prohibido en países como Brasil, Chile y Ecuador debido a su peligrosidad, pero en España el 99 % de las balsas de residuos mineros siguen esta técnica.
Aunque no cabe duda que los colectivos ecologistas se preocupan por el impacto de la minería en el medio ambiente, no deja de ser llavamativo que pongan como ejemplo de "buenas prácticas" a algunos de los países más extractivistas y con un dudoso historial de minería sostenible. El debate sobre la externalización del coste ambiental del modo de vida verde en Occidente seguirá vigente mientras Europa no asuma sus responsabilidades minerales. De momento se antoja complicado, porque, claro, hurgar en la corteza terrestre europea será más caro que traer el mineral de una remota mina china o congoleña. ¿Y por qué será más caro? Porque en Europa tendremos que hacerlo mejor que ellos.
Artículos relacionados
La Eurocámara aprueba la ley de materias primas críticas con fuertes críticas ecologistas
