Los estados de China, Argelia, Catar e Italia son propietarios de las redes de distribución de electricidad de España

Cuatro compañías se repartirán este año casi 5.000 millones de euros por la distribución de electricidad en España. Son e-distribución (grupo Endesa), i-DE (grupo Iberdrola), UFD (grupo Naturgy) y EDP (a través de sus distribuidoras E-Redes y Viesgo Distribución). "Como consumidor -explica la distribuidora de Endesa- eres libre de elegir tu empresa comercializadora y puedes cambiar de una a otra en cualquier momento sin que tu suministro corra ningún peligro. La Distribuidora, en cambio -continúa-, sólo puede ser una y dependerá de la zona en la que te encuentres". Es decir, que los usuarios y usuarias de la electricidad en este país son libres de elegir comercializadora pero son rehenes de las propietarias de las redes, las distribuidoras. Otro apunte: "el importe que cobra la distribuidora por mantener la red eléctrica y por hacer llegar la energía hasta tu casa -continúa Endesa- se llama peaje de acceso, lo fija el Gobierno y está incluido en la factura final que pagamos por la electricidad".

Y eso es lo que, un año más, ha sucedido: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la Resolución por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2023. O sea, que ha determinado cuánto se le va a pagar el año que viene a las distribuidoras que operan en territorio nacional. Y el montante aprobado asciende a 5.388 millones de euros. De ese total, casi cinco mil millones de euros (en concreto 4.983) se los van a repartir las distribuidoras que sirven a más de 100.000 clientes. Y esas son en realidad solo cuatro empresas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Porque en España hay casi 350 distribuidoras, pero el oligopolio manda (las cuatro grandes se comen más de un 90% del pastel), y entre solo cuatro se embolsan casi 5.000 millones de euros (los restantes 400 millones se los repartirán las demás distribuidoras, las de menos de 100.000 clientes).

Y, ahora, ¿quién es quién?
Endesa es propiedad del grupo Enel, cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia; el principal accionista de Iberdrola es el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority); el principal accionista de EDP es la empresa estatal China Three Gorges; y accionista de referencia en Naturgy es el estado argelino, a través de la empresa estatal Sonatrach. El fondo estadounidense Black Rock es el segundo mayor accionista de Iberdrola y el segundo mayor accionista de EDP. Y el banco público noruego Norges Bank es también accionista de referencia en Iberdrola, por lo que también cabría señalarlo como "dueño" de la cuota de red eléctrica española correspondiente.

¿Alternativa al oligopolio?
La Fundación Renovables publicó en abril de 2021 un informe (del que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión) en el que propone "un dominio público en las redes eléctricas para comenzar a democratizar la energía". Según la FR, (1) "es preciso recuperar la caracterización de utilidad pública de la electricidad al ser un bien de primera necesidad para la sociedad, permitiendo empoderar a la ciudadanía"; y (2) es preciso así mismo la presencia del Estado en la propiedad pública de las redes de distribución y la asunción de las funciones del Operador del Sistema". Se entiende que la Fundación se refiere a la presencia del Estado español en la propiedad pública de las redes de distribución de España (y no tanto a la de los estados noruego, chino o argelino). Ello resultaría "fundamental" -señala la FR- por ejemplo para integrar con agilidad el autoconsumo y la generación distribuida. ¿Objetivo último? "Aprovechar la oportunidad de aumentar la independencia energética de la ciudadanía y aumentar su inclusión como eje vertebrador y activo del sistema eléctrico del futuro".

En ese informe (titulado Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico), la Fundación propone aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation UE "para llevar a cabo dichos objetivos". Eso sí, aunque la propuesta no bebiera (económicamente) de esas fuentes (de esos fondos), la Fundación Renovables considera que el planteamiento que hace en su informe se podría materializar de la mano de otras vías de financiación, "considerando los numerosos beneficios de aplicarla y los riesgos del modelo continuista actual". Y es que, según la Fundación, a una infraestructura pública no se le exige la misma rentabilidad que a una infraestructura privada, por lo que el coste regulado (este año, casi 5.400 millones de euros) habría de ser necesariamente siempre menor.

Exposición de motivos, o causas que justifican la propuesta de la FR
Uno. Endesa, Iberdrola, Naturgy... entorpecen, en vez de agilizar. A saber: según la Fundación, los propietarios de las redes "son, en muchos casos, más una barrera a la inclusión de agentes distribuidos y diversificados que un medio facilitador". La FR denuncia en ese sentido los "inconvenientes que tienen un gran número de consumidores e, incluso, los nuevos actores, ante esa posición de poder dominante sobre los activos de redes", todo lo cual resultaría incongruente con la transición energética que el Gobierno está presuntamente impulsando a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático, primera de su género en la historia de España. Y dos. Otro de los motivos sería el coste, o sea, lo que a la ciudadanía le cuesta la distribución: más de 35.000 millones de euros en los últimos 7 años.

Democratizar la energía como proyecto de país. Fundación Renovables
«Es fundamental que tengamos una política energética que apueste por la inclusión de la ciudadanía, por la electrificación de la demanda de energía de manera progresiva y sostenible, permitiendo garantizar el acceso universal a la energía, un coste de la electricidad más reducido y transparente, una fiscalidad activa y verde, la integración de las renovables en el territorio con criterios de inclusión y que la energía no esté conceptualizada como un negocio y sí como un servicio público, al ser un recurso básico»

«La transparencia y la consideración de la electricidad como servicio público democratiza la energía al permitir a la ciudadanía, como reconoce la Directiva de Renovables, comprar, vender, gestionar, generar y almacenar energía eléctrica, como un derecho inalienable para la sociedad. Para conseguirlo cuanto antes, una de las claves está en aprovechar la modernización y digitalización de la red eléctrica, ante la previsión de una mayor inclusión de fuentes de generación renovables, descentralizadas y distribuidas a lo largo de todo el territorio»

En ese marco discursivo, la Fundación Renovables propone "que el Estado adquiera el papel de inversor, gracias a los Fondos Next Generation EU, con el fin de modernizar nuestras infraestructuras eléctricas y empoderar a la ciudadanía" y, para ello, recoge en su informe las siguientes líneas de actuación:

1. Separar las funciones del Operador del Sistema de la de transportista, recobrando su carácter de servicio público. El Operador del Sistema, como ente público, debería incluir la propiedad de los elementos y las infraestructuras que sean necesarias para la gestionabilidad óptima del sistema. Actualmente el operador del sistema (y transportista único) en España es Red Eléctrica de España. Sus retribuciones también las fija el Gobierno, como hace con las distribuidoras, anualmente.

2. Recuperar la propiedad pública de los activos y de las funciones de la distribución, sobre todo la ligada a los municipios. Entre sus muchos beneficios, esta actuación implicaría evitar los efectos de la concentración de la propiedad de la red, romper la integración vertical del sistema eléctrico y favorecer el autoconsumo y la gestión de la demanda, democratizando la gestión del sistema eléctrico al incluir a la ciudadanía.

3. El perímetro de actuación debería definirse de forma progresiva, es decir, comenzando con las redes de distribución de cercanía, aquellas que son urbanas y municipales y modificando los criterios retributivos del transporte y de las redes de distribución.

4. La garantía de que la modernización y la digitalización de las redes sea un objetivo de servicio público y que el Estado tenga voluntad para llevarla a cabo.

5. Una apertura a diferentes modelos de coparticipación público privada. Se trata de infraestructuras vertebradoras de una realidad local y es importante que las Comunidades Autónomas participen en esta estructura empresarial.

En definitiva, la propuesta de la Fundación Renovables es la de "recuperar la titularidad pública, tanto del Operador del Sistema como de la propiedad, de forma paulatina, de las redes de distribución con el compromiso de modernización y digitalización de estas como base para la activación del consumidor y con el objetivo de conseguir democratizar y diversificar la oferta en autoconsumo, vehículo eléctrico, almacenamiento energético, generación distribuida y comunidades energéticas". Ello supondría -concluyen desde la Fundación- comenzar a poner la energía en manos de toda la ciudadanía.

También Greenpeace
Una propuesta similar formula Greenpeace en su informe Los ciudadanos cuentan. Hacia la electrificación sostenible universal. En él, la oenegé ecologista plantea que la gestión de las redes de distribución, "y respetando el principio de red única", sea asignada periódicamente por concurso y sobre unas bases que no discriminen a ningún postor, sea una empresa municipal, sea una comunidad energética local, sea una cooperativa eléctrica.

Además, Greenpeace propone "regular" la obligación de los operadores de las redes de distribución (con índices objetivos tal y como se hace con la calidad de suministro) "para que actúen en favor del interés general fomentando el acceso en paridad de condiciones a las redes para el desarrollo del autoconsumo, de energías renovables distribuidas, de comunidades energéticas locales, actuaciones de ahorro y eficiencia energética, electrificación inteligente y gestión de la demanda tanto de forma individual como colectiva".

Porque las sospechas (y denuncias) de que esto no está siendo así son innumerables
Hace solo unas semanas ER se hacía eco de "los escollos que encuentran los profesionales del sector -así lo contábamos- tanto en el segmento del autoconsumo (ingenierías y/o instaladores tienen que pasar por la ventanilla de la distribuidora para sacar adelante sus proyectos), como en los parques sobre suelo (que presentan una casuística distinta a la del autoconsumo, pero que también tienen que pasar por la ventanilla de Endesa, que es la compañía distribuidora en Cataluña)". El sector solar fotovoltaico catalán -contábamos a mediados de noviembre- ha celebrado hoy un encuentro en Badalona y Daniel Pérez, el delegado de la Unión Española Fotovoltaica en aquella comunidad, tuiteaba esta tarde un explícito: "Hi ha consens en que el gran problema per la solar a Catalunya a dia d’avui, tant per autoconsum com per terreny, és la companyia distribuïdora".

No es la primera vez que la distribuidora italiana es señalada por el sector. En otro de sus territorios (el archipiélago canario), el año pasado se pusieron de acuerdo un montón de actores del sector (no solo asociaciones de instaladores, sino también el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas y la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Canarias) para denunciar a Endesa, la propietaria de la red en las islas, por ralentizar “gravemente” sus operaciones: “Endesa –denunciaban todos esos actores del sector– incumple los plazos que establece la ley para dar respuesta técnica de solicitudes, puntos de enganche, etcétera”.

Las denuncias han sido tantas a lo largo de los últimos años que, en el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, para el fomento del autoconsumo, el Ejecutivo ha introducido varias cláusulas de protección a los usuarios frente a los abusos de las distribuidoras, habida cuenta -apunta explícitamente el legislador- de que "en la práctica, se ha constatado que pueden darse ciertas irregularidades en el cumplimiento de los plazos por parte de las empresas distribuidoras".

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre
«Con el fin de aumentar la protección de los consumidores y seguir avanzando en la implantación de instalaciones y en la penetración del autoconsumo en los distintos ámbitos -dice literalmente el RDL-, resulta necesario actualizar el actual régimen sancionador aplicable al autoconsumo creando tipos específicos para atajar los problemas existentes, entre los que cabe destacar el alargamiento artificial del proceso de tramitación y alta de las instalaciones de autoconsumo, así como la posible existencia de problemas en la gestión y comunicación de excedentes. Se trata de incorporar -continúa el legislador- tipos específicos relacionados con el autoconsumo completando de esta manera el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las empresas comercializadoras y distribuidoras»

El RDL introduce además una cautela más de protección a los autoconsumidores: "una nueva obligación de dichos gestores [las distribuidoras] consistente en disponer de canales de información abiertos para presentar quejas, atender consultas y obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo".

En juego está la transición energética toda. "Una gestión verdaderamente neutra de las redes de distribución -explican desde Greenpeace- es esencial para que la transición energética ocurra a la velocidad adecuada y de forma democrática".

"La distribuidora es la dueña de las redes que llevan la luz hasta la puerta de tu casa", dice Iberdrola en su página. Y los dueños de las distribuidoras son Sonatrach, China Three Gorges, Norges Bank, Qatar Investment Authority y el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Por no hablar de Black Rock.

e-distribución (filial de Endesa)
Suministra electricidad en 24 provincias españolas de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Galicia) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con una extensión total de 195.488 kilómetros cuadrados, abasteciendo así a una población superior a los 21 millones de habitantes. e-distribución distribuye energía eléctrica a lo largo de más de 315.381 kilómetros de red y a casi 12,4 millones de clientes. Por sus redes pasan anualmente 126.658 gigavatios hora, lo que representa más del 44% de la demanda total de España. 

i-DE es filial de Iberdrola
Tiene 11.218.365 clientes en 2021 (dato 2021). Está presente en 25 provincias en 10 comunidades autónomas. Energía distribuida en 2021: 90.963.347 gigavatios hora. i-DE cuenta con más de 97.000 centros de transformación en servicio, más de 1.100 subestaciones y con casi 270.000 kilómetros de líneas), en una superficie que abarca 200.339 kilómetros cuadrados.

UFD es la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy
Es el tercer operador de distribución de electricidad en España y está presente en Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad, en Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Presta servicio a 3,8 millones de puntos de suministro, a través de una red de 114.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

E-Redes es la distribuidora de electricidad del Grupo EDP
Tiene una red que mide más de 20.000 kilómetros (red aérea: 15.621 kilómetros; red subterránea: 5.175 kilómetros) y 149 subestaciones (99 de alta tensión y 50 de alta/media tensión). Siete provincias: Alicante, Valencia; Zaragoza, Huesca; Madrid, Barcelona; Asturias. 674.103 clientes (datos 2021). Su mercado tradicional está asentado en Asturias, y en él juega un papel muy importante el sector industrial de la zona central, que supone más del 60% de la energía total distribuida.

Viesgo Distribución Eléctrica se encarga de la distribución de electricidad a más de 702.375 clientes y cuenta con una infraestructura de distribución de 31.547 kilómetros de red en las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y norte de Castilla y León. 23.933 kilómetros de líneas aéreas. 7.778 kilómetros de líneas enterradas. 31.771 kilómetros en total de líneas. 14,086 TWh de energía distribuida entre las dos (Viesgo y E-Redes). Datos 2021.