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El Gobierno lanza una consulta pública para modificar los límites a la inversión en redes eléctricas

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El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas. El objeto de la consulta -informa el Ministerio- es la revisión del marco normativo que regula la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, "para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad". La reforma normativa pretende propiciar un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, "maximizando el uso de la infraestructura existente, preservando las señales de electrificación y competitividad económica, y minimizando los costes de los peajes para los consumidores".
El Gobierno lanza una consulta pública para modificar los límites a la inversión en redes eléctricas

Red Eléctrica, en el caso de la red de transporte de electricidad, y Endesa, Iberdrola y Naturgy, en el de la red de distribución, son las empresas encargadas de desarrollar y mantener las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que las inversiones corren a cargo de los consumidores, que las costean, vía recibo de la luz, a través de los denominados peajes, que constituyen uno de los costes regulados de la factura (regulado en tanto en cuanto es el gobierno el que valora ese coste y le pone un precio). Ese límite máximo de inversión es del 0,065% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.

Según señala el gabinete dirigido por Teresa Ribera en el documento que lanza la consulta pública , con la eventual modificación de esta norma se persigue "actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética". [Bajo estas líneas, lo que le ha costado a los usuarios y usuarias de la red -la ciudadanía- el transporte y la distribución, coste que ingresan el transportista -REE- y las distribuidoras, que abajo identificamos].

En particular, el objetivo es adaptar la regulación "a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica".

Asimismo, la reforma normativa perseguirá un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, "priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores".

Además, se quiere recabar del sector posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias referentes a la idoneidad en este contexto de aceleración de la transición energética de elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte a la vez que se preservan las señales de electrificación, de competitividad económica y la contención de los peajes.

Así, se busca también la opinión sobre la elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas. Igualmente, sobre la modificación de los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética.

También se plantea la opinión respecto al establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa.

El objeto de esta consulta es la revisión del marco normativo que regula la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad. La reforma normativa desarrollará eficientemente la red de transporte y distribución, maximizando el uso de la infraestructura existente, preservando las señales de electrificación y competitividad económica, y minimizando los costes de los peajes para los consumidores.

El Ministerio informa
El proceso de consulta previa eleva el planteamiento de posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias enfocadas en:

1. elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte.

2. elevar el volumen de inversión máximo como porcentaje del producto interior bruto.

3. modificar los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión.

4. establecer un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente.

[Bajo estas líneas, mapa que recoge cómo está repartido el territorio nacional entre las principales compañías distribuidoras de electricidad].

Estas son las principales distribuidoras de electricidad en España
e-distribución (filial de Endesa) suministra electricidad en 24 provincias españolas de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Galicia) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con una extensión total de 195.488 kilómetros cuadrados, abasteciendo así a una población superior a los 21 millones de habitantes. e-distribución distribuye energía eléctrica a lo largo de más de 316.176 kilómetros de red y 12,6 millones de clientes. Suministra anualmente más de 136.00 gigavatios hora, lo que representa en torno al 44% de la demanda total de España.

i-DE es filial de Iberdrola. Tiene más de 11 millones de clientes. Está presente en 25 provincias en 10 comunidades autónomas. i-DE cuenta con más de 98.000 centros de transformación en servicio, más de 1.100 subestaciones y con casi 270.000 kilómetros de líneas, en una superficie que abarca 200.339 kilómetros cuadrados. En 2022 i-DE distribuyó 89.622 GWh de energía eléctrica.

UFD es la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy. Es el tercer operador de distribución de electricidad en España y está presente en Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad, en Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Presta servicio a 3,8 millones de puntos de suministro, a través de una red de 114.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

E-Redes es la distribuidora de electricidad del Grupo EDP. Tiene una red que mide más de 20.000 kilómetros (red aérea: 15.621 kilómetros; red subterránea: 5.175 kilómetros) y 149 subestaciones (99 de alta tensión y 50 de alta/media tensión). Siete provincias: Alicante, Valencia; Zaragoza, Huesca; Madrid, Barcelona; Asturias. 674.103 clientes (datos 2021). Su mercado tradicional está asentado en Asturias, y en él juega un papel muy importante el sector industrial de la zona central, que supone más del 60% de la energía total distribuida.

Viesgo Distribución Eléctrica se encarga de la distribución de electricidad a más de 533.000 clientes (4.594 gigavatios hora distribuidos en 2022) y cuenta con una infraestructura de distribución de 31.547 kilómetros de red en las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y norte de Castilla y León. 23.933 kilómetros de líneas aéreas. 7.778 kilómetros de líneas enterradas. 14,086 TWh de energía distribuida entre las dos (Viesgo y E-Redes). Datos 2021.

Sobre los operadores dominantes y los operadores principales, según informe de la CNMC.

Consulta pública previa sobre la modificación del límite de inversiones en redes

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Pepe
Uno se pregunta qué pasa en España para que en plena crisis climática sin precedentes, con una inestabilidad de los precios energéticos como nunca, todavía nos estemos poniendo obstáculos a nosotros mismos con una norma que no responde a las necesidades del país. Ya va siendo hora de renacionalizar la distribución o desde luego ponerse en serio a tratar los problemas.
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